NGEU: la ejecución va avanzando, pero llega la hora de la verdad
La ejecución de los fondos Next Generation (NGEU) a través del Plan de Recuperación y Resiliencia continúa ganando tracción, aunque el calendario aprieta y la recta final obliga a redoblar esfuerzos. No en vano, el 31 de agosto, como fecha límite, deberán haberse asignado todas las inversiones financiadas con subvenciones y préstamos mediante la resolución de las convocatorias y licitaciones pertinentes, y deberá justificarse ante la Comisión Europea el cumplimiento de todos los hitos. Asimismo, España deberá presentar las solicitudes de pago antes del 30 de septiembre, mientras que la Comisión tendrá como fecha límite el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos, ya que solo dispondrá hasta entonces para certificar las inversiones, es decir, acreditar que el dinero se ha destinado a los proyectos comprometidos.
El estado de la cuestión y un cronograma apretado
España ha completado, según datos del Scoreboard del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que elabora la propia Comisión Europea, el 54% de los hitos previstos en el Plan, incluidos los más estructurales –reforma laboral y de pensiones–; sin embargo, aún quedan 224 hitos por cumplir, asociados a 24.800 millones en transferencias y 6.500 millones en préstamos. Muchos de estos hitos exigen inversiones complejas: el despliegue de renovables, la digitalización de pymes, las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos, la modernización de regadíos, la rehabilitación energética de viviendas y las actuaciones en gestión del agua. Entre los hitos pendientes más retadores figuran la digitalización de administraciones regionales y locales y la parte de la reforma fiscal comprometida referente al aumento de la tributación del diésel.
En cuanto a las transferencias, España ha recibido desembolsos de la Comisión Europea por valor de 55.090 millones de euros, sobre un total asignado de 79.800 millones. Asimismo, tras la aprobación de la Adenda por parte de la Comisión Europea, España optó, a finales de 2025, por no solicitar la práctica totalidad de los préstamos del NGEU, de modo que, finalmente, solo recurrirá a 22.800 millones de euros, frente a los 83.200 millones previstos inicialmente. Esta decisión se explicó porque el coste de la financiación del NGEU era, a finales del año pasado, muy similar al de la financiación en los mercados. De los 22.800 millones en préstamos, la Comisión Europea ya ha transferido 16.270 millones hasta la fecha.
A principios de marzo, España presentó la sexta solicitud de pago del Plan de Recuperación. El importe solicitado asciende a 7.256 millones de euros –6.205 millones en transferencias y 1.051 millones en préstamos–. Una vez que la Comisión valide esta solicitud, el porcentaje de hitos satisfecho por España ascenderá del 54% al 70%, lo que la situaría entre los países europeos con mayor grado de cumplimiento.1
El impacto del NGEU en el crecimiento del PIB de 2026 se estima entre 0,4 p. p. y 0,6 p. p. Este impulso procede de dos vectores diferenciados pero complementarios. Por un lado, en 2026 deberán ejecutarse todos los fondos pendientes en subvenciones: 15.000 millones, según la herramienta ELISA del Ministerio de Economía, y más de 20.000, según la AIReF, aunque 2.800 ya están asignados al Fondo España Crece, que invertirá más allá de 2026. La cifra encaja con el ritmo de ejecución de años anteriores, pero el desafío radica en concentrar toda esta actividad antes del 31 de agosto, plazo límite fijado por el mecanismo europeo. Por otro lado, se espera un mayor dinamismo en los proyectos financiados con préstamos, tras un 2025 en el que su despliegue fue todavía incipiente. Hasta noviembre de 2025, se habían aprobado operaciones financiadas con estos préstamos por alrededor de 7.000 millones de euros y existía, además, un pipeline de proyectos en fase de identificación y evaluación por un importe adicional cercano a 5.000 millones.
En este contexto, 2026 será un año decisivo. Más allá de este año, las inversiones seguirán desplegándose sin un efecto acantilado, apoyadas por la creación de un fondo soberano llamado España Crece, que se financia con 10.500 millones de euros en préstamos Next Generation no utilizados y con 2.800 millones adicionales en transferencias no reembolsables, que elevan el capital inicial asociado a esta iniciativa a 13.300 millones. El fondo será gestionado por el ICO, que coinvertirá con el sector privado en proyectos estratégicos para elevar el crecimiento potencial.
Tras haber revisado el cronograma, analizamos en la siguiente sección cómo está avanzando la ejecución en la práctica.
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Entre los principales países europeos, Alemania ha cumplido el 61% de los hitos, Italia el 64%, Polonia el 45%, Portugal el 60% y Francia el 83%.
Ejecución hasta 2025: más luces que sombras
Entre 2021 y diciembre de 2025, se habían «ejecutado» –es decir, resuelto convocatorias y licitaciones por las distintas Administraciones públicas– 59.000 y 64.900 millones de euros en subvenciones del NGEU, según el Monitor de la AIReF y la herramienta ELISA del Ministerio de Economía, respectivamente, lo que equivale a entre el 74% y el 81% del total del programa (79.800 millones de euros).2 El ritmo de ejecución anual en 2025 fue ligeramente superior al de 2024: en 2025 se ejecutaron alrededor de 15.000 millones de euros,3 lo que supone cerca de 1.000 millones más que en 2024, un aumento en el que coinciden ambas métricas.
Si miramos la última fase de ejecución, es decir, los fondos que han llegado al tejido productivo, las cifras son inferiores a las adjudicadas en convocatorias y licitaciones, ya que transcurre un tiempo hasta que se realiza el pago y, en ocasiones, los beneficiarios deben presentar documentación adicional, lo que demora su recepción. Según Eurostat, el gasto público efectivo financiado por fondos europeos NGEU fue de 31.000 millones entre 2021 y 2024. Asimismo, entre 2021 y noviembre de 2025, la Administración General del Estado realizó pagos por valor de 46.000 millones de euros, montante que incluye transferencias a otras administraciones y entes o empresas públicos.
El análisis por componentes hasta diciembre de 2025 desarrollado por la AIReF muestra una fotografía heterogénea. El segundo gráfico revela que las áreas con mayor grado de ejecución relativa respecto a la dotación total son movilidad sostenible –tanto urbana como de larga distancia–, conectividad digital y política industrial. En cambio, los retrasos más acusados se concentran en rehabilitación energética y regeneración urbana (que incluye las rehabilitaciones del parque residencial y la construcción y rehabilitación de más de 20.000 viviendas de alquiler social), energías renovables, recursos hídricos, formación profesional y educación, turismo y ciencia y tecnologías. Cabe destacar que faltan por ejecutar casi 2.500 millones en rehabilitación y regeneración y cerca de 2.000 millones de euros en turismo, formación profesional y aptitudes digitales.
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Es normal que los números no coincidan completamente; la diferencia metodológica clave reside en el criterio de registro. ELISA considera una convocatoria como «resuelta» cuando existen adjudicatarios finales identificados, aunque no se haya producido todavía la firma de contratos ni, en algunos programas, una concesión individualizada en sentido estricto. En cambio, el Observatorio de la AIReF solo incorpora contratos una vez firmados y subvenciones cuando existe un acto formal de concesión con beneficiario e importe concreto, por lo que su seguimiento se sitúa en una fase posterior del proceso administrativo.
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En concreto, 15.800 millones según ELISA y 14.900 según la AIReF.
El análisis regional muestra que las comunidades más grandes en población y PIB encabezan el volumen total de fondos ejecutados.4 Sin embargo, esta ventaja se reduce al ajustar los datos por habitante. En términos per cápita, destacan regiones con menor población pero con grandes proyectos industriales, como Aragón, cuyo dinamismo se explica por inversiones vinculadas al PERTE del vehículo eléctrico –incluyendo la planta de baterías, la expansión de Stellantis y otros proyectos asociados–. Otras regiones, como Asturias o La Rioja, también reflejan este patrón, con una elevada ejecución per cápita.
El balance, por tanto, es relativamente positivo, pero no conviene caer en la complacencia: la ejecución avanza, el impacto macro se consolida y las reformas más relevantes ya están en marcha, pero la hora de la verdad está a la vuelta de la esquina. La capacidad para movilizar, priorizar y absorber el grueso de las inversiones pendientes determinará si el Plan cumple plenamente su promesa transformadora.
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Se incluyen todas las convocatorias y licitaciones en cada comunidad, ya sean convocadas por la Administración central, la autonómica o la local.
