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Políticas activas de empleo: evaluación por resultados

El pasado 15 de diciembre, el Gobierno aprobó la Estrategia Española de Activación para el Empleo (EEAE) 2017-2020. A pesar del sólido crecimiento del empleo en los últimos cuatro años, la EEAE pone de relieve los importantes retos pendientes, como la elevada tasa de paro de larga duración, del 50,4% respecto del desempleo total y que afecta sobre todo a los trabajadores de más edad, y el desempleo juvenil, todavía situado en el 37,5%. También se menciona la necesidad de potenciar la participación en el mercado laboral dadas las condiciones demográficas adversas, así como la empleabilidad de los jóvenes con un menor nivel educativo (los llamados ninis representaron aproximadamente el 17,7% de la población entre 16 y 29 años en 2017). Bajo estos desafíos se articulan los objetivos estratégicos, entre los que se incluye aumentar la empleabilidad de los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, los desempleados de larga duración y los mayores de 55 años, con el fin de potenciar el empleo como principal instrumento de inclusión social.

La EEAE da continuidad a la estrategia que fue aprobada para el periodo 2014-2016, que introdujo, como aspecto más destacado, la modificación de los criterios de distribución de los fondos destinados a la gestión de las políticas activas de empleo entre las diferentes comunidades autónomas (CC. AA.). Mientras que, hasta 2012, estos se repartían en función de las condiciones sociolaborales de cada región, desde 2013 el cumplimiento de los objetivos se ha tenido en cuenta para el reparto. El pasado año, de hecho, los fondos pasaron a estar totalmente distribuidos en función del cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE).1 El PAPE 2017 establece un total de 44 indicadores bajo los que se mide el cumplimiento de los objetivos (véase la tabla adjunta).2 Por ejemplo, para medir el cumplimiento con el objetivo de la «orientación», se usan nueve indicadores que intentan evaluar la prestación de servicios de información y orientación profesional para el empleo y el emprendimiento, midiendo, entre otros, el grado de cobertura en los servicios de información, orientación y confección de itinerarios individualizados, así como el nivel de inserción de los demandantes.

Este sistema, orientado a los resultados, aporta transparencia y objetividad en la distribución de los fondos destinados a la gestión de las políticas activas de empleo entre las CC. AA. Además, también promueve un uso más eficiente de los recursos de las oficinas de empleo. Sin em­­bar­­go, es importante vigilar los efectos perversos que po­­drían conllevar este tipo de evaluaciones. Por ejemplo, aquellas regiones con peor posición de partida pueden tener mayores dificultades para el cumplimiento de los objetivos, y reducirles la financiación agravaría la situación. Asimismo, el diseño de los indicadores es delicado, dado que también se deben intentar medir elementos in­­tangibles como la calidad del servicio, además de elementos como la cantidad o la proporción de demandantes que se benefician de los servicios prestados. Finalmente, también hay que señalar la importancia de cerciorarse de que los indicadores midan efectivamente el grado de cumplimiento de los objetivos finales. En este sentido, puede ser útil realizar programas que evalúen periódicamente la eficacia de las políticas activas de empleo ex post y, en caso necesario, reajustar los parámetros e indicadores del sistema de evaluación.

1. El PAPE es el instrumento para la programación y coordinación de las políticas de activación para el empleo entre las CC. AA. y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), y se configura como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas.

2. El PAPE 2018 fue presentado en Conferencia Sectorial a las CC. AA. el pasado 21 de diciembre y actualmente se encuentra bajo revisión por el Consejo de Ministros. De hecho, la nueva EEAE anuncia el compromiso de aprobar el PAPE antes del comienzo de cada año.

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