1. El primer eje tangible ha sido la simplificación regulatoria, alineada con la Brújula de la Competitividad.1 La Comisión presentó en mayo de 2025 el paquete Omnibus III para reducir y simplificar cargas administrativas de la PAC en ámbitos como la condicionalidad medioambiental, pagos a pequeñas y medianas explotaciones, explotaciones ecológicas y respuesta a fenómenos climáticos extremos. El reto es simplificar sin vaciar de contenido los objetivos medioambientales, en un contexto en el que la adaptación climática ya no es un capítulo accesorio, sino una condición de viabilidad productiva, y en el que la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías están llamadas a desempeñar un papel creciente para compatibilizar sostenibilidad y competitividad. La propuesta fue ratificada por el Consejo en diciembre de 2025 y comenzó a aplicarse en 2026. Las medidas han sido, en términos generales, bien recibidas por buena parte de las organizaciones agrarias, aunque las medioambientales han advertido del riesgo de que determinadas simplificaciones puedan debilitar parte de los incentivos asociados a los objetivos climáticos y de biodiversidad.

2. El segundo frente es la financiación. En julio de 2025, la Comisión propuso un nuevo presupuesto comunitario para 2028-2034 de casi 2 billones de euros, con mayor flexibilidad, menos instrumentos y una nueva arquitectura basada en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales, que integraría fondos hoy separados –incluidos cohesión, agricultura, desarrollo rural y pesca–.2 Para el agro, esto abre una oportunidad de mayor coherencia entre inversiones, reformas y necesidades territoriales, pero también un riesgo de dilución de la PAC en una bolsa presupuestaria más competida, presionada por las nuevas prioridades estratégicas (defensa, ampliación, seguridad energética) y la agenda competitiva (innovación, conectividad, made in Europe). La propuesta ha suscitado un intenso debate: mientras algunos actores valoran la mayor flexibilidad e integración de inversiones y reformas, otros advierten del riesgo de diluir el carácter común de la PAC y de reducir su visibilidad dentro de una arquitectura presupuestaria más amplia. La configuración final del presupuesto será además determinante para financiar prioridades como la incorporación de jóvenes agricultores, la innovación o la adaptación climática de las explotaciones.

3. El tercer eje es comercial. La UE ha acelerado su red de acuerdos para reducir dependencias y compensar mercados más protegidos, en particular en un contexto de creciente proteccionismo en EE. UU.3 Mercosur –aplicado provisionalmente desde mayo de 2026 en su dimensión comercial– es el ejemplo más visible, pero forma parte de una estrategia más amplia que incluye la modernización de los acuerdos con Chile y México y las negociaciones con Australia, India e Indonesia. Para el sector agroalimentario europeo, estos acuerdos abren oportunidades en mercados de renta creciente y gran potencial de demanda para productos donde la UE goza de ventajas competitivas, favorecen una mayor diversificación de las exportaciones y reducen la dependencia de un número limitado de mercados de destino.4 Al mismo tiempo, la Comisión ha reforzado las salvaguardas para los productos más sensibles, combinando contingentes limitados de importación, periodos transitorios, mecanismos de vigilancia y cláusulas que permiten restringir temporalmente las importaciones si provocan perturbaciones significativas en los mercados europeos. La filosofía es compatibilizar una mayor apertura comercial con mecanismos que faciliten el ajuste y preserven la confianza de los productores europeos con condiciones regulatorias, sanitarias y medioambientales comparables para los productos importados.

En suma, la nueva agenda europea ofrece una ventana de oportunidad si logra cuadrar tres piezas: una PAC menos burocrática pero no menos común, una transición climática financiable y aceptada socialmente, y una política comercial que abra mercados sin erosionar la confianza de los productores. La oportunidad es convertir el agroalimentario europeo en un vector de competitividad, resiliencia territorial y autonomía estratégica.