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Informe Mensual - DossierJosep Mestres
¿Cómo se puede mejorar la eficacia de los servicios públicos de empleo?

Aparejar un puesto de trabajo específico con quien posee las habilidades idóneas para llevarlo a cabo requiere tiempo y esfuerzo tanto para las empresas con vacantes como para las personas que buscan trabajo. El objetivo de los servicios públicos de empleo (SPE) es facilitar la tarea y reducir con ello los costes de búsqueda mediante el diseño, la implementación y el seguimiento de las políticas de empleo, tanto activas como pasivas. En este artículo del Dossier analizamos en más detalle cuáles son sus funciones en la intermediación laboral y cómo pueden instrumentalizarse para que sean más eficaces.

La búsqueda de un puesto idóneo para las habilidades de cada uno resulta a veces un cometido difícil para el desempleado si no dispone de los recursos suficientes para la búsqueda de empleo, tanto en términos monetarios como de contactos o de conocimientos sobre el mercado laboral. La ayuda que proporcionan los SPE puede permitir emparejamientos de mayor productividad y salario, lo cual debería aumentar la eficiencia del mercado de trabajo. La labor de intermediación se puede ofrecer de manera directa a través de las oficinas públicas de empleo y de manera indirecta a través de intermediarios privados, según la situación. Las oficinas públicas de empleo disponen de mayores economías de escala si centralizan la información disponible sobre todos los desempleados y las vacantes existentes. Sin embargo, es importante diseñar un sistema de incentivos que asegure que los agentes públicos llevarán a cabo el esfuerzo adecuado, así como dotarles de medios suficientes para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz.

La externalización de la intermediación a agencias de colocación privadas puede ser beneficiosa, puesto que liberan recursos de los SPE y aumentan la competencia entre los intermediarios, lo que repercute en una mayor eficiencia operativa del mercado. Sin embargo requiere unas condiciones específicas, debido a los elevados costes de transacción (por las economías de escala) y de agencia. Los incentivos de los agentes privados pueden no ser los más óptimos desde un punto de vista social si, por ejemplo, se discrimina a los desempleados en función de su empleabilidad o si se asigna un empleo a un desempleado primando la celeridad en lugar del mejor emparejamiento con la empresa a medio plazo. Un caso paradigmático de este modelo es el de Australia, donde los servicios de intermediación están externalizados desde hace varias décadas, pero se han ido reformando para que los contratos especifiquen claramente unos objetivos medibles de manera precisa y tengan unos costes variables en función de la dificultad de la tarea de colocación.1 La importancia de esta labor de intermediación por parte de las agencias públicas y privadas no es la misma entre países (véase el gráfico). La intermediación privada tiene poca importancia en el norte de Europa en comparación con la pública, mientras que en el sur ambas poseen un peso similar. Sorprende la diferencia en el porcentaje de desempleados que contactaron con las oficinas públicas de empleo para encontrar trabajo entre los países de la UE: de más del 80% en Suecia a menos del 30% en Italia o España. Esto se debe a que tanto el tipo de servicios como su eficacia difieren según el país.

Las agencias de colocación pueden activar la oferta laboral, ante todo, ayudando directamente a los desempleados en la búsqueda de empleo. Este papel de acompañamiento puede materializarse en medidas que abarcan desde asistencias breves, como la elaboración de un CV o informar sobre en qué sectores hay más demanda de trabajo, hasta otras mucho más intensivas. Por ejemplo, los consejeros pueden elaborar, mediante entrevistas personales, un plan de acción individual para encontrar trabajo. Sin embargo, la calidad y la individualización de este plan específico son clave: sin un acompañamiento apropiado, la ayuda no será efectiva y los recursos se gastarán en vano. Asimismo, las agencias de colocación pueden monitorear y verificar la búsqueda activa de empleo de los desempleados, en particular de aquellos que cobran subsidios, y sancionarlos en caso de que no la lleven a cabo (véase para más detalle el artículo «El seguro de desempleo: ¿se puede mantener la red de seguridad al tiempo que se incentiva la búsqueda de trabajo?» en este mismo Dossier). Incluir la búsqueda activa de empleo como una condición necesaria para cobrar el subsidio es una medida que se asevera efectiva para aumentar la probabilidad de volver a trabajar (OCDE, 2015)2 y que usan la mayoría de países desarrollados, aunque no siempre se exige a todos los desempleados. Es importante, en todo caso, que la verificación sea efectiva para que no se acabe convirtiendo en un formalismo administrativo y también que se evite que su diseño tenga costes excesivos para el desempleado que le conduzcan a la inactividad en lugar de a una vuelta a la actividad laboral (Petrongolo, 2009).3

Los SPE pueden establecer claramente cuándo y cómo intervenir a lo largo del periodo de desempleo, con medidas distintas a corto, a medio y a largo plazo. Así, puede ser aconsejable que ciertas tipologías de parados busquen empleo directamente sin más intervención, por ejemplo, si tienen habilidades demandadas en el mercado laboral que hagan prever que encontrarán empleo de manera rápida. Pero, en otros casos, puede ser más útil un acompañamiento exhaustivo o incluso una pronta vuelta a la formación, si es muy poco probable que el parado pueda encontrar un nuevo empleo fácilmente (véase el artículo «Políticas activas de empleo: ¿son eficaces la formación y los subsidios al empleo para la reinserción profesional del parado?» del presente Dossier para más información), como podría ser el caso de los desempleados de larga duración o de grupos de difícil ocupación (por invalidez, origen inmigrante, etc.). Es decir, es importante identificar las necesidades específicas de cada individuo para poder aprovechar de manera óptima los recursos limitados del SPE. Para ello, el perfilado estadístico de los desempleados (la clasificación de desempleados en función de su empleabilidad, en probabilidad de salir del paro o de encontrar un empleo adecuado) puede ser una herramienta muy útil (Felgueroso, 2015).4 Varios países de la OCDE, como Australia, Alemania o Dinamarca, usan sistemas de perfilado estadístico al inicio del periodo de desempleo que clasifican a los individuos en un número predeterminado de grupos en función de sus necesidades específicas. Así, los SPE pueden ofrecer servicios más ajustados a cada grupo y optimizar el uso de sus recursos. En este sentido, es importante que el personal de los SPE disponga de la formación y los medios adecuados.

Las oficinas públicas de empleo pueden colaborar al mismo tiempo en satisfacer la demanda laboral de las empresas ayudándoles a cubrir sus vacantes. Las oficinas pueden contribuir a la selección de personal, por ejemplo, elaborando una lista de candidatos idóneos disponibles sin coste adicional para las empresas. Pero para ello es necesario que gocen de la confianza de los empresarios, quienes a menudo tienen una percepción negativa de los candidatos ofrecidos. Las oficinas públicas de empleo pueden incluso llegar a prestar servicios específicos de manera proactiva y a establecer una relación directa con las compañías.

Un buen diseño de las políticas de empleo llevadas a cabo por los SPE y de su implementación es imprescindible para mejorar su eficacia. Debe existir una buena coordinación entre las Administraciones si las competencias de gestión del subsidio de desempleo y de las políticas activas recaen en distintos organismos. Además, deben aprovecharse todas las mejoras que permiten las nuevas tecnologías para modernizar los servicios que proveen los SPE. Por ejemplo, la reciente creación en España del Portal Único de Empleo finalmente ha permitido que todas las ofertas de trabajo de las distintas Administraciones regionales estén disponibles en todo el territorio español.

En último lugar, no cabe duda de que los SPE deben asegurarse de que las políticas de activación que se implementen tengan los resultados deseados. Para ello, es imprescindible evaluar su impacto, ya sea mediante programas piloto de las nuevas medidas u otros análisis.5 Al fin y al cabo, solo unos SPE competentes que hagan uso de los recursos disponibles de una manera óptima podrán mejorar de forma sustancial su objetivo primordial, que es el de ayudar a encontrar trabajo a cualquier persona que lo esté buscando.

Josep Mestres Domènech
Departamento de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios, CaixaBank

1. OECD (2012), «Activating Jobseekers: How Australia Does It», OECD Publishing, París.

2. OECD (2015), OECD Employment Outlook 2015, «Activation policies for more inclusive labour markets» (chapter 3), OECD Publishing, París.

3. Petrongolo, B. (2009), «The long-term effects of job search requirements: Evidence from the UK JSA Reform». Journal of Public Economics 93: 1234-1253.

4. Felgueroso, F. (2015), «En el pleistoceno de las políticas de empleo», http://nadaesgratis.es/felgueroso/en-el-pleistoceno-de-las-politicas-de-....

5. Una iniciativa reciente en este sentido es la propuesta de la Administración Obama, según la cual se requiere evidencia empírica antes de implementar cualquier política social.

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