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Cada mes o trimestre que pasa, los datos confirman que la recuperación de la economía española es un hecho incuestionable. Incluso permiten afirmar que se trata de una recuperación sorprendentemente vigorosa. Crece a buen ritmo el PIB y también el empleo. Crecen las ventas minoristas, el turismo, el consumo de la electricidad, el comercio exterior e incluso el consumo de cemento. Después de siete años de grandes dificultades, durante los cuales se ha producido una fuerte reducción del empleo, caídas de la facturación de las empresas y contracciones de los salarios, el inicio de una bonanza se recibe con alivio pero también va acompañado de algunas advertencias que conviene examinar.

En otras ocasiones nos hemos ocupado de la necesidad de asegurar que la recuperación no dañe los equilibrios macroeconómicos del país, que a duras penas se han restablecido, especialmente en lo que se refiere al equilibrio externo y al de las finanzas públicas. Una advertencia muy distinta sobre la recuperación que también se suele hacer es la necesidad de que los beneficios que implica se repartan equitativamente entre la población, puesto que, de esta manera, se alcanzarán dos objetivos: corregir los desequilibrios de renta generados a lo largo de los años de crisis y amainar las tensiones sociales que se pueden desatar si la reactivación económica deja atrás a grupos sociales ya fuertemente golpeados por la recesión.

Esta recomendación de política económica es, sin duda, bien intencionada y es, por tanto, normal compartirla. De todas formas, se debe tener presente que, en un país con una tasa de paro de alrededor del 23%, la principal fuente de desigualdad en la recuperación, como lo fuera en la recesión, no son ni las diferencias entre sectores ni las diferencias entre las retribuciones del factor trabajo y las otras rentas. El elemento clave que explica el aumento de los índices de pobreza relativa en los últimos años es la evolución del mercado de trabajo. Sin lugar a dudas, las capas sociales más perjudicadas por la crisis han sido las de aquellos que han perdido el trabajo o que han llegado al mercado de trabajo y no han encontrado colocación. De la misma manera, en el momento de la expansión, aunque se están creando puestos de trabajo a un ritmo interanual del 3,5%, los beneficios de la reactivación no llegan a mucha gente que todavía está en el paro y no tiene perspectivas inmediatas de encontrar trabajo. Aunque los flujos del mercado de trabajo son muy positivos, el stock del paro solo se vacía gradualmente y, por tanto, constituye un problema social de primera magnitud.

Por otra parte, las economías de mercado, como lo es la de España a pesar de que exista una presencia substancial del sector público, no son economías en las que la Administración haya de determinar de manera significativa cómo se distribuyen las rentas generadas por un proceso de reactivación económica como el que estamos viviendo. Con la expansión, y más después de los fuertes ajustes de precios y salarios que hemos experimentado, se relanzan unos sectores más que otros, que siguen estancados. Y las rentas (beneficios y salarios) que obtienen los sectores más dinámicos están condicionadas, fundamentalmente, por el mantenimiento o la mejora de la competitividad. La política económica puede y ha de actuar cuando algunos de los sectores que más beneficios obtienen en la recuperación lo hacen en un marco de competencia insuficiente. Es decir, es necesario asegurar que no haya sectores monopolizados en la economía y, especialmente, que no se utilicen como instrumentos anticompetitivos las regulaciones restrictivas que muchas veces la propia Administración ha introducido.

La clave para asegurar que los beneficios de la recuperación lleguen a toda la sociedad es, pues, conseguir un crecimiento económico que se fundamente al máximo en la creación de puestos de trabajo y que sea rápido, pero sostenible. La sostenibilidad pasa por respetar los equilibrios macroeconómicos. La intensidad en ocupación requiere políticas empresariales que no penalicen el uso del factor trabajo, que promuevan la aparición de nuevos proyectos empresariales y el impulso firme de los existentes, y que faciliten la reasignación eficiente de recursos entre las distintas actividades productivas.

Jordi Gual

Economista jefe

31 de mayo de 2015

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