Compartir: 

La economía española debe profundizar más en las reformas estructurales y se deben implementar sin dilación. Este es el mensaje principal que se desprende del informe emitido por la CE el pasado 29 de mayo en relación con el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad presentados por el Gobierno.

Las recomendaciones de la CE no son nuevas, en el sentido de que tratan de solventar deficiencias estructurales de la economía que han sido señaladas en múltiples ocasiones previamente. La novedad recae en la presión de implementarlas rápidamente: se establece un calendario estricto y se vigilará de cerca su cumplimiento. Cabe recordar que, bajo el protocolo del Semestre Europeo, la CE ha visto reforzada su capacidad de control sobre las políticas económicas nacionales, llegando incluso a poder imponer sanciones de hasta el 0,1% del PIB en caso de que sus recomendaciones no se tomen en cuenta.

Con una tasa de paro del 27%, que se eleva hasta el 57% para los jóvenes, no es de extrañar que se exija revisar de manera prioritaria la reforma del mercado laboral. Si bien la reforma de 2012 ha empezado a traducirse en una mayor flexibilidad interna de las empresas, una reducción de los costes de despido y una moderación salarial, Bruselas advierte que el mercado laboral sigue estando muy fragmentado y cuestiona los avances en otros ámbitos primordiales como son las políticas activas de empleo y las políticas de educación y formación. Las primeras están encaminadas a incentivar la reinserción laboral de los desempleados, por ejemplo promoviendo la colaboración público-privada en los servicios de colocación u ofreciendo un asesoramiento individualizado a los colectivos más afectados por el desempleo. Este es un ámbito en el que España, por el momento, muestra bastantes deficiencias. En materia de educación y formación, se deben tomar medidas para reducir el abandono escolar prematuro, fomentar la formación profesional y potenciar la formación permanente a lo largo de la vida laboral de los empleados.

Ante el retraso en la aplicación de medidas en estos ámbitos, la CE ha pedido al Gobierno español que realice una evaluación en profundidad de los efectos de la reforma de 2012 para el mes de julio a más tardar. Las deficiencias detectadas deberán abordarse introduciendo las modificaciones necesarias en septiembre. También el FMI, en su informe anual sobre la economía española, insta a ir más allá en la reforma laboral para generar empleo. Entre sus propuestas, destacan las medidas encaminadas a reducir la dualidad, esto es, las enormes diferencias entre los contratos permanentes y los temporales. Por ello, recomienda alinear los costes de despido de los contratos permanentes a la media de la UE y que se incrementen de forma más gradual con la antigüedad, reducir el número de contratos y ampliar el uso del contrato permanente, y reducir el margen de interpretación judicial de los despidos procedentes.

Un segundo bloque de recomendaciones hechas por la CE hace referencia a la aplicación de las reformas fiscales estructurales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. En este sentido, el Gobierno ha avanzado en varias iniciativas, como la reforma de la Administración local y en la detección de duplicidades entre las distintas administraciones, pero queda pendiente la creación de un consejo fiscal independiente, aplicar un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones (ambos en diciembre) y hacer una revisión sistemática de las principales partidas de gastos (en marzo del 2014) con el fin de mejorar la eficiencia del gasto público.

Entre las recomendaciones para incrementar la competitividad y fomentar el crecimiento, destaca la urgencia de abordar el déficit de tarifa eléctrica con una solución global antes de diciembre. Hasta la fecha, el Gobierno ha aprobado distintas medidas que han resultado insuficientes para equiparar la tarifa pagada al coste de generación y distribución: en 2012, el déficit fue de 5.000 millones de euros, lo que supera ampliamente el objetivo fijado de 1.500 millones. Concretamente, la CE recomienda un ajuste gradual de las tarifas eléctricas, una reevaluación de las subvenciones que desincentivan la eficiencia energética e intensificar los esfuerzos para completar la conexión de gas y electricidad con Francia.

En definitiva, una larga lista de recomendaciones imprescindibles para volver a una senda de crecimiento sostenible y equilibrado. Tal y como propugna la CE, la prórroga para corregir el déficit excesivo debería utilizarse para acelerar su ritmo de implementación.

 

Compartir: