El proceso de desendeudamiento o desapalancamiento bancario, que implica un aumento de capital y una reducción de activos, es inevitable tras un boom crediticio. Y, aunque doloroso, es necesario para corregir los desequilibrios acumulados en la fase expansiva y restablecer la solidez del sector bancario. Sin embargo, dependiendo del modo en que se efectúe, puede tener consecuencias muy dañinas para la economía. En particular, preocupa la posibilidad de una contracción severa de la oferta crediticia, el temido credit crunch. En esta encrucijada se encuentra inmersa Europa, y es por ello que dicho proceso de desendeudamiento suscita recelos por parte de las autoridades, que lo están supervisando de cerca.

Las presiones al desendeudamiento con las que debe lidiar el sistema bancario europeo provienen de distintos ángulos: la necesidad de reducir la alta dependencia de la financiación mayorista a corto plazo; tensiones de liquidez, que se han visto agudizadas por la crisis de deuda soberana; mayores exigencias regulatorias en términos de liquidez y capital; y, además, el desgaste de la base de capital ocasionado por el deterioro de la calidad de los activos.

Ante estas presiones, los bancos tienen diferentes opciones para mejorar sus ratios de endeudamiento. Por una parte, pueden aumentar su base de capital, ya sea a través de la emisión de nuevas acciones o de la retención de beneficios. Pueden también intentar aumentar el recurso a fuentes de financiación relativamente estables, como los depósitos o la deuda mayorista a más largo plazo. Por último, otra alternativa consiste en reducir sus activos. Esto último puede materializarse de distintas formas: la venta de líneas de negocio o activos no estratégicos (a menudo, en el extranjero); venta de activos líquidos (por ejemplo, deuda); bajas de balance de activos dudosos; y, por último, la disminución de la cartera de préstamos. Dicha disminución, a su vez, puede ser el resultado del proceso de desapalancamiento de empresas y familias o, la opción menos deseable de todas, de una restricción de la oferta de crédito.

En los últimos años, el sistema bancario europeo ha optado, principalmente, por aumentar su capital de forma muy significativa. Así, entre 2008 y 2011, el aumento de fondos propios se situó en torno a 400.000 millones de euros, mientras que el volumen de activos se mantuvo prácticamente estable. Adicionalmente, como resultado del ejercicio de recapitalización de la Autoridad Bancaria Europea,(1) las entidades han ampliado la base de capital en unos 116.000 millones más.

De todos modos, algunas de ellas también han recurrido al ajuste de activos para cubrir parte del déficit de capital identificado. El FMI ha estimado que, entre septiembre de 2011 y junio de 2012, una muestra de 58 grandes bancos europeos ha reducido su volumen de activos en unos 450.000 millones de euros. La mayoría de ellos han sido activos no estratégicos y menos de la mitad se debe a una reducción de la cartera de crédito (buena parte del impacto en el crédito está vinculado al cumplimiento de las condiciones asociadas a ayudas estatales).

Todo hace prever, sin embargo, que el proceso de reducción de activos de la banca europea no ha finalizado. El FMI, por ejemplo, estima que entre mediados de 2012 y finales de 2013 todavía deben reducirse activos por valor de 1,7 billones de euros, aproximadamente un 6% de los activos totales, en un escenario base en el que continúan las políticas actuales (apoyo por parte del BCE, implementación de la unión bancaria, etc.).(2) El BCE, por su parte, ha examinado los planes de negocio de las mayores entidades europeas y calcula que la reducción prevista de activos en 2012 y 2013 alcanza 1,5 billones de euros (1,2 billones para bancos de la zona del euro). Está previsto que el grueso de estas reducciones se lleve a cabo en las carteras de banca corporativa y de banca de inversión y, en mucha menor medida, en banca minorista.

En cualquier caso, la incertidumbre en torno a estas estimaciones es elevada y varios factores pueden afectar la velocidad e intensidad del proceso de desendeudamiento durante los próximos años. Entre ellos: el nivel de la actividad económica, un elemento clave para la rentabilidad de los bancos; la evolución de la crisis de la deuda europea; la implementación de la nueva normativa sobre capital (Basilea III), y el desarrollo de nuevos requisitos de liquidez. En general, mucho dependerá de las políticas económicas y financieras que se adopten tanto a nivel nacional como, especialmente, a nivel europeo. En este sentido, el FMI ha alertado de que, en un escenario en el que se retrasa la unión bancaria y no se avanza hacia la creación de un mecanismo de rescate bancario supranacional y un seguro de depósitos europeo, las presiones para la reducción de activos serían mucho mayores y podrían alcanzar los 3 billones de euros, más del 10% de los activos totales. En cambio, en un escenario de políticas más ambiciosas que en el escenario central, que contribuirían a una mayor reducción de las primas de riesgo y a una menor fragmentación de los sistemas financieros nacionales, la reducción de activos prevista sería de 1,4 billones de euros (menos de un 5% de los activos totales).

Un proceso de reducción de activos relativamente rápido y desordenado corre el riesgo de perjudicar gravemente la actividad económica. En particular, existen dos categorías de activos que pueden sufrir fuertes recortes en un breve espacio de tiempo: el crédito a empresas y el crédito para la financiación del comercio internacional. Ambas categorías son extremadamente importantes para el funcionamiento normal de la economía. Preocupa especialmente el impacto sobre el crédito a pymes por su fuerte dependencia del crédito bancario. Sobre el crédito al comercio internacional, cabe resaltar que un tercio de la oferta mundial proviene de entidades europeas.

Para que el proceso de desendeudamiento se pueda llevar a cabo de manera acompasada, sin ahogar la actividad económica, es imprescindible apuntalar la confianza en los sistemas bancarios europeos y en los gobiernos que los acogen. Ello requerirá, entre otras medidas, avanzar decididamente en el proceso de reformas en que está inmersa la unión monetaria, tanto a nivel nacional como europeo (véase recuadro «Eurozona: diecisiete países, un destino»). El precio de no hacerlo, no cabe ninguna duda, sería demasiado elevado y Europa no se lo puede permitir.