La reciente crisis del euro ha puesto en evidencia que para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la unión monetaria es imprescindible un sistema bancario verdaderamente integrado. En palabras de Yves Mersch, uno de los miembros del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, «un sistema que permita que una empresa solvente que no tenga acceso al crédito en un banco de su país pueda obtenerlo de un banco de otro Estado miembro y en condiciones similares a las de las empresas del país concesor». La construcción de la unión bancaria debe entenderse, pues, en este sentido y es difícil que sea un proceso rápido que vaya a solucionar los problemas derivados de la crisis financiera actual. Las piezas que hay que encajar para armar el rompecabezas de la unión bancaria son numerosas y conllevarán largas y complejas negociaciones entre los distintos Estados miembros.
Tres elementos clave deberían conformar el armazón de una unión bancaria sólida: un Mecanismo Único de Supervisión (MUS), por el cual todas las entidades estén sujetas al mismo tipo de vigilancia; un Mecanismo Único de Resolución (MUR), con su correspondiente fondo de resolución, que dicte cómo proceder con las entidades en dificultades, y un Fondo de Garantía de Depósitos Europeo que garantice por igual los depósitos de cualquier entidad con independencia de su país de procedencia. Naturalmente, una condición previa a este lance es que las normas que los citados mecanismos exijan cumplir sean las mismas en todos los Estados miembros. Finalmente, la credibilidad del MUR y el MUS a ojos de depositantes e inversores requiere de la existencia de unas redes de seguridad que certifiquen que los fondos de garantía y de resolución dispongan de recursos suficientes en caso de crisis sistémicas. Esta es quizás la pieza más delicada del rompecabezas, pues tan solo los recursos fiscales de los distintos países pueden aportar tal garantía y cualquier acuerdo que pueda conllevar transferencias fiscales entre países suscita muchas reticencias.
Durante 2014 se producirán avances significativos en materia normativa y se observarán los primeros impactos tangibles sobre el panorama bancario con la asunción de la supervisión única por parte del BCE. Desde la esfera legislativa, Parlamento y Consejo europeos deberán acordar, antes de las elecciones europeas, la armonización de las normativas nacionales en materia de resolución de entidades y de fondos de garantía. Una vez acordado el marco regulatorio común, deberán consensuar el diseño organizativo del MUR y, sobre todo, en quién reside el poder de decisión final en materia de resolución (léase también liquidación) de entidades. Dadas las profundas implicaciones de ceder esta decisión a una autoridad supranacional, probablemente se desate un fuerte debate entre los diecisiete países de la unión. Aun así, las preferencias del BCE por disponer de un MUR en cuanto asuma la supervisión única suponen una fuerte presión para alcanzar un acuerdo.
Por lo que respecta a la asunción de la supervisión única, el reto del BCE es enorme: a partir del noviembre próximo vigilará directamente unas 130 entidades consideradas sistémicas a nivel europeo e, indirectamente, otras 6.000 de menor tamaño. Entretanto, el BCE ha iniciado una revisión exhaustiva de los balances de las mayores entidades con la intención de restaurar definitivamente la confianza en el sistema bancario europeo y evitar sorpresas desagradables una vez iniciado su mandato. Idealmente, el resultado debería parecerse a lo sucedido en España tras los ejercicios de Oliver-Wyman en 2012: una separación clara entre entidades fuertes y débiles, así como la recapitalización de estas últimas.
El examen planteado por el BCE consta de tres ejercicios. El primero es una evaluación de elementos clave por lo que respecta al riesgo bancario que incluirá, entre otros, el nivel de apalancamiento, la liquidez o la estructura de financiación de las entidades. El segundo ejercicio consistirá en una revisión de la calidad de los activos. En este caso, el BCE revisará la clasificación de los créditos entre dudosos y normales, así como el nivel de provisiones, el valor de los activos que sirven como garantía y la valoración de instrumentos complejos o de alto riesgo. Al emplear criterios de evaluación comunes para todos los países —en particular, definiciones homogéneas para el crédito dudoso y el refinanciado—, se estará dando un gran paso para igualar las condiciones de competencia entre entidades de distintos países. Así, entidades que operen en países con criterios relativamente laxos deberán adecuar su nivel de provisiones. Para aquellas que partan de niveles de solvencia más ajustados, estos cambios podrían llegar a generar necesidades de capital. Con todo, el ejercicio no va a permitir una equiparación plena de las condiciones competitivas, pues no contempla la armonización de uno de los factores que más las altera: el cómputo de los activos ponderados por riesgo. En este sentido, aunque la revisión del BCE podría aportar mayor claridad acerca del origen de las diferencias que aún existen entre los cálculos de las distintas entidades, habrá que esperar a que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) termine los trabajos que tiene en curso respecto a esta cuestión antes de que se planteen cambios en la normativa, probablemente bien entrado 2015.
Una vez validados los balances, la última fase del examen consistirá en una prueba de esfuerzo que evalúe la capacidad de resistencia de las entidades ante escenarios de estrés. Aunque la EBA ya ha realizado pruebas de este estilo con anterioridad, la que nos ocupa tiene la particularidad de ser la primera en la que está en juego la credibilidad del BCE como supervisor. Pese a que la metodología para dichas pruebas todavía no se ha aprobado, parece claro que existen tres aspectos fundamentales que centrarán la atención de los analistas: la ratio de capital exigida en el escenario adverso; el trato otorgado a la deuda soberana, y el impacto en el resultado de una excesiva dependencia de la financiación proveniente del BCE. El primer punto será un determinante clave de la dureza de las pruebas. En cuanto a la deuda soberana, es de prever que no se repita la mala experiencia de 2012, cuando se puso en duda la calidad de dicho activo al suponer quitas en el escenario adverso. Por último, es posible que en el cálculo de la capacidad de generar beneficios las pruebas descuenten la parte que proviene del carry-trade.
Sea como fuere, la zona del euro se juega mucho con la implantación de la unión bancaria. A lo largo del año, deberá quedar claro en qué entidades residen los problemas y cuál es su magnitud. De igual modo, la unión monetaria no puede permitirse otra crisis de confianza como la sufrida en 2012, por lo que es imperativo garantizar que las consecuencias del examen del BCE sobre las entidades no se contagien a su soberano como en anteriores ocasiones. El Consejo Europeo ya ha clarificado que el uso de recursos públicos conllevará la aplicación de las reglas de bail-in establecidas en la normativa de ayudas de Estado y que estos procederán, en primera instancia, de fondos nacionales. Únicamente cuando estos recursos se consideren insuficientes podrán emplearse fondos adicionales a nivel europeo a través del MEDE, los cuales podrán inyectarse a las entidades directamente en forma de capital a partir de noviembre.
Con estas premisas, es probable que el envite europeo del BCE no se perciba como un farol por el mercado y que 2014 marque un punto de inflexión en la resolución de la fragmentación financiera de la zona euro y siente las bases que hagan posible una reordenación del sector bancario europeo en los próximos años. El sistema imaginado por Mersch estará entonces más cerca.
Sandra Jódar-Rosell
Departamento de Análisis Económico, Área de Estudios y Análisis Económico, "la Caixa"
