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John F. Kennedy, cuando accedió a la Presidencia de Estados Unidos en 1961, se encontró un país que atravesaba momentos difíciles. Para poder salir de la recesión era necesario un liderazgo claro y un amplio apoyo de la ciudadanía al programa de reformas que se pretendía impulsar. Este espíritu quedó reflejado en el discurso de investidura, en el que pronunció unas palabras que con el tiempo se han convertido en célebres «no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por el país». La economía europea, como la estadounidense entonces, también atraviesa momentos difíciles. En este caso, sin embargo, parece imposible imaginarse algún líder europeo pronunciando unas palabras similares.

La propia naturaleza de la crisis ha hecho que hasta la fecha gran parte del debate se centrara en las mejoras que se tienen que hacer en el diseño institucional europeo, es decir, lo que Europa tiene que hacer por nosotros. La crisis financiera internacional puso en evidencia importantes problemas estructurales tanto a nivel nacional como, también, en los cimientos sobre los que se construyó la Unión Económica y Monetaria (UEM). Identificarlos no ha sido fácil, ya que el origen de la crisis fue distinto en cada país. El detonante de la crisis en Grecia, por ejemplo, fue el enorme deterioro de las cuentas públicas y su incapacidad para enderezarlas; en Irlanda, en cambio, fue el estallido de la burbuja inmobiliaria y su impacto en el sistema financiero; y, en Portugal, fueron los problemas estructurales de competitividad los que pusieron en duda la sostenibilidad de la economía lusa.

Tres crisis con un origen distinto, pero que han acabado afectando al conjunto de la eurozona y que sirven para ilustrar los tres ejes sobre los que se ha considerado que las instituciones europeas deben jugar un papel clave de ahora en adelante: un mayor control fiscal, los desequilibrios macroeconómicos y el sistema financiero. Identificar estos tres ejes de actuación no fue trivial, pero todavía ha sido más difícil dotarlos de contenido de manera consensuada y dibujar una hoja de ruta, esto es, definir un orden de prioridades y un tempo. Las reuniones del Ecofin y del Consejo Europeo, con escasa trascendencia mediática antes de la crisis, han llegado a ser clave para el futuro del euro en algunos momentos. Las distintas posturas que cada país defiende, que a veces han parecido irreconciliables, han centrado toda la atención, dejando en un segundo plano los importantes avances que ya se han hecho en cada uno de los tres ejes antes mencionados.

En materia fiscal se ha definido un calendario a nivel europeo para coordinar el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de cada país de forma que las instituciones europeas puedan participar en él. Asimismo, también se ha establecido un mecanismo para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos y financieros. Así, desde las instituciones europeas se pretende detectar de forma precoz potenciales desequilibrios, tanto macroeconómicos como fiscales, y hacer recomendaciones para que los distintos Gobiernos de cada país lo tengan en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos del año siguiente. Para los países que tengan un proceso de déficit excesivo abierto, sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Europea tendrán un carácter obligatorio, ya que de incumplirse se les puede llegar a imponer sanciones de hasta el 0,2% del PIB.

También a nivel de lo que ya se denomina el proceso de unión bancaria se han dado pasos importantes. El más relevante: el Banco Central Europeo (BCE) pasará a ser el responsable último de la supervisión de toda la banca europea. En principio, solo supervisará directamente aquellas entidades con unos activos superiores a 30.000 millones de euros, pero, si lo cree necesario, también puede hacerlo para aquellas de menor tamaño.

Los avances, por lo tanto, ya han sido notables, pero todavía queda mucho camino por recorrer. De momento, solo en el ámbito de la unión bancaria parece que la hoja de ruta trazada avanza a buen ritmo. En la cumbre del Consejo Europeo celebrada en diciembre de 2012 se acordó que el BCE empezaría a ejercer sus funciones de supervisión a partir de marzo de 2014. Además, se pactó que en la cumbre de junio de este año se definirían el marco operacional para la recapitalización directa a la banca así como los mecanismos de resolución bancaria y el fondo de garantía de depósitos. Ello servirá, entre otras cosas, para cortar de una vez por todas el nexo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, que hasta ahora ha venido alimentando la crisis de deuda soberana.

En los otros dos frentes, en cambio, los avances que se produjeron en la última cumbre fueron prácticamente nulos. Ello fue enormemente decepcionante, ya que unas semanas antes se había publicado un documento firmado por los cuatro presidentes de las máximas instituciones europeas en el que se detallaba una ambiciosa hoja de ruta tanto en materia fiscal como en el papel que debían jugar las instituciones europeas en la prevención y amortiguación de desequilibrios macroeconómicos.(1) Entre las distintas propuestas que se hacían, destaca el desarrollo de la capacidad presupuestaria de la Unión Europea para facilitar los ajustes de países que hayan sufrido un impacto adverso en su economía. Esta capacidad presupuestaria, además, se argumentaba que también podría ser utilizada para facilitar la implementación de reformas estructurales que mejoren la competitividad y el crecimiento potencial de un país. Finalmente, el documento volvía a abrir la puerta a nuevas fórmulas para la creación de activos de deuda pública a nivel europeo.

Una vez más, las propuestas más ambiciosas se quedaron sobre la mesa. Es cierto que se han producido avances significativos, pero para seguir con el proceso de integración europeo será necesario un cambio de actitud. Las reformas que se tendrán que hacer a partir de ahora implicarán importantes cesiones de soberanía. Unos pasos que deben ir acompañados de una mayor legitimidad democrática de las instituciones europeas. Ha llegado la hora de que los líderes europeos empiecen a pensar en qué es lo que sus países pueden hacer por Europa.

(1) Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, José M. Barroso, presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, y Mario Draghi, presidente del BCE.

Este recuadro ha sido elaborado por Oriol Aspachs

Departamento de Economía Europea, Área de Estudios y Análisis Económico, "la Caixa"

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