FMI y la Comisión Europea evalúan favorablemente el programa de reformas
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE) analizan trimestralmente el progreso en la implementación del Memorando de Entendimiento (conocido como MoU por sus siglas en inglés) que acompañó el préstamo del MEDE a España en julio de 2012 para recapitalizar la banca. En su tercer informe, publicado en julio, ambas instituciones emiten una valoración global positiva.
FMI y CE coinciden en destacar que la inmensa mayoría de las medidas especificadas en el MoU ya se han aplicado. Destacan las recapitalizaciones realizadas a través del FROB y las transferencias de activos problemáticos a la Sareb. También se han completado los ejercicios de reparto de pérdidas entre accionistas y tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada. Gracias a todo ello, las ratios de solvencia de todas las entidades identificadas como problemáticas en los test de resistencia del año pasado, junto con las del resto de entidades, superan actualmente el mínimo regulatorio.
Uno de los retos de ahora en adelante es mantener los niveles de solvencia alcanzados. En este sentido, los organismos internacionales subrayan las presiones que todavía se ciernen sobre la banca española: un entorno macroeconómico débil, lo que implica un volumen creciente de provisiones para créditos dudosos; el aumento también de provisiones ligadas a créditos refinanciados, de acuerdo a los nuevos criterios del Banco de España; la entrada en vigor de Basilea III, que penaliza especialmente a las entidades españolas por su elevado nivel de activos fiscales diferidos (que deberán deducirse del capital); y los potenciales costes derivados de la sentencia sobre la eliminación de cláusulas suelo no transparentes, de los arbitrajes en curso de preferentes y deuda subordinada, o de algunas iniciativas legislativas en temas de vivienda a nivel de comunidad autónoma.
Las principales estrategias y recomendaciones para hacer frente a dichas presiones incluyen: reforzar la capacidad de generación de beneficios de las entidades financieras, lo que implica un importante ajuste de costes dada la limitada capacidad de generar nuevos ingresos; restringir la distribución de dividendos, en línea con la comunicación del Banco de España del pasado junio, limitando el pago en efectivo al 25% de los beneficios; y considerar la conversión de los activos fiscales diferidos en créditos fiscales (como, por ejemplo, hizo Italia recientemente).
Además de mantener un nivel adecuado de capital, se señalan otras medidas para estimular el crédito: a nivel español, por ejemplo, más financiación a la banca por parte del ICO para crédito a pyme y una continuación de los programas de pagos a proveedores de las administraciones públicas, lo que inyecta liquidez y mejora la solvencia de multitud de empresas. El FMI en especial también destaca la necesidad, a nivel europeo, de acelerar y profundizar la unión bancaria para romper el vínculo entre sistema bancario y soberano y, de esta manera, conseguir que las empresas puedan captar financiación de acuerdo a sus propios méritos, sin ser penalizados por su país de origen.
Los organismos internaciones también subrayan la necesidad de continuar con la reestructuración de las entidades nacionalizadas. Más concretamente, el FMI urge la concreción de la «estrategia de salida» del Estado en cada caso. En este sentido, el Gobierno ha anunciado que prevé vender las participaciones del FROB en NCG Banco y Catalunya Banc en los próximos meses.
En cuanto a la Sareb, se destaca el reto que supondrá la implementación de su plan de negocio. En este sentido, la CE y el FMI aconsejan basar dicho plan en previsiones de precios de la vivienda más conservadoras que las actuales.
Entre las pocas medidas pendientes de estar implementadas completamente, destaca la Ley de Fundaciones Bancarias. La propuesta que se encuentra actualmente en proceso de tramitación en las Cortes contiene, tal y como especificaba el MoU, incentivos para que las cajas de ahorro reduzcan sus posiciones como accionistas mayoritarios en los bancos que controlan. Su aprobación está prevista antes de final de año.
