Si hay una etapa que concentra muchas de las grandes decisiones que tomamos a lo largo de la vida es la de la juventud adulta. Decisiones sobre nuestra formación educativa y profesional; sobre los primeros pasos de nuestra trayectoria laboral; sobre si emanciparnos... ¡finalmente!; sobre si vivir en pareja, con amigos o simplemente con compañeros de piso; sobre si tener hijos y cuántos; sobre dónde vivir (¿emigrar quizás?), y si comprar una vivienda o vivir de alquiler. Una etapa intensa para el que la vive y fascinante, también, para los economistas y otros científicos que estudiamos cómo se toman estas decisiones, qué las condiciona, sus implicaciones a nivel personal y colectivo, y qué políticas traerían mejores resultados.
En el ámbito educativo, por ejemplo, España destaca por su elevada proporción de jóvenes adultos con estudios universitarios pero, también, por los muchos jóvenes que solo finalizaron los estudios obligatorios. Ambas cifras están muy por encima del promedio europeo y son sintomáticas, seguramente, de la falta de atractivo de nuestro sistema de formación profesional. Una formación profesional moderna, que compaginara una enseñanza de calidad en las aulas con el aprendizaje en las empresas, atraería a muchos estudiantes que hoy en día abandonan su formación prematuramente o que optan, sin ser quizás la mejor opción para ellos, por la universidad.
En el ámbito laboral, los jóvenes adultos se ven especialmente perjudicados por la dualidad del mercado laboral, que segmenta el mercado entre insiders y outsiders. Los insiders llevan tiempo en el trabajo y cuentan con un contrato indefinido –aunque algunos son jóvenes, la mayoría no–. Los outsiders, muchos de los cuales son jóvenes, están desempleados o tienen un contrato temporal. Durante la crisis, los outsiders sufrieron desproporcionadamente los costes de ajuste, tanto en términos de desempleo como de reducción de salarios, y las secuelas aún se sienten. Solventar el problema de la dualidad, por ejemplo, haciendo más atractiva la contratación indefinida sería positivo para la eficiencia y la equidad.
La precariedad laboral, que se traduce en salarios más bajos, mayor temporalidad y más desempleo, tiende a retrasar la edad de emancipación. En España, más de un 60% de jóvenes de entre 18 y 34 años aún vive con sus padres, 15 puntos más que en la eurozona. Independizarse más tarde tiene, a su vez, un impacto directo sobre las tasas de fertilidad: por cada 1.000 mujeres españolas de entre 20 y 39 años, nacen unos 120 niños y niñas, 60 menos que en Francia. Cambiar estas dinámicas supondría, además, una gran aportación en favor de la sostenibilidad del sistema de pensiones público.
En los últimos años, los jóvenes también han sufrido un endurecimiento de las condiciones de acceso a la vivienda. El encarecimiento de los alquileres y las dificultades para ahorrar lo suficiente para comprar una vivienda han sido factores que, junto a la precariedad laboral, han contribuido a retrasar la edad de emancipación. En este ámbito, las políticas públicas deberían estar encaminadas a aumentar la oferta de vivienda en alquiler, incluyendo a través de un parque público que en España es muy escaso. Políticas como limitar el precio de los alquileres pueden ser contraproducentes porque tienden a reducir, en lugar de aumentar, la oferta de vivienda en alquiler.
Educación, mercado laboral y vivienda son tres grandes ámbitos en los que la mejora de las políticas públicas redundaría en beneficio de los jóvenes adultos. Jóvenes que solo desean un empleo estable en el que poder crecer personal y profesionalmente, emanciparse cuanto antes, formar una familia y no tener que dedicar a una vivienda la mitad de lo que ganan. ¿No se lo podemos poner algo más fácil?