• Evolución de la desigualdad en tiempo real y efectividad del estado del bienestar para amortiguar el impacto de la crisis

    España
    Desigualdad

    Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE), Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research), Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE).

    Oriol Aspachs
    Alberto Graziano
    Josep Mestres Domènech
    España
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    COVID-19
    Desigualdad
    Políticas económicas contra la COVID-19
    Crisis COVID-19: perspectivas económicas
  • Oriol Aspachs
    Ruben Durante
    Alberto Graziano
    Josep Mestres Domènech
    Jose G. Montalvo
    Marta Reynal-Querol
  • El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario

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    El pasado julio se cristalizó la respuesta económica europea a la crisis de la COVID-19: el Consejo Europeo aprobó el Plan de Recuperación Europeo, el llamado NGEU, a través del cual la Unión Europea otorgará hasta 750.000 millones de euros a sus Estados miembros para impulsar la recuperación de la economía tras el shock de la pandemia. Se trata de un acuerdo sin precedentes, que podría tener un impacto considerable sobre el sector inmobiliario europeo, ya que uno de los objetivos principales de la UE, al que este Plan de Recuperación pretende contribuir significativamente, consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Está claro que la renovación del parque de edificios europeo, donde se realiza un 40% del consumo energético del continente, será clave para lograr este objetivo climático.

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    El funcionamiento del Plan de Recuperación y el reto climático

    El elemento principal del NGEU, el Mecanismo de Recuperación, otorgará entre 2021 y 2026 hasta 312.500 millones de euros en transferencias y 360.000 millones en préstamos a los Estados miembros, según su tamaño y el impacto de la crisis de la COVID-19 que hayan sufrido. Según las previsiones actuales de la Comisión Europea, se estima que España e Italia podrían llegar a recibir unos 60.000 millones de euros (un 4,8% y 3,7% del PIB, respectivamente)1 del Fondo de Recuperación; Francia, unos 30.000 millones (1,3% del PIB); Portugal, 13.000 millones (6,2% del PIB), y Alemania, unos 20.000 millones (0,6% del PIB). Para acceder a estos fondos, los países de la UE deben elaborar Planes de Recuperación Nacionales y detallar tanto los proyectos de inversión que financiarán con los fondos como las reformas que los acompañarán. Estos proyectos y reformas deberán contribuir a cuatro objetivos generales: i) la promoción de la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, ii) el fortalecimiento de la resiliencia económica y social, iii) la mitigación del impacto social y económico de esta crisis, y iv) el apoyo a las transiciones ecológica y digital. Además, cada plan de recuperación y resiliencia deberá destinar un mínimo del 37% del gasto a cuestiones relacionadas con el clima.2

    • 1. Los 72.000 millones que España espera recibir de la UE incluyen 12.500 millones del fondo REACT-EU.
    • 2. Para más detalles, léase el artículo «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Plan de Recuperación europeo y nunca se atrevió a preguntar», disponible en https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/todo-lo-siempre-quiso-saber-sobre-plan-recuperacion-europeo-y?987
    El Fondo de Recuperación europeo NGEU tiene una dotación elevada

    y puede suponer un revulsivo importante para renovar el parque de edificios europeo, una condición sine qua non para alcanzar los objetivos de emisiones acordados.

    Renovación del parque de edificios europeo: un objetivo clave

    La Comisión Europea ha identificado la renovación del parque de edificios europeo como una de las prioridades para la transición ecológica. Más de 200 millones de edificios, que representan el 85% del parque europeo, fueron construidos antes de 2001 y la mayoría no son energéticamente eficientes. En el gráfico siguiente se puede ver que en muchos países, sobre todo en España, todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar la eficiencia energética media del parque de viviendas. La velocidad de renovación actual es demasiado lenta para cumplir con el objetivo de la reducción de las emisiones en un 55% en 2030. Según la Comisión, son necesarios unos 90.000 millones de euros por año en inversiones públicas y privadas europeas para lograr el ritmo de renovación deseado. 

    Proporción de viviendas por grado de eficiencia

    Porcentaje del parque nacional de viviendas por grado de eficiencia EPC (%)

    p 18

    Ante esta situación, la Comisión Europea recomienda que la renovación del parque de viviendas sea una de las prioridades de los planes de recuperación nacionales. Estas renovaciones podrían contribuir de manera simultánea a los dos objetivos europeos de transición ecológica y digitalización de la economía, por ejemplo, a través de edificios «inteligentes» que pueden ser más eficientes desde un punto de vista energético e incluso producir su propia energía. 

    p 19

    En consecuencia, Alemania, Francia y España ya han anunciado una serie de medidas de renovación que cuentan financiar con fondos europeos. En Alemania, el Gobierno ha comunicado que aumentaría la dotación de su programa de renovación energética de edificios de los 1.500 millones de euros iniciales a 2.500 millones, y también ha dado a conocer la creación de un nuevo programa, dotado de 2.000 millones de euros, para promover la adaptación climática de edificios municipales. En Francia, el Plan de Relance incluye 6.700 millones de euros entre 2021 y 2022 para renovar viviendas privadas, locales de pymes, edificios públicos y edificios de vivienda social.

    En el siguiente artículo, veremos cómo España utilizará los fondos europeos para financiar una ola de renovación del parque de edificios español.

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  • NGEU: una oportunidad para relanzar el sector inmobiliario español

    cataláninglés

    El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española puede ser un importante catalizador para el sector inmobiliario. Con la ayuda de los fondos europeos, el Gobierno prevé rehabilitar medio millón de viviendas entre 2021 y 2023, con la finalidad de mejorar su eficiencia energética y contribuir así a alcanzar los objetivos de descarbonización acordados. Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado contemplan un notable incremento de la dotación destinada a aumentar el parque de vivienda social en alquiler, una política muy necesaria ante el agravamiento de los problemas de asequibilidad de
    los alquileres para los grupos de población más vulnerables.

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    Next Generation EU: una oportunidad histórica para la economía española

    El Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU), representa una oportunidad única para modernizar la economía española y aumentar su crecimiento potencial. No en vano, España recibirá unos 72.000 millones de euros en transferencias no reembolsables entre 2021 y 2026, lo que equivale al 5,8% del PIB de 2019.1 Aunque el primer pago de la Comisión Europea no se espera hasta mediados de 2021,2 el Gobierno prevé anticipar fondos para acelerar las inversiones y espera ejecutar 26.634 millones de euros en 2021, según recoge el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una parte importante, tal como veremos, se destinará a apoyar la transición ecológica y digital del sector inmobiliario.

    • 1. Dicha cantidad puede llegar a 140.000 millones de euros si incluimos los préstamos. Para más detalles, léase «Next Generation EU: una oportunidad de oro para la economía española», disponible en https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/next-generation-eu-oportunidad-oro-economia-espanola?index
    • 2. Se espera que la UE desembolse el primer tramo de los fondos, de 6.400 millones de euros, en el 3T 2021.
    NGEU y PGE 2021: una importante dotación destinada a políticas de vivienda

    En materia de vivienda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado por el Gobierno español para canalizar los fondos europeos del NGEU3 se centra especialmente en el plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Esta política está bien alineada con los objetivos fijados por la Comisión, ya que la renovación del parque de edificios europeo es una de las prioridades clave.4 Así, el PRTR subraya la importancia de mejorar la habitabilidad e impulsar el sector de la construcción en clave sostenible (mejorando la eficiencia energética, impulsando infraestructuras verdes y desplegando techos solares) y digital (mediante aplicaciones inteligentes en edificios). En concreto, el PRTR contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023. Se trata de un objetivo ambicioso, muy positivo para el sector si se materializa y, como veremos a continuación, el impacto medioambiental puede ser muy significativo dada la situación actual del parque de viviendas.

    • 3. En octubre, el Gobierno presentó un esbozo del Plan con las líneas maestras. El Plan definitivo se debe remitir a la Comisión Europea antes del 30 de abril de 2021 y se espera que el Consejo Europeo lo apruebe en junio de 2021.
    • 4. Véase el artículo «El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario» en este mismo Informe Sectorial.
    Alrededor de un 6% de los fondos europeos NGEU

    se destinarán a la rehabilitación de viviendas con lo que se triplicará la inversión pública en este ámbito.

    Según el Ministerio de Política Territorial, se destinarán 4.500 millones de euros del NGEU (un 6,25% del total de transferencias) para la rehabilitación de viviendas en los próximos años. En 2021, según se recoge en los PGE, se canalizarán 1.651 millones de euros a cargo del NGEU para financiar políticas de vivienda y de fomento de la edificación. Si se materializa, esta cantidad por sí sola representaría más del triple de las partidas de vivienda incluidas en los PGE durante el promedio de los últimos cinco años, cuando oscilaban entre los 460 y los 510 millones de euros por ejercicio. Además, este montante representa un 73% del total presupuestado en los PGE 2021 en políticas de vivienda (2.253 millones de euros) y un 6,2% de los mencionados 26.634 millones de euros de fondos europeos NGEU que se esperan ejecutar en 2021. 

    Los PGE 2021 incluyen una dotación presupuestaria de 2.253 millones de euros en materia de vivienda,

    de los cuales 1.651 millones proceden de fondos europeos y se destinarán a rehabilitación de vivienda y, por otra parte, 569 millones se destinarán a políticas sociales de vivienda.

    p 22

    Los 1.651 millones de euros de fondos del NGEU en 2021 se utilizarán en tres programas: uno para la rehabilitación de entornos residenciales (viviendas y barrios), gestionado principalmente por las comunidades autónomas mediante convenios y por valor de 1.550 millones de euros; otro centrado en la rehabilitación digital y sostenible de edificios públicos, por valor de 81 millones, y un último dotado de una partida de 20 millones para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico. De este modo, aunque los fondos europeos no financiarán directamente programas de vivienda social, permitirán liberar fondos para aumentar la dotación en este ámbito en los PGE 2021: la dotación total presupuestada de 2.253 millones de euros para vivienda incluye 569 millones de euros para vivienda social, lo que supone un aumento del 20% respecto a los presupuestos anteriores. Esta dotación se destinará principalmente a ayudas al alquiler para familias vulnerables y al plan de 20.000 viviendas para alquiler social. 

    Por otra parte, los PGE contemplan 500 millones de euros en fondos NGEU destinados a economía circular, lo que debería permitir un mejor aprovechamiento de los recursos y aumentar la competitividad de diversos sectores estratégicos. Sin embargo, no han trascendido los detalles acerca de si una parte del presupuesto se dedicará específicamente al sector de la construcción.

    El parque de viviendas en España: envejecido e ineficiente energéticamente

    El plan de rehabilitación de la vivienda supone una oportunidad única para impulsar la descarbonización del sector inmobiliario, pero también para paliar algunas de las problemáticas actuales de la vivienda. En particular, al envejecimiento del parque (el 50% de las viviendas en España tiene 40 años o más), se suma una elevada variabilidad en cuanto a características y prestaciones, en términos de eficiencia energética, habitabilidad
    o accesibilidad. 

    España tiene un parque de viviendas envejecido

    y una gran parte se construyó prestando poca atención a la eficiencia energética.

    En algunos casos, estas diferencias son fruto de la normativa técnica vigente en el momento de la construcción. Por ejemplo, como muestra el siguiente gráfico, la mitad del parque residencial en España fue construido antes de que entrara en vigor la primera normativa básica de edificación, en 1980. Es decir, unos 12,8 millones de viviendas se construyeron siguiendo normas que regulaban la seguridad de las estructuras, pero que no contemplaban cuestiones relativas al aislamiento térmico o el consumo energético.5 Asimismo, un 44% adicional de viviendas (unos 11,4 millones) fueron construidas entre 1981 y 2007, antes de que entrara en vigor el Primer Código Técnico de Edificación, que establecía requisitos mínimos en materia de seguridad, habitabilidad y eficiencia energética.6 El resultado es que el parque residencial en España es en su gran mayoría ineficiente desde el punto de vista energético y requiere de una actualización profunda para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con los que se ha comprometido España. 

    • 5. A partir de 1960, se introdujeron varias ordenanzas provinciales que regulaban, aunque de forma tímida, el aislamiento térmico de las viviendas de protección oficial.
    • 6. No obstante, al estar construidas con posterioridad a la normativa básica de edificación CT-79, estas viviendas disponen de un cierto grado de aislamiento térmico (en fachadas y cubiertas), lo que garantiza un mínimo de confort térmico. Además, durante este periodo, cada vez era más habitual el uso de carpinterías de aluminio y la instalación de doble vidrio en puertas y ventanas, que también contribuye a mejorar el aislamiento térmico de la vivienda.

    Segmentación de la vivienda en España según año de construcción y normativa técnica

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:04

    Además, parte del parque residencial en España sufre de problemáticas diversas que afectan a su habitabilidad y calidad. Una de estas problemáticas es el tamaño reducido de algunas viviendas. Concretamente, el 13% de las viviendas en España tiene un tamaño inferior a los 60 m2, mientras que el 46% tiene una superficie entre 61 y 90 m2. Las rehabilitaciones orientadas a mejorar el aprovechamiento del espacio (como, por ejemplo, el cerramiento de terrazas) pueden ser de gran ayuda a la hora de aumentar la superficie útil de estas viviendas.

    Otro de los problemas que afecta a parte del parque es su mal estado de conservación. En particular, cerca de 1,8 millones de viviendas en España (el 7% del total) presenta un estado de conservación que puede ser considerado ruinoso, malo o deficiente.7 En términos relativos, España se sitúa ligeramente por detrás del promedio de la UE en este ámbito: el 15% de población en España vive en un inmueble que presenta problemas de conservación, comparado con el 13% en la UE.8 

    Las barreras arquitectónicas y la falta de accesibilidad, que afecta al 13,2% del parque residencial, son otras de las carencias importantes de la vivienda en España. Así, cerca de 3,4 millones de viviendas se encuentran en edificios de cuatro plantas o más y no disponen de ascensor. 

    • 7. Datos del último censo de la vivienda (2011).
    • 8. Datos de Eurostat.
    El consumo de energía en el sector residencial: no estamos tan mal

    En parte gracias a la climatología, la demanda energética del sector residencial en España es menor que la de la UE, tanto en términos absolutos9 como relativos.10 Por consiguiente, este menor consumo energético conlleva necesariamente un menor potencial de ahorro que en otros países europeos. Este es un aspecto importante, puesto que uno de los argumentos a favor de la rehabilitación energética es que los ahorros futuros de energía que se generan (especialmente en climatización) pueden ser superiores al coste de la inversión/intervención.11 

    Si nos fijamos en los usos de este consumo energético por parte de los hogares españoles, la mayor parte del consumo se destina a calefacción (véase el siguiente gráfico). Con todo, la proporción de consumo energético que España destina a esta partida es muy inferior a la de la UE: 42% en España frente al 64% en la UE.124 

    La iluminación y los electrodomésticos también concentran buena parte del consumo energético de los hogares, pero en este caso la proporción de energía consumida es mayor que en la UE: el 14% en la UE frente al 32% en España. Este ámbito es clave, puesto que los hogares cuentan cada vez con más equipos y electrodomésticos, por lo que es importante que sean cada vez más eficientes energéticamente para evitar un aumento del consumo eléctrico en electrodomésticos.

    • 9. El consumo medio anual por hogar en España es de 9.224,1 KWh por vivienda, mientras que el consumo promedio en la UE es de 16.526 KWh por vivienda. Se llega a una conclusión similar si se compara el consumo de energía en edificios residenciales por m2.
    • 10. El sector residencial supone aproximadamente el 17% del consumo de energía en España, comparado con el 26% en la UE, según datos de IDAE-MITECO (2018).
    • 11. Otro aspecto que puede dificultar la capitalización de los ahorros energéticos en un tiempo razonable es la estructura tarifaria de la energía, que en España consta de una elevada proporción de costes fijos vinculados a potencia contratada e impuestos.
    • 12. El consumo unitario por m2 en calefacción también es muy inferior al de la UE.

    Consumo de energía final del sector residencial español desglosado por usos (2018)

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:04
    La rehabilitación de la vivienda toma impulso gracias a los fondos europeos

    Como ya se ha comentado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023. Esto supone un notable empujón a las metas que se contemplan en el Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC) 2021-2030,13 que prevé la renovación de la envolvente térmica (fachadas y cubiertas) de 1.200.000 viviendas hasta 2030, empezando con 30.000 viviendas al año en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas al año en 2030.14

    • 13. El Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC 2021-2030) es un documento estratégico elaborado por el Gobierno (a petición de la UE), que marca la estrategia para descarbonizar la economía española.
    • 14. El PNIEC también contempla la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria de 300.000 viviendas al año en promedio.
    Los fondos europeos apoyarán la renovación del parque de viviendas español,

    pero hay ciertas limitaciones que pueden lastrar la velocidad proyectada.

    Por tanto, los fondos europeos deben permitir una aceleración significativa de la velocidad de renovación del parque de viviendas español. Con todo, hay ciertos aspectos que pueden frenar su plena implementación. En primer lugar, la ambición del PRTR contrasta con el ritmo actual  de rehabilitación de viviendas (cercano a 25.000 viviendas al año), por lo que alcanzar el objetivo de rehabilitación de 500.000 viviendas en tres años supone multiplicar el ritmo actual de rehabilitación por seis hasta 2023.

    En segundo lugar, la inversión para mejorar la eficiencia energética de la vivienda oscila entre 5.000 y 10.000 euros para el envolvente del edificio, y entre 12.000 y 40.000 euros para actuaciones completas,15 un coste elevado para muchos hogares. En este sentido, será clave que las ayudas a la rehabilitación lleguen también a los hogares más afectados y vulnerables, y a aquellas zonas con mayores necesidades de rehabilitación. 

    En tercer lugar, la voluntad de la población a realizar obras es, en general, baja. Según el Barómetro de la Vivienda (CIS, 2018), el 87% de los encuestados no tenía previsto llevar a cabo mejoras o reformas en su vivienda en el siguiente año (la mayoría porque consideraba que su vivienda no lo necesitaba). Además, entre los que sí que tenían previsto realizar obras, se priorizaban claramente las reformas decorativas (como, por ejemplo, las de la cocina y el baño) por encima de las que están relacionadas con la eficiencia energética (como la sustitución de puertas y ventanas). 

    A este punto se suma también la tipología de vivienda que predomina en España, caracterizada en su mayoría por edificios plurifamiliares de tres plantas o más, que concentran el 67% de viviendas. En este sentido, la mayor dificultad para tomar decisiones en comunidades de varios propietarios puede suponer una barrera adicional para realizar algunas de estas intervenciones. 

    Y, en último lugar, el nivel de preocupación o sensibilización de la población en relación con la eficiencia energética es relativamente menor a la de otros problemas relacionados con la vivienda. Según el último barómetro de la vivienda (CIS, 2018), la preocupación por el confort térmico (35%) es similar a otras preocupaciones, como pueden ser el ruido y la seguridad ante robos, e inferior a otras, como la falta de ascensor en algunas viviendas. 

    • 15. Incluyen cambio de instalaciones de climatización y agua caliente. Estimaciones procedentes de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, Ministerio de Economía (2020).

    Porcentaje de hogares que están poco o nada satisfechos con los siguientes aspectos del edificio en que se encuentra su vivienda

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:05

    En definitiva, la rehabilitación de las viviendas es clave para reducir el consumo energético y, con él, la emisión de gases de efecto invernadero. Con todo, para impulsar las rehabilitaciones, también es importante transmitir el mensaje de que la renovación de la vivienda supone una gran oportunidad para mejorar el confort y la habitabilidad interior de nuestros hogares –una cuestión que el confinamiento ha puesto de especial manifiesto–, así como para revalorizar los inmuebles. De acuerdo con ello, es primordial orientar los recursos públicos disponibles de forma conveniente para abordar las principales problemáticas del parque de vivienda de forma conjunta con la ciudadanía. 

    p 27
    Vivienda social en alquiler: la gran tarea pendiente

    Además de la rehabilitación, otra de las prioridades de las políticas de vivienda para los próximos años es el fortalecimiento del parque residencial público destinado al alquiler social o asequible. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de arrendatarios que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, una medida del sobreesfuerzo que supone para muchas familias sufragar los costes de su vivienda. Este sobreesfuerzo es, además, desproporcionadamente alto en el caso de los hogares de ingresos bajos y los jóvenes. Asimismo, la crisis del coronavirus ha agravado los problemas de asequibilidad de los alquileres, especialmente entre los grupos de población más vulnerables, tal y como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la economía española.16 En este sentido, el FMI recomienda aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler social, puesto que España cuenta con uno de los parques más exiguos de Europa: la vivienda social representa el 2,5% del total de viviendas principales en España frente a un promedio europeo del 9,3%, según datos de Eurostat. Para alcanzar el promedio europeo, harían falta 1,2 millones de viviendas sociales adicionales, una cifra que difícilmente se pueda alcanzar sin colaboración público-privada.

    • 16. IMF Country Report n.º 20/299. Spain. Selected Issues. Disponible en https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2020/English/1ESPEA2020002.ashx
    En las últimas 4 décadas se han construido casi 2,4 millones de viviendas protegidas en España,

    la mayor parte de ellas en régimen de propiedad. En consecuencia, el parque de vivienda social en alquiler es muy reducido, en torno a unas 290.000 viviendas.

    La carencia de vivienda social en alquiler se debe a unas políticas de vivienda que históricamente han estado orientadas a promover la vivienda protegida en propiedad. Entre 1981 y 2019, se terminaron en España casi 11 millones de viviendas, de las cuales un 21,6% fueron protegidas. En este mismo periodo, los hogares crecieron en algo menos de 8 millones, de modo que podemos concluir que la vivienda protegida cubrió las necesidades habitacionales de aproximadamente un 30% de los hogares españoles en las últimas cuatro décadas, una cifra muy significativa. Sin embargo, la mayor parte de las viviendas protegidas construidas en España se destinaron al régimen de propiedad (véase el gráfico siguiente), de modo que, al cabo de unos años, estas viviendas han pasado a adquirir la condición de viviendas libres en el mercado, perdiendo así el carácter social con el que fueron promovidas.

    La promoción de vivienda social en alquiler ha sido muy limitada en España

    Última actualización: 23 diciembre 2020 - 11:20

    La promoción de vivienda protegida se encuentra en niveles muy bajos desde el año 2010 y ha afectado en mayor medida el régimen de alquiler. De hecho, entre 2013 y 2016 esta modalidad ha sido prácticamente nula (368 viviendas por año en promedio) lo cual ha favorecido la prevalencia de la vivienda protegida en propiedad. No obstante, desde el año 2017, el alquiler parece haber recuperado cierto peso relativo. En concreto, en el año 2019 se construyeron 12.496 viviendas protegidas en España, de las cuales 2.585 (un 20,7% de las viviendas protegidas) fueron de alquiler. Sin embargo, estas cifras son claramente insuficientes para incrementar el parque de vivienda social en alquiler de manera significativa. 

    Según estimaciones recientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,17 en España existe un parque de vivienda social de titularidad pública en alquiler situado en el entorno de las 290.000 viviendas. De ellas, unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y 110.000 son de titularidad de los ayuntamientos. Este parque de 290.000 viviendas sociales en alquiler ofrece cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que habitan en España (datos del Cuestionario sobre vivienda social, 2019). 

    • 17. Boletín especial vivienda social, 2020, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
    Reflexiones finales

    Los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para rehabilitar un parque de viviendas envejecido y poco eficiente desde el punto de vista energético, unas renovaciones que contribuirán de manera simultánea a los dos objetivos europeos de transición ecológica y digitalización de la economía, por ejemplo, mediante edificios «inteligentes» más eficientes energéticamente. Asimismo, el fuerte impacto económico y social de la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un amplio parque público de viviendas en alquiler para solventar la actual carestía y tener la capacidad para dar una solución habitacional a la población más vulnerable. Unas políticas que deberían impulsar una recuperación verde, social y digital.

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Efectos de la crisis y desigualdad a nivel provincial

El impacto económico de la pandemia ha sido pronunciado y generalizado, pero no ha afectado a todas las regiones por igual. Analizamos el impacto de distintos niveles de confinamiento en los colectivos más vulnerables, y el papel que juega el sector público para amortiguarlo

Contenido disponible en
Ruben Durante
Jose G. Montalvo
Marta Reynal-Querol
16 de noviembre de 2020
Paso de cebra con el icono del monitor de desigualdad

El impacto económico de la pandemia ha sido pronunciado y generalizado, pero no ha afectado a todas las regiones por igual. En algunas zonas de España, la caída de la actividad ha sido especialmente acusada, mientras que en otras ha sido algo más contenida. A continuación, mostramos las diferencias que ha comportado la crisis a nivel provincial analizando la evolución de la movilidad y el índice de confinamiento empresarial (ICE) desarrollado por CaixaBank, y estudiamos hasta qué punto la evolución de estos indicadores está relacionada con el aumento de la desigualdad y del número de personas con ingresos bajos en cada zona. También analizamos si se observa alguna relación entre el impacto de la crisis y la evolución del consumo de los hogares durante los últimos meses. Más allá de constatar las diferencias y similitudes entre regiones, el análisis permite obtener una idea del impacto de distintos niveles de confinamiento en los colectivos más vulnerables, y el papel que juega el sector público para amortiguarlo. Esta información es especialmente relevante en el contexto actual, cuando la segunda ola de la pandemia nos ha obligado a tomar nuevas medidas y a restringir otra vez la movilidad.

Movilidad y desigualdad

Los indicadores de movilidad, disponibles prácticamente en tiempo real, se han revelado muy útiles para aproximar el impacto de la COVID-19 sobre los niveles de actividad económica.1 En el caso de España, se observa cómo, en los meses con mayores restricciones, la movilidad llegó a caer alrededor del 65% respecto a los niveles anteriores a la pandemia2 y que las diferencias entre provincias fueron notables. En abril, que es cuando se produjo la mayor caída de la movilidad, en el quintil de provincias con menores caídas la movilidad retrocedió un 60% en promedio, mientras que en el otro extremo, en el quintil de provincias con retrocesos más pronunciados, la caída de la movilidad se situó en el 73%.

De la misma manera que la evolución de la movilidad ha sido útil para valorar el impacto económico de la crisis, también lo es para analizar su impacto en los grupos de población con rentas más bajas, y en la desigualdad en general. La relación entre la caída de la movilidad y el aumento de las personas con ingresos bajos se hace evidente en el primer gráfico, donde se muestra el cambio en el número de personas con unos ingresos inferiores al IPREM3 entre los meses de febrero y abril, antes y después de las transferencias del sector público. Cuando no tenemos en cuenta las transferencias del sector público, observamos un mayor aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM en las provincias con una mayor caída de la movilidad. Concretamente, en el quintil de provincias donde la caída de la movilidad fue menor, la población con ingresos inferiores al IPREM aumentó un 12%, mientras que en el quintil superior esta cifra alcanzó el 17% en promedio.

  • 1. Para más información sobre la utilización de la movilidad como indicador del impacto económico de la pandemia, véase el Focus «Rebote de la movilidad y de la actividad» en el IM09/2020 o «El dilema COVID-19: movilidad y economía» en el IM06/2020.
  • 2. Utilizamos los datos del Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, concretamente datos de movilidad urbana e interurbana.
  • 3. El IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) es el índice de referencia en España para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos y asciende a 537,84 euros mensuales en 2020.
España: caída de la movilidad y aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM por provincias
España: confinamiento empresarial y aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM por provincias

La relación entre la caída de la movilidad y el aumento de personas con ingresos inferiores al IPREM se mantiene durante los meses de mayor afectación de la pandemia, y se va diluyendo a medida que la economía se recupera. Este patrón también se observa en otras variables, como el aumento de las personas sin ingresos o el aumento de la desigualdad de los ingresos (medido con el índice de Gini de cada provincia). Concretamente, en abril, el incremento del número de personas sin ingresos fue 5,0 p. p. superior en las provincias que sufrieron una mayor caída de la movilidad que en las provincias en las que la caída de la movilidad fue inferior. Y en el caso del índice de Gini, este aumentó 3,9 puntos más, en promedio, en el quintil de provincias con mayor caída de la movilidad que en el quintil con menor caída.

El papel del sector público ha sido determinante para atajar las diferencias entre provincias. Como se puede observar en el primer gráfico, cuando tenemos en cuenta las transferencias públicas, la dispersión entre regiones se reduce de forma muy significativa. Así, aunque se observa cierta relación negativa entre la caída de la movilidad y el aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM, ahora este es solo 1 p. p. superior en las provincias en las que la caída de la movilidad fue más elevada.

Durante la última quincena de octubre, cuando ya se habían tomado algunas medidas restrictivas para frenar la nueva ola de contagios, se apreció una nueva caída de la movilidad. En la provincia de Barcelona, por ejemplo, el retroceso de la movilidad respecto al nivel previo a la pandemia se situaba en el 34%, mientras que en la de Madrid el descenso ya alcanzaba el 42%. En las próximas semanas podremos valorar si las medidas que se están implementando ahora para frenar la movilidad y el avance del virus consiguen hacerlo con un menor impacto en las rentas más bajas y en la desigualdad.

El índice de confinamiento empresarial (ICE) y la desigualdad

Otro indicador que analiza el impacto de la crisis generada por la pandemia, en este caso a nivel empresarial, es el ICE elaborado por CaixaBank. Su evolución también muestra una relación estrecha con el aumento de la población con ingresos más bajos. Concretamente, el ICE mide el cambio en la operativa bancaria de pequeñas y medianas empresas a causa de la COVID-19 y tiene en cuenta una amplia batería de indicadores (tanto de ingresos, como por ejemplo los provenientes de TPV; de gastos, como las nóminas o los gastos en recibos, como de impagos, entre otras variables).4 El análisis que proporciona el ICE se ha agregado a nivel de provincia para poder seguir el impacto en el conjunto de empresas de cada región. Como se puede observar en el segundo gráfico, las zonas en las que el ICE exhibe un mayor aumento durante el mes de abril son las que también experimentan un mayor aumento del número de personas con unos ingresos inferiores al IPREM. Este mismo patrón también se observa cuando analizamos la relación del ICE con la variación del número de personas sin ingresos, o la variación del índice de Gini. En este caso, tal y como sucedía con la movilidad, cuando tenemos en cuenta las transferencias del sector público, la relación entre el aumento del ICE y el cambio en los distintos indicadores de la distribución de ingresos se vuelve más tenue.

  • 4. Analiza los cambios en las transacciones bancarias de cada empresa. Un aumento del ICE indica que la situación económico-financiera de la empresa se ha deteriorado con respecto a febrero (y viceversa).
España: aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM y caída del consumo por provincias

Finalmente, hemos analizado si se observa alguna relación entre la magnitud del shock de la pandemia en los ingresos y en la evolución del consumo a nivel provincial.5 A priori, cabría esperar que las regiones que han sufrido un mayor impacto de la crisis también hayan experimentado una mayor caída del consumo. Sin embargo, las transferencias del sector público pueden haber mitigado de forma significativa el efecto del shock en el consumo agregado. Asimismo, otros factores también pudieron haber condicionado la evolución del consumo durante los últimos meses, como el propio confinamiento, que hizo prácticamente imposible poder gastar en varios sectores (cultura, ocio, restauración, etc.) y la elevada incertidumbre derivada de la situación de pandemia, que pudo haber acentuado la cautela de los consumidores. Esto es precisamente lo que sugiere el tercer gráfico, en el que no se observa por el momento ninguna relación entre la variación del consumo y el aumento del número de personas con ingresos inferiores al IPREM, ni antes ni después de tener en cuenta las transferencias del sector público.6 Tampoco observamos ninguna relación directa entre la variación de la movilidad o el ICE y el consumo por provincias. De todas formas, aunque a nivel agregado no se observe un patrón claro en la evolución del consumo por provincias, sí que observamos diferencias notables en la evolución del consumo en distintos colectivos. Por ejemplo, las personas con ingresos bajos antes de la pandemia que se quedaron sin ingresos en el mes de abril redujeron el consumo de forma mucho más pronunciada que las personas que también perdieron el empleo, pero recibieron transferencias del sector público. Concretamente, la caída del consumo fue del 44% para el primer grupo y del 35% para el segundo. Este ejemplo muestra la importancia de llevar a cabo un análisis más detallado para entender la evolución del consumo, uno de los objetivos que nos hemos fijado para los próximos meses.

  • 5. Para medir el consumo a nivel provincial, utilizamos el gasto realizado en los TPV de CaixaBank, el gasto realizado en las compras on-line y los reintegros en los cajeros de CaixaBank.
  • 6. De manera similar, Montalvo y Reynal-Querol (2020), al analizar el impacto de la COVID-19 en el consumo, no encuentran una mayor intensidad en la recuperación de este diferenciando por tramos de ingresos. Montalvo, J. G. y Reynal-Querol, M. (2020). «Distributional effects of COVID-19 on spending: A first look at the evidence from Spain» n.º 1740.
Ruben Durante
Jose G. Montalvo
Marta Reynal-Querol
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