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Casi tres meses después de celebrarse las elecciones, el populismo ha llegado al Gobierno de Italia con la coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga Norte (LN). El M5S, un partido populista de izquierdas, cosechó una amplísima victoria en el sur del país; la LN, un partido populista de derechas, ganó en las regiones más ricas del norte. Se trata de dos partidos que tienen poco en común más allá de ser, cada uno a su manera, antisistema.

Su victoria responde, seguramente, a la frustración generada por los resultados producidos por el «sistema». Y, la verdad, es que han sido bastante desastrosos: el PIB por habitante en Italia está en 2018 en el mismo nivel que en 1999 y la deuda pública supera el 130% del PIB a pesar de que durante 20 años (a excepción solo de 2009) se han registrado superávits fiscales primarios (que excluyen los pagos por intereses). Ningún otro país europeo ha tenido una trayectoria de superávits comparable.

Desde hace mucho tiempo, Italia ha entrado en una espiral de bajo crecimiento económico y alta deuda pública de la que no ha conseguido escapar. Italia ya ingresó en la eurozona con un nivel de deuda superior al 110% del PIB. Desde entonces, un crecimiento económico promedio de apenas un 0,5% anual en términos reales ha sido insuficiente para reducir la losa de la deuda. El problema fundamental de la economía es su incapacidad para crecer y la causa principal de ello, la ausencia de reformas. Italia es una economía que rema contra la burocracia, la lentitud de su sistema judicial, la mala calidad del sistema educativo y las rigideces del mercado de trabajo.

Algunos pensaban que su ingreso en la eurozona ayudaría a promover las reformas necesarias para mejorar la productividad, pero no ha sido así. Además, el euro ha imposibilitado recurrir a las devaluaciones de la moneda que habían ayudado a compensar las pérdidas de competitividad del país. Los resultados ilustran claramente que la incapacidad de llevar a cabo reformas tiene un coste más alto dentro de la moneda única.

¿Y ahora qué? El nuevo Gobierno ha prometido luchar contra la corrupción, pero, dejando aparte esta medida, no llega con una agenda de reformas estructurales para promover el crecimiento económico. Al contrario, sus prioridades incluyen una serie de medidas, como la introducción de una renta mínima garantizada o la reducción del impuesto sobre la renta, con un coste fiscal que puede poner en serias dudas la sostenibilidad de la deuda pública italiana. A ello se suma la incertidumbre sobre el grado de compromiso del Gobierno con el proyecto europeo y la moneda única.

Evitar una pérdida de confianza de los inversores, que volvería a disparar la prima de riesgo y podría cerrar los mercados de financiación para el soberano italiano, requerirá que la coalición no intente aplicar un programa de máximos y que, por el contrario, matice sus promesas. Ello puede suceder de entrada o ante una eventual subida de la prima de riesgo. En cualquier caso, sería arriesgado que el Gobierno decidiera explorar los límites hasta los que puede llegar.

Hay varias razones para pensar que el Gobierno evitará implementar políticas que puedan desencadenar una crisis de deuda. En primer lugar, por propia supervivencia, dado el daño que provocaría en la economía italiana y en los tenedores de deuda, en su mayoría italianos. Segundo, porque cuenta con una mayoría muy ajustada en el Senado, que puede ser insuficiente para aprobar según qué. Tercero, porque el presidente de la República puede vetar un presupuesto que incumpla de forma flagrante el mandato constitucional de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Y cuarto, y más importante, porque la mayoría de los italianos desean permanecer en la eurozona.

Enric Fernández

Economista jefe

31 de mayo de 2018

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