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Informe Mensual - EditorialEnric Fernández

El cambio climático representa un enorme desafío. No frenarlo supondría unos costes, económicos y sociales, inasumibles a largo plazo. Se trata, además, de un problema de naturaleza global que requiere de una acción coordinada a nivel planetario sin precedentes. En función de cómo se afronte, puede ser un freno para el crecimiento o un revulsivo, un catalizador del multilateralismo o una fuente de conflictos entre países.

Al menos, contamos ya con un primer paso importantísimo: un diagnóstico compartido a nivel global. Puede haber más o menos incertidumbre en torno a la velocidad y la magnitud del cambio climático, pero ya pocos niegan la existencia de este y la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) producidos por la actividad humana como su causa principal. Para ello ha sido clave el trabajo técnico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. De acuerdo con sus conclusiones, la comunidad internacional se ha comprometido a evitar un aumento de la temperatura media global de más de 2 ºC en relación con los niveles preindustriales, lo que exige reducir las emisiones globales de GEI alrededor de un 30% en 2030 desde los niveles actuales.

Con este compromiso, cada país debe definir ahora sus planes de acción. Dado que más del 60% de las emisiones de GEI son de dióxido de carbono derivado de la utilización de combustibles fósiles, no cabe duda de que en el centro de estos planes debe haber una estrategia de transición hacia un modelo energético más eficiente y menos contaminante. Pero tampoco podemos olvidar la importancia de las políticas en los sectores agrícola, ganadero o forestal para influir en las emisiones de GEI (los fertilizantes y las vacas también contribuyen significativamente a ellas; los bosques, las reducen mediante su captura).

Todos estos planes deben definirse sin dilación para ofrecer certidumbre y poder permitir un enfoque gradual. Cuanto más tardemos en concretarlos, más agresivos deberán ser porque nos veremos obligados a reducir más emisiones en menos tiempo. Ello, además de no ser eficiente, puede poner en riesgo la sostenibilidad política de dichos planes.

Como evidencia el caso de Francia y el movimiento de los chalecos amarillos, las medidas diseñadas para luchar contra el cambio climático pueden dar lugar a una fuerte contestación social que las pongan en jaque. Para intentar evitarlo, es deseable que los planes de cualquier Gobierno cuenten con un amplio consenso entre los principales partidos políticos. El apoyo social también puede reforzarse mediante procesos de consulta, implicando especialmente a aquellos colectivos que podrían verse más afectados, una comunicación clara de las políticas a seguir y de su lógica, y la introducción de ayudas a las familias, empresas y trabajadores más vulnerables.

Es importante también que los ingresos derivados del aumento de impuestos sobre el carbono –una medida insoslayable– se utilicen de forma transparente, productiva y equitativa. Parte de estos recursos deberían dedicarse a promover la inversión en tecnologías para luchar contra el cambio climático. El sector público puede jugar un papel importante en la investigación básica en ámbitos como la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, el desarrollo de baterías que permitan almacenar energía de fuentes renovables o el despliegue de redes eléctricas inteligentes. Con un buen impulso de la inversión pública, la UE puede aspirar al liderazgo tecnológico en este ámbito.

Unas reglas de juego claras también son necesarias para promover la inversión privada por parte de empresas y hogares, y la captación de financiación para llevarla a cabo. Muchas de las inversiones que deben favorecer la transición energética requieren de largos periodos de amortización. Por ello, la certidumbre y la garantía de estabilidad en la norma son imprescindibles. Como hemos visto en Europa recientemente, declarar el fin de una era (por ejemplo, la del coche diésel o incluso la del motor de combustión) sin sentar las bases de la siguiente solo genera confusión y paraliza inversiones.

Enric Fernández

Economista jefe

31 de octubre de 2019

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