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En un entorno de estabilidad macroeconómica, México ha emprendido un programa de reformas estructurales que se perfila clave para impulsar el crecimiento potencial del país. La mayoría de analistas consideran que dicho potencial podría pasar del 3,5% actual al 5%-6% si la batería de reformas se implementa por completo.

El consenso político necesario para materializar ese ambicioso programa se formalizó a finales de 2012 con la firma del «Pacto por México» por parte del PRI, el PAN y el PRD (los tres partidos políticos que constituyen el 86% de la cámara de los diputados). Las principales líneas de reformas incluidas en el Pacto son: la laboral, la educativa, la del sector de las telecomunicaciones, la financiera, la energética y la fiscal. Las tres primeras ya han sido aprobadas por el Congreso, la financiera está en marcha y se espera que las propuestas sobre la fiscal y la energética se presenten durante la segunda mitad de este mismo año (véase tabla resumen de las reformas).

La reforma laboral, la primera en aprobarse y ya en fase de implementación, rompió con 40 años de inmovilismo en las estructuras laborales, introduciendo medidas que refuerzan el vínculo entre productividad y salario y nuevas formas de contratación que permiten relaciones de más corto plazo y reducen el coste de despido. Todo ello, con el objetivo de dotar el mercado de trabajo de mayor flexibilidad.

En lo relativo a la reforma educativa, la principal modificación consiste en el establecimiento de un sistema meritocrático en los puestos de maestro, eliminando la práctica habitual de heredar o incluso vender dichos puestos. Sin duda, un mejor sistema de incentivos es esencial para impulsar la calidad educativa y, en última instancia, el crecimiento económico a largo plazo. Por su parte, la reforma del sector de las telecomunicaciones pretende fomentar la competencia con la finalidad principal de reducir unos precios que se estiman demasiado elevados. Entre otras actuaciones, incluye la liberalización de la inversión extranjera en el sector.

Dinamizar y abaratar el crédito, en especial de las pymes, es el objetivo central de la propuesta de reforma del sector financiero presentada a principios de mayo. En México, el crédito bancario al sector privado no alcanza el 50% de los activos del sector frente a cifras en torno al 95% en países como Chile o Perú. Incrementar la competencia, fomentar el crédito de la banca de desarrollo (entidades estatales) y mejorar el régimen de garantías son algunas de las vías de actuación que plantea la reforma.

Finalmente, en esta segunda mitad de 2013 se espera que se presenten las complejas propuestas fiscal y energética, ambas estrechamente relacionadas por la fuerte dependencia de los ingresos públicos provenientes del petróleo (un tercio). El grueso de los analistas atribuye a estas dos reformas junto a la laboral la mayor parte (dos terceras partes) del empuje que se estima puede recibir el crecimiento potencial.

Para resultar eficaces, las dos reformas pendientes deberían abordar tres cuestiones clave: (1) permitir la inversión privada a través de contratos con Pemex (empresa estatal energética) para así facilitar la explotación de yacimientos como los de aguas profundas, con importantes reservas de petróleo; (2) reorganizar la estructura de Pemex para ganar eficiencia en sus procesos; y (3) disminuir la dependencia petrolera de los ingresos públicos, por ejemplo, eliminando deducciones en los impuestos sobre la renta.

En definitiva, México ha hecho suya la máxima de que para crecer hay que reformar. Y, de momento, no ha titubeado en su implementación.

 

 

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