Claves del Plan de Choque: ¿qué medidas se van a tomar en España para paliar el impacto de la guerra de Ucrania?

Desgranamos las principales medidas del Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, mediante el cual se movilizarán hasta 16.000 millones de euros para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española.

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11 de abril de 2022
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El Consejo de Ministros del 29 de marzo aprobó el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra mediante el cual se movilizarán hasta 16.000 millones de euros para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española. Este paquete costará unos 6.000 millones de euros (el 0,5% del PIB), contará con 10.000 millones de avales ICO y la mayoría de las medidas estarán en vigor entre el 1 de abril y el 30 de junio. A continuación, pasamos a desgranar las principales medidas a partir de tres ejes: las familias, el tejido productivo y el mercado eléctrico.

Medidas para mitigar el impacto en las familias

Una de las principales medidas es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio para todos los usuarios. El Estado asumirá 15 céntimos y las petroleras 5 céntimos (solo aplica a las que tengan una cifra anual de negocios superior a 750 millones, en el resto de los casos el Estado también asumirá los 5 céntimos). Su coste para las arcas públicas está estimado en 1.423 millones de euros. Es esencial que esta bonificación se realice de forma ágil y coordinada; en este sentido, se aplicará de forma inmediata un descuento en la factura en el propio punto de venta y repostaje, de tal forma que la Agencia Tributaria tendrá que devolverlo en un futuro al vendedor o se podrá solicitar un anticipo a cuenta.

En el ámbito laboral, se establece una prohibición de despidos objetivos para las empresas beneficiarias de ayudas públicas o que reciban bonificaciones por ERTE si se aduce como causa un aumento de los costes energéticos.

En materia de mercado inmobiliario, las revisiones de precios de los alquileres durante los próximos tres meses no podrán superar la variación anual del índice de garantía de competitividad (IGC). Como legalmente este índice se aplica en valores entre el 0% y el 2%, esta medida está fijando un tope máximo del 2,0%, aunque con un matiz: en el caso de grandes tenedores, el aumento del alquiler en ningún caso podrá superar el aumento del IGC, pero para el resto de propietarios podría excederlo si así se acuerda con el inquilino.

Asimismo, se dará un mayor apoyo a los colectivos más vulnerables: durante tres meses se aumenta un 15% la cuantía de la ayuda del IMV (estimamos que el coste es de unos 110 millones de euros) y se mantendrán hasta el 30 de junio los mayores descuentos del bono social eléctrico (del 60% en lugar del 25% para colectivos vulnerables y del 70% en lugar del 40% para casos graves)1 en la factura regulada (PVPC), con una novedad: el bono social se extiende a 600.000 nuevas familias (en conjunto, 1,9 millones de hogares beneficiados) tras ampliarlo a todos los perceptores del ingreso mínimo vital con contrato de suministro.

  • 1. Para ser considerado «consumidor vulnerable» hace falta que el nivel de renta de la unidad familiar sea igual o inferior: i) 1,5 veces el IPREM 12.159,42 €/año, si no existe unidad familiar o NO hay menores en la misma o ii) 2 veces el IPREM 16.212,56 €/año si además existen circunstancias especiales.
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Medidas para mitigar el impacto en el tejido productivo

Las medidas de apoyo al tejido productivo se centran en aquellos sectores más afectados por el aumento de los costes de producción derivado del aumento de precios de la energía y los alimentos tras el inicio de la guerra. En particular, se canalizarán ayudas directas de 169 millones de euros a los productores lácteos (124 millones para los productores de leche de vaca, 32,3 millones para los productores de leche de oveja y 12,7 millones para los productores de leche de cabra, con un máximo de 35.000 euros por empresa) y de 193 millones de euros para las explotaciones agrícolas. En pesca, se canalizarán ayudas directas de 68 millones de euros que incluyen 18 millones para compensar a los buques pesqueros y 30 millones para compensar a los pescadores por el aumento de costes.

El sector del transporte también recibirá apoyo: además de ser uno de los principales beneficiados por la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible, se inyectarán 450 millones de euros en ayudas directas al sector según el tipo de vehículo (1.250 € por camión, 900 € por autobús, 500 € por furgoneta y 300 € por ve­­hículo ligero).

La industria, gran consumidora de energía, también verá mitigado el importante aumento de sus costes: se destinarán 500 millones de euros en ayudas directas para cubrir el 80% de los peajes hasta fin de año y compensar por los costes indirectos de emisión de CO2. A ello se suman 125 millones para industria gasintensiva (papel, cartón, vidrio y cerámica). Finalmente, en materia de ciberseguridad se fortalecerá la seguridad de la red 5G con una dotación de 1.200 millones de euros.

A esta batería de ayudas directas, muy focalizadas, se sumará una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros hasta finales de año, cuyos requisitos y condiciones todavía no se han especificado. Asimismo, se flexibilizan las condiciones para ampliar vencimientos en las líneas de avales COVID (no será necesario que la caída de la cifra de negocios fuera superior al 30% en 2020 respecto a 2019) y se otorgará un periodo de carencia adicional de seis meses a los sectores más afectados (transportes por carretera, agricultura, pesca y ganadería).

Medidas en el mercado eléctrico

El Gobierno de España, conjuntamente con el de Portugal, ha presentado a la Comisión Europea una propuesta de fijación de precio de referencia del gas que se utiliza para la producción de electricidad. Este esquema todavía no se ha aprobado, por lo que no forma parte del Plan de Choque, pero resultará clave para mitigar las presiones inflacionistas, la erosión de poder adquisitivo de las familias y los costes de empresas.

Lo que sí que se ha incluido en el Plan es extender hasta el 30 de junio la rebaja de impuestos vigente en la factura eléctrica de pequeños consumidores: IVA del 21% al 10% (que supondrá una merma de ingresos de 217 millones de euros), impuesto especial de la electricidad del 4,11% al 0,5% (merma de ingresos de 224 millones) y suspensión del impuesto del valor de producción de la energía eléctrica IVPEE (merma de ingresos ≈1.356 millones de euros).

Además, se ha procedido a una actualización del régimen retributivo de plantas de energía renovable y uso de residuos. Ello comporta una rebaja en 2022 de cargos del sistema eléctrico de hasta el 55% por valor de 1.800 millones.

Asimismo, se ha prorrogado hasta el 30 de junio la minoración de los «beneficios extraordinarios» en el mercado eléctrico vinculados a los elevados precios del gas, y se amplía su ámbito de aplicación a la energía contratada a plazo y a precio fijo, si dicho precio es superior a 67 €/MWh, tras el aval de la Comisión Europea en su toolbox de principios de marzo. Los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos repercutidos a los consumidores.

En definitiva, el Gobierno ha tomado medidas para atenuar el shock inflacionista asociado a la guerra en Ucrania. El impacto en déficit será cercano a 0,5 p. p. de PIB. Se trata de medidas temporales que, en consecuencia, no deberían impactar en el déficit estructural y que, en general (la bonificación generalizada a los combustibles es la excepción), están focalizadas en los hogares más vulnerables y en los sectores productivos más perjudicados por el alza de los precios.

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