Actividad y crecimiento

La crisis en Irán: cuánto puede afectar a la economía española

La guerra en Oriente Próximo podría generar un nuevo shock económico a nivel global que también afectaría a la economía española. En este artículo, analizamos los tres principales canales a través de los cuales podría impactar: el primero es la inflación, a través del encarecimiento de la energía, de otros productos que provienen del Golfo Pérsico y del aumento de los costes del transporte marítimo; el segundo es la demanda externa, si el conflicto frena el crecimiento de nuestros socios comerciales; y el tercero es el canal financiero, en caso de que aumenten los tipos de interés y se endurezcan las condiciones financieras. A estos tres factores se añade el efecto de la política fiscal, sobre la que el Gobierno ya anunció una primera batería de medidas el pasado 20 de marzo para amortiguar el impacto del shock.

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Inflación: el principal canal de impacto a corto plazo

El canal inflacionista combina efectos directos e indirectos. Los directos son los más visibles y los primeros en aparecer: un repunte del precio del petróleo se traslada con rapidez a los carburantes, mientras que un encarecimiento del gas se refleja tanto en el precio del gas natural como en la factura eléctrica, dado su papel clave en la generación de electricidad.

Los efectos indirectos son más graduales, pero también potencialmente relevantes. La energía forma parte de los insumos utilizados en múltiples procesos productivos, de modo que su encarecimiento, si persiste en el tiempo, se traslada, al menos en parte, al resto de productos. La experiencia de 2022 y de otros episodios históricos de aumento del precio de la energía sugiere que este traslado empieza a manifestarse alrededor de nueve meses después del shock inicial. A ello se suma el posible encarecimiento de otros inputs estratégicos, como los fertilizantes, un componente clave para el sector agrícola, en cuyo mercado Oriente Próximo juega un papel relevante como exportador.

La magnitud del impacto final dependerá de la intensidad y duración del shock energético, así como de la respuesta de la política fiscal. Nuestras estimaciones sugieren que un aumento del 10% del Brent en euros incrementa en 0,2 p. p. la inflación general, mientras que un aumento del 10% del gas tiene un efecto más contenido, de alrededor de 0,05 p. p. En un escenario con un precio medio del petróleo en 2026 cercano a los 85 dólares el barril y un precio del gas en torno a los 55 euros, cifras coherentes con los datos de futuros de mercados durante el mes de marzo, el impacto conjunto podría añadir hasta 1 p. p. a nuestra previsión de inflación para este año, actualmente situada en el 2,4%. El paquete de medidas fiscales anunciado por el Gobierno actuaría como un amortiguador. Suponiendo que las medidas se mantengan vigentes hasta junio –condición que, según la ley aprobada, depende de que la inflación de los carburantes y de la electricidad supere el 15% en abril–, estimamos que podrían reducir el impacto del shock en 0,4 p. p. y situar la inflación promedio de 2026 en torno al 3%. La tregua en las hostilidades anunciada recientemente, de consolidarse, ayudaría a limitar el repunte de la inflación, aunque también podría implicar que las medidas de apoyo fiscal finalicen anticipadamente.

Demanda externa: exposición directa limitada, riesgo indirecto de momento contenido

La exposición directa de España a los países del Golfo Pérsico es limitada.1 Las exportaciones de bienes y servicios a toda la zona apenas representaron un 2,0% de nuestras exportaciones, lo que equivale al 0,7% del PIB en 2025.

Para valorar qué porcentaje de esta exposición puede estar en riesgo, podemos tomar como referencia el año 2022. La guerra entre Rusia y Ucrania redujo a la mitad las exportaciones de bienes españolas a ambos países. Una caída del 50% de las exportaciones de bienes a la región, descontando el contenido importador, supondría unos 0,15 p. p. menos de crecimiento del PIB. Sin embargo, este umbral parece conservador dada la severidad del conflicto entre Rusia y Ucrania y la imposición de sanciones de la UE sobre Rusia.

Otro foco de riesgo proviene del deterioro del entorno internacional. A modo ilustrativo, estimamos que una ralentización de 1 p. p. en el crecimiento de nuestros mercados de exportación restaría en torno a 0,2 p. p. al crecimiento del PIB. Por ahora, no se prevé una ralentización tan marcada y, por ejemplo, el BCE recortó recientemente en 0,3 p. p. el crecimiento de las importaciones de la eurozona –nuestro principal socio comercial– como consecuencia del conflicto en Irán, una revisión que tendría un efecto reducido sobre nuestra economía.2 En todo caso, la relevancia de este canal dependerá de cómo evolucione el conflicto.

  • 1

    Líbano, Siria, Irak, Irán, Israel, Cisjordania/Gaza, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Catar, EAU, Omán y Yemen.

  • 2

    Las previsiones del BCE se realizaron bajo un supuesto de precio del Brent de 81,3 dólares/barril y de 46,4 euros/MWh del gas para el conjunto de 2026, un 30% y un 47% más, respectivamente, frente a las previsiones anteriores.

Incertidumbre y condiciones financieras

Cuando aumenta la incertidumbre, hogares y empresas tienden a posponer sus decisiones de gasto: los hogares retrasan la compra de bienes duraderos, mientras que las empresas aplazan sus inversiones hasta contar con mayor visibilidad.

Un aumento de una desviación estándar durante un trimestre del índice de incertidumbre económica del Banco de España se asocia con una pérdida de crecimiento del PIB de alrededor de 0,2 p. p. en el mismo año.3 Por ahora, si bien en marzo se ha visto un repunte notable del índice, este ha sido insuficiente para impactar de manera sustancial en el conjunto del 1T. Si el conflicto termina por encauzarse de manera relativamente rápida, el impacto de este canal debería ser limitado.

Por otra parte, los mercados anticipan entre dos y tres subidas de tipos del BCE durante 2026. Un incremento de 100 p. b. suele asociarse a una pérdida acumulada de alrededor de 0,4 puntos de PIB en un periodo de dos años, con la mayor parte del impacto concentrado en el segundo. Esto significa que, si el endurecimiento monetario termina materializándose, su efecto se notaría más en 2027 que en 2026.

Política fiscal: una palanca amortiguadora

El pasado 20 de marzo, el Gobierno presentó un plan de choque para mitigar el encarecimiento de la energía derivado de la escalada geopolítica en Oriente Próximo. Las medidas entraron en vigor el 22 de marzo y fueron posteriormente convalidadas en el Congreso de los Diputados.

El Gobierno estima que el paquete tendrá un coste cercano a 5.000 millones de euros –0,3 p. p. del PIB– si se mantiene vigente hasta el 30 de junio. El coste final dependerá tanto de la duración de la crisis como de la evolución de los precios energéticos, de la recaudación adicional asociada y del ajuste de la demanda. Se estima que alrededor del 60% del coste total –unos 3.000 millones de euros– proviene de la reducción de ingresos tributarios sobre la energía. Al tratarse de medidas temporales, deberían tener un impacto puntual sobre el déficit.

En cuanto a las principales medidas, el decreto articula una amplia batería de rebajas fiscales y ayudas sobre electricidad, carburantes y otros combustibles. En carburantes, el IVA baja del 21% al 10% y el impuesto especial de hidrocarburos se reduce al mínimo permitido por la UE.4 Se refuerza la supervisión de la CNMC, encargada de vigilar precios y márgenes, para evitar que las ayudas públicas acaben convirtiéndose en mayores beneficios.

En el ámbito de la electricidad, el IVA también se reduce al 10% y el impuesto especial de electricidad se fija en el 0,5% en lugar del 5,11%. Además, se suspende el impuesto a la producción eléctrica (IVPEE).5

En cuanto a las medidas sectoriales, destacan principalmente la subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para los sectores agrario y del transporte, extensiva también a autónomos y operadores sin derecho a devolución del impuesto, junto con una ayuda extraordinaria de 500 millones de euros para compensar el encarecimiento de los fertilizantes para los agricultores y bonificaciones de peajes para la industria electrointensiva.

El plan alivia de forma inmediata la factura energética de los hogares, permite contrarrestar parcialmente el impacto macro negativo de la guerra y tiene la ventaja de poder aplicarse con rapidez. Sin embargo, si fuera necesario prolongar las medidas más allá de junio, parecería conveniente focalizarlas algo más en los colectivos y sectores vulnerables para ganar efectividad y limitar el coste fiscal.6

  • 4

    El Impuesto sobre Hidrocarburos en España se sitúa aproximadamente en 38 céntimos por litro para el gasóleo y 47 céntimos por litro para la gasolina 95. De acuerdo con la Directiva 2003/96/CE, este impuesto solo podría reducirse hasta los mínimos armonizados de la UE, fijados en 33 céntimos por litro para el gasóleo y 35,9 céntimos por litro para la gasolina.

  • 5

    Tributo directo que grava la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico.

  • 6

    Véase Miralles, E. G. (2023). «Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: un análisis del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones desplegadas según su grado de focalización». Boletín Económico (2023/T1).

Impacto sobre la actividad: dos escenarios ilustrativos

Ofrecemos en la tabla dos escenarios ilustrativos, que no deben interpretarse como una previsión puntual, sino como una forma de ordenar los riesgos y aproximar su posible impacto macroeconómico.

Un primer escenario, más benigno, sería compatible con un conflicto que se resuelve de manera relativamente rápida y con daños escasos y reversibles sobre la infraestructura energética. Un segundo escenario, más adverso, contemplaría un conflicto de varios meses, con daños relevantes sobre la infraestructura energética, y una prolongación de las medidas de apoyo fiscal.

Bajo estos supuestos, el impacto sobre el crecimiento anual del PIB podría situarse en una horquilla de entre 2 décimas y menos de 1 p. p. (nuestra previsión antes de la guerra era del 2,4%). Es una banda amplia, pero precisamente esa amplitud refleja la magnitud de la incertidumbre que presenta la coyuntura actual.

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