Compartir: 

Este mes de mayo de 2014, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) estamos convocados a unas nuevas elecciones para elegir a los miembros del Parlamento Europeo. Se trata de unas elecciones que a menudo se ven como secundarias; algo sorprendente, puesto que el Parlamento Europeo influye en cuestiones legislativas que tienen mucho impacto en la vida diaria del ciudadano europeo. De hecho, mucho más de lo que se imaginan los electores, especialmente después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009.

Este escaso conocimiento de la importancia del poder legislativo comunitario es consecuencia de la excesiva complejidad de las instituciones de la Unión. Asimismo, el Parlamento Europeo puede parecer una institución poco significativa porque los electores no ven que de él surja un verdadero «Gobierno europeo», a diferencia de lo que sucede con la mayoría de los Parlamentos de los países miembros.

La actual convocatoria introduce una novedad significativa en este aspecto: aunque no sea un requisito legal, se espera que el presidente de la Comisión Europea (CE) sea nombrado teniendo en cuenta los resultados de las elecciones y, en concreto, que sea el candidato propuesto por el grupo mayoritario del Parlamento.

Pero la CE no se puede considerar el Gobierno europeo, puesto que tiene funciones ejecutivas solo en un ámbito reducido de competencias. Además, a parte del presidente, su composición depende de los equilibrios políticos a nivel de cada país miembro y no a nivel europeo. El grueso de las funciones ejecutivas de la UE corresponde, de hecho, al Consejo Europeo, que en sus distintas configuraciones (los Consejos para diversas materias) no es más que una agregación de los Gobiernos de los países miembros, con reglas de ponderación del voto en función de las cuestiones que se planteen. El papel de figuras como el Presidente del Consejo o la Alta Representante para Asuntos Exteriores es, como en el caso de la CE, de menor relevancia.

Esta relación difusa entre las votaciones al Parlamento Europeo y los mecanismos mediante los cuales se decide gran parte de la legislación comunitaria (acuerdos entre el Consejo y el Parlamento, a partir de iniciativas impulsadas por la CE) se encuentra en la raíz de las críticas sobre la falta de legitimidad democrática de las instituciones europeas.

Si se tienen en consideración las enormes restricciones que impone este complejo marco institucional, la respuesta de la UE ante la crisis financiera internacional y la posterior crisis de deuda de la zona euro ha sido bastante satisfactoria. Se han utilizado los pocos instrumentos ejecutivos a disposición de la Unión para afrontar la crisis y se ha avanzado en la creación de nuevas instituciones para hacer frente a las carencias de la Unión Europea y Monetaria que la propia crisis ha dejado al descubierto.

Para algunas de las actuaciones más significativas (el refuerzo de la disciplina fiscal y la creación de organismos de apoyo financiero a los países débiles), la acción de la UE ha acabado instrumentándose fuera de los actuales tratados europeos, utilizando nuevos tratados entre Gobiernos. Este fenómeno, tal vez comprensible para hacer frente a situaciones de urgencia, ha añadido aún más complejidad al entramado institucional europeo y ha debilitado las instituciones supranacionales frente a los Estados miembros.

Durante los próximos cinco años de legislatura, el nuevo Parlamento Europeo afronta (conjuntamente con el resto de instituciones) muchos retos, especialmente para asegurar una recuperación económica sólida y la reducción de la elevada tasa de paro de la Unión. Pero tal vez lo más importante sea iniciar el camino de una profunda reforma institucional de Europa. Los objetivos de progreso económico y social de la Unión no se podrán encarar de manera sólida y creíble sin una mayor integración política, con las correspondientes cesiones de soberanía de los países miembros. Sin embargo, estas cesiones solo serán legítimas si la gobernanza de la Unión es comprensible por parte de la ciudadanía y percibida como democrática y justa, con los controles y equilibrios necesarios que logren que la acción de gobierno a nivel de Europa responda a los intereses de sus ciudadanos.

Jordi Gual

Economista Jefe

30 de abril de 2014

Compartir: