• Evolución de la desigualdad en tiempo real y efectividad del estado del bienestar para amortiguar el impacto de la crisis

    España
    Desigualdad

    Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE), Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research), Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE).

    Oriol Aspachs
    Alberto Graziano
    Josep Mestres Domènech
    España
    Desigualdad
    COVID-19
    Desigualdad
    Políticas económicas contra la COVID-19
    Crisis COVID-19: perspectivas económicas
  • Oriol Aspachs
    Ruben Durante
    Alberto Graziano
    Josep Mestres Domènech
    Jose G. Montalvo
    Marta Reynal-Querol
  • El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario

    cataláninglés

    El pasado julio se cristalizó la respuesta económica europea a la crisis de la COVID-19: el Consejo Europeo aprobó el Plan de Recuperación Europeo, el llamado NGEU, a través del cual la Unión Europea otorgará hasta 750.000 millones de euros a sus Estados miembros para impulsar la recuperación de la economía tras el shock de la pandemia. Se trata de un acuerdo sin precedentes, que podría tener un impacto considerable sobre el sector inmobiliario europeo, ya que uno de los objetivos principales de la UE, al que este Plan de Recuperación pretende contribuir significativamente, consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Está claro que la renovación del parque de edificios europeo, donde se realiza un 40% del consumo energético del continente, será clave para lograr este objetivo climático.

    Plantilla

    plantilla_article_vs05

    Pre Titulo
    Miniatura
    Área geográfica
    El funcionamiento del Plan de Recuperación y el reto climático

    El elemento principal del NGEU, el Mecanismo de Recuperación, otorgará entre 2021 y 2026 hasta 312.500 millones de euros en transferencias y 360.000 millones en préstamos a los Estados miembros, según su tamaño y el impacto de la crisis de la COVID-19 que hayan sufrido. Según las previsiones actuales de la Comisión Europea, se estima que España e Italia podrían llegar a recibir unos 60.000 millones de euros (un 4,8% y 3,7% del PIB, respectivamente)1 del Fondo de Recuperación; Francia, unos 30.000 millones (1,3% del PIB); Portugal, 13.000 millones (6,2% del PIB), y Alemania, unos 20.000 millones (0,6% del PIB). Para acceder a estos fondos, los países de la UE deben elaborar Planes de Recuperación Nacionales y detallar tanto los proyectos de inversión que financiarán con los fondos como las reformas que los acompañarán. Estos proyectos y reformas deberán contribuir a cuatro objetivos generales: i) la promoción de la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, ii) el fortalecimiento de la resiliencia económica y social, iii) la mitigación del impacto social y económico de esta crisis, y iv) el apoyo a las transiciones ecológica y digital. Además, cada plan de recuperación y resiliencia deberá destinar un mínimo del 37% del gasto a cuestiones relacionadas con el clima.2

    • 1. Los 72.000 millones que España espera recibir de la UE incluyen 12.500 millones del fondo REACT-EU.
    • 2. Para más detalles, léase el artículo «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Plan de Recuperación europeo y nunca se atrevió a preguntar», disponible en https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/todo-lo-siempre-quiso-saber-sobre-plan-recuperacion-europeo-y?987
    El Fondo de Recuperación europeo NGEU tiene una dotación elevada

    y puede suponer un revulsivo importante para renovar el parque de edificios europeo, una condición sine qua non para alcanzar los objetivos de emisiones acordados.

    Renovación del parque de edificios europeo: un objetivo clave

    La Comisión Europea ha identificado la renovación del parque de edificios europeo como una de las prioridades para la transición ecológica. Más de 200 millones de edificios, que representan el 85% del parque europeo, fueron construidos antes de 2001 y la mayoría no son energéticamente eficientes. En el gráfico siguiente se puede ver que en muchos países, sobre todo en España, todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar la eficiencia energética media del parque de viviendas. La velocidad de renovación actual es demasiado lenta para cumplir con el objetivo de la reducción de las emisiones en un 55% en 2030. Según la Comisión, son necesarios unos 90.000 millones de euros por año en inversiones públicas y privadas europeas para lograr el ritmo de renovación deseado. 

    Proporción de viviendas por grado de eficiencia

    Porcentaje del parque nacional de viviendas por grado de eficiencia EPC (%)

    p 18

    Ante esta situación, la Comisión Europea recomienda que la renovación del parque de viviendas sea una de las prioridades de los planes de recuperación nacionales. Estas renovaciones podrían contribuir de manera simultánea a los dos objetivos europeos de transición ecológica y digitalización de la economía, por ejemplo, a través de edificios «inteligentes» que pueden ser más eficientes desde un punto de vista energético e incluso producir su propia energía. 

    p 19

    En consecuencia, Alemania, Francia y España ya han anunciado una serie de medidas de renovación que cuentan financiar con fondos europeos. En Alemania, el Gobierno ha comunicado que aumentaría la dotación de su programa de renovación energética de edificios de los 1.500 millones de euros iniciales a 2.500 millones, y también ha dado a conocer la creación de un nuevo programa, dotado de 2.000 millones de euros, para promover la adaptación climática de edificios municipales. En Francia, el Plan de Relance incluye 6.700 millones de euros entre 2021 y 2022 para renovar viviendas privadas, locales de pymes, edificios públicos y edificios de vivienda social.

    En el siguiente artículo, veremos cómo España utilizará los fondos europeos para financiar una ola de renovación del parque de edificios español.

    Destacado Economia y Mercados
    Desactivado
    Destacado Analisis Sectorial
    Activado
    Destacado Área Geográfica
    Desactivado
  • NGEU: una oportunidad para relanzar el sector inmobiliario español

    cataláninglés

    El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española puede ser un importante catalizador para el sector inmobiliario. Con la ayuda de los fondos europeos, el Gobierno prevé rehabilitar medio millón de viviendas entre 2021 y 2023, con la finalidad de mejorar su eficiencia energética y contribuir así a alcanzar los objetivos de descarbonización acordados. Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado contemplan un notable incremento de la dotación destinada a aumentar el parque de vivienda social en alquiler, una política muy necesaria ante el agravamiento de los problemas de asequibilidad de
    los alquileres para los grupos de población más vulnerables.

    Plantilla

    plantilla_article_vs05

    Pre Titulo
    Miniatura
    Área geográfica
    Next Generation EU: una oportunidad histórica para la economía española

    El Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU), representa una oportunidad única para modernizar la economía española y aumentar su crecimiento potencial. No en vano, España recibirá unos 72.000 millones de euros en transferencias no reembolsables entre 2021 y 2026, lo que equivale al 5,8% del PIB de 2019.1 Aunque el primer pago de la Comisión Europea no se espera hasta mediados de 2021,2 el Gobierno prevé anticipar fondos para acelerar las inversiones y espera ejecutar 26.634 millones de euros en 2021, según recoge el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una parte importante, tal como veremos, se destinará a apoyar la transición ecológica y digital del sector inmobiliario.

    • 1. Dicha cantidad puede llegar a 140.000 millones de euros si incluimos los préstamos. Para más detalles, léase «Next Generation EU: una oportunidad de oro para la economía española», disponible en https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/next-generation-eu-oportunidad-oro-economia-espanola?index
    • 2. Se espera que la UE desembolse el primer tramo de los fondos, de 6.400 millones de euros, en el 3T 2021.
    NGEU y PGE 2021: una importante dotación destinada a políticas de vivienda

    En materia de vivienda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado por el Gobierno español para canalizar los fondos europeos del NGEU3 se centra especialmente en el plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Esta política está bien alineada con los objetivos fijados por la Comisión, ya que la renovación del parque de edificios europeo es una de las prioridades clave.4 Así, el PRTR subraya la importancia de mejorar la habitabilidad e impulsar el sector de la construcción en clave sostenible (mejorando la eficiencia energética, impulsando infraestructuras verdes y desplegando techos solares) y digital (mediante aplicaciones inteligentes en edificios). En concreto, el PRTR contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023. Se trata de un objetivo ambicioso, muy positivo para el sector si se materializa y, como veremos a continuación, el impacto medioambiental puede ser muy significativo dada la situación actual del parque de viviendas.

    • 3. En octubre, el Gobierno presentó un esbozo del Plan con las líneas maestras. El Plan definitivo se debe remitir a la Comisión Europea antes del 30 de abril de 2021 y se espera que el Consejo Europeo lo apruebe en junio de 2021.
    • 4. Véase el artículo «El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario» en este mismo Informe Sectorial.
    Alrededor de un 6% de los fondos europeos NGEU

    se destinarán a la rehabilitación de viviendas con lo que se triplicará la inversión pública en este ámbito.

    Según el Ministerio de Política Territorial, se destinarán 4.500 millones de euros del NGEU (un 6,25% del total de transferencias) para la rehabilitación de viviendas en los próximos años. En 2021, según se recoge en los PGE, se canalizarán 1.651 millones de euros a cargo del NGEU para financiar políticas de vivienda y de fomento de la edificación. Si se materializa, esta cantidad por sí sola representaría más del triple de las partidas de vivienda incluidas en los PGE durante el promedio de los últimos cinco años, cuando oscilaban entre los 460 y los 510 millones de euros por ejercicio. Además, este montante representa un 73% del total presupuestado en los PGE 2021 en políticas de vivienda (2.253 millones de euros) y un 6,2% de los mencionados 26.634 millones de euros de fondos europeos NGEU que se esperan ejecutar en 2021. 

    Los PGE 2021 incluyen una dotación presupuestaria de 2.253 millones de euros en materia de vivienda,

    de los cuales 1.651 millones proceden de fondos europeos y se destinarán a rehabilitación de vivienda y, por otra parte, 569 millones se destinarán a políticas sociales de vivienda.

    p 22

    Los 1.651 millones de euros de fondos del NGEU en 2021 se utilizarán en tres programas: uno para la rehabilitación de entornos residenciales (viviendas y barrios), gestionado principalmente por las comunidades autónomas mediante convenios y por valor de 1.550 millones de euros; otro centrado en la rehabilitación digital y sostenible de edificios públicos, por valor de 81 millones, y un último dotado de una partida de 20 millones para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico. De este modo, aunque los fondos europeos no financiarán directamente programas de vivienda social, permitirán liberar fondos para aumentar la dotación en este ámbito en los PGE 2021: la dotación total presupuestada de 2.253 millones de euros para vivienda incluye 569 millones de euros para vivienda social, lo que supone un aumento del 20% respecto a los presupuestos anteriores. Esta dotación se destinará principalmente a ayudas al alquiler para familias vulnerables y al plan de 20.000 viviendas para alquiler social. 

    Por otra parte, los PGE contemplan 500 millones de euros en fondos NGEU destinados a economía circular, lo que debería permitir un mejor aprovechamiento de los recursos y aumentar la competitividad de diversos sectores estratégicos. Sin embargo, no han trascendido los detalles acerca de si una parte del presupuesto se dedicará específicamente al sector de la construcción.

    El parque de viviendas en España: envejecido e ineficiente energéticamente

    El plan de rehabilitación de la vivienda supone una oportunidad única para impulsar la descarbonización del sector inmobiliario, pero también para paliar algunas de las problemáticas actuales de la vivienda. En particular, al envejecimiento del parque (el 50% de las viviendas en España tiene 40 años o más), se suma una elevada variabilidad en cuanto a características y prestaciones, en términos de eficiencia energética, habitabilidad
    o accesibilidad. 

    España tiene un parque de viviendas envejecido

    y una gran parte se construyó prestando poca atención a la eficiencia energética.

    En algunos casos, estas diferencias son fruto de la normativa técnica vigente en el momento de la construcción. Por ejemplo, como muestra el siguiente gráfico, la mitad del parque residencial en España fue construido antes de que entrara en vigor la primera normativa básica de edificación, en 1980. Es decir, unos 12,8 millones de viviendas se construyeron siguiendo normas que regulaban la seguridad de las estructuras, pero que no contemplaban cuestiones relativas al aislamiento térmico o el consumo energético.5 Asimismo, un 44% adicional de viviendas (unos 11,4 millones) fueron construidas entre 1981 y 2007, antes de que entrara en vigor el Primer Código Técnico de Edificación, que establecía requisitos mínimos en materia de seguridad, habitabilidad y eficiencia energética.6 El resultado es que el parque residencial en España es en su gran mayoría ineficiente desde el punto de vista energético y requiere de una actualización profunda para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con los que se ha comprometido España. 

    • 5. A partir de 1960, se introdujeron varias ordenanzas provinciales que regulaban, aunque de forma tímida, el aislamiento térmico de las viviendas de protección oficial.
    • 6. No obstante, al estar construidas con posterioridad a la normativa básica de edificación CT-79, estas viviendas disponen de un cierto grado de aislamiento térmico (en fachadas y cubiertas), lo que garantiza un mínimo de confort térmico. Además, durante este periodo, cada vez era más habitual el uso de carpinterías de aluminio y la instalación de doble vidrio en puertas y ventanas, que también contribuye a mejorar el aislamiento térmico de la vivienda.

    Segmentación de la vivienda en España según año de construcción y normativa técnica

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:04

    Además, parte del parque residencial en España sufre de problemáticas diversas que afectan a su habitabilidad y calidad. Una de estas problemáticas es el tamaño reducido de algunas viviendas. Concretamente, el 13% de las viviendas en España tiene un tamaño inferior a los 60 m2, mientras que el 46% tiene una superficie entre 61 y 90 m2. Las rehabilitaciones orientadas a mejorar el aprovechamiento del espacio (como, por ejemplo, el cerramiento de terrazas) pueden ser de gran ayuda a la hora de aumentar la superficie útil de estas viviendas.

    Otro de los problemas que afecta a parte del parque es su mal estado de conservación. En particular, cerca de 1,8 millones de viviendas en España (el 7% del total) presenta un estado de conservación que puede ser considerado ruinoso, malo o deficiente.7 En términos relativos, España se sitúa ligeramente por detrás del promedio de la UE en este ámbito: el 15% de población en España vive en un inmueble que presenta problemas de conservación, comparado con el 13% en la UE.8 

    Las barreras arquitectónicas y la falta de accesibilidad, que afecta al 13,2% del parque residencial, son otras de las carencias importantes de la vivienda en España. Así, cerca de 3,4 millones de viviendas se encuentran en edificios de cuatro plantas o más y no disponen de ascensor. 

    • 7. Datos del último censo de la vivienda (2011).
    • 8. Datos de Eurostat.
    El consumo de energía en el sector residencial: no estamos tan mal

    En parte gracias a la climatología, la demanda energética del sector residencial en España es menor que la de la UE, tanto en términos absolutos9 como relativos.10 Por consiguiente, este menor consumo energético conlleva necesariamente un menor potencial de ahorro que en otros países europeos. Este es un aspecto importante, puesto que uno de los argumentos a favor de la rehabilitación energética es que los ahorros futuros de energía que se generan (especialmente en climatización) pueden ser superiores al coste de la inversión/intervención.11 

    Si nos fijamos en los usos de este consumo energético por parte de los hogares españoles, la mayor parte del consumo se destina a calefacción (véase el siguiente gráfico). Con todo, la proporción de consumo energético que España destina a esta partida es muy inferior a la de la UE: 42% en España frente al 64% en la UE.124 

    La iluminación y los electrodomésticos también concentran buena parte del consumo energético de los hogares, pero en este caso la proporción de energía consumida es mayor que en la UE: el 14% en la UE frente al 32% en España. Este ámbito es clave, puesto que los hogares cuentan cada vez con más equipos y electrodomésticos, por lo que es importante que sean cada vez más eficientes energéticamente para evitar un aumento del consumo eléctrico en electrodomésticos.

    • 9. El consumo medio anual por hogar en España es de 9.224,1 KWh por vivienda, mientras que el consumo promedio en la UE es de 16.526 KWh por vivienda. Se llega a una conclusión similar si se compara el consumo de energía en edificios residenciales por m2.
    • 10. El sector residencial supone aproximadamente el 17% del consumo de energía en España, comparado con el 26% en la UE, según datos de IDAE-MITECO (2018).
    • 11. Otro aspecto que puede dificultar la capitalización de los ahorros energéticos en un tiempo razonable es la estructura tarifaria de la energía, que en España consta de una elevada proporción de costes fijos vinculados a potencia contratada e impuestos.
    • 12. El consumo unitario por m2 en calefacción también es muy inferior al de la UE.

    Consumo de energía final del sector residencial español desglosado por usos (2018)

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:04
    La rehabilitación de la vivienda toma impulso gracias a los fondos europeos

    Como ya se ha comentado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023. Esto supone un notable empujón a las metas que se contemplan en el Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC) 2021-2030,13 que prevé la renovación de la envolvente térmica (fachadas y cubiertas) de 1.200.000 viviendas hasta 2030, empezando con 30.000 viviendas al año en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas al año en 2030.14

    • 13. El Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC 2021-2030) es un documento estratégico elaborado por el Gobierno (a petición de la UE), que marca la estrategia para descarbonizar la economía española.
    • 14. El PNIEC también contempla la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria de 300.000 viviendas al año en promedio.
    Los fondos europeos apoyarán la renovación del parque de viviendas español,

    pero hay ciertas limitaciones que pueden lastrar la velocidad proyectada.

    Por tanto, los fondos europeos deben permitir una aceleración significativa de la velocidad de renovación del parque de viviendas español. Con todo, hay ciertos aspectos que pueden frenar su plena implementación. En primer lugar, la ambición del PRTR contrasta con el ritmo actual  de rehabilitación de viviendas (cercano a 25.000 viviendas al año), por lo que alcanzar el objetivo de rehabilitación de 500.000 viviendas en tres años supone multiplicar el ritmo actual de rehabilitación por seis hasta 2023.

    En segundo lugar, la inversión para mejorar la eficiencia energética de la vivienda oscila entre 5.000 y 10.000 euros para el envolvente del edificio, y entre 12.000 y 40.000 euros para actuaciones completas,15 un coste elevado para muchos hogares. En este sentido, será clave que las ayudas a la rehabilitación lleguen también a los hogares más afectados y vulnerables, y a aquellas zonas con mayores necesidades de rehabilitación. 

    En tercer lugar, la voluntad de la población a realizar obras es, en general, baja. Según el Barómetro de la Vivienda (CIS, 2018), el 87% de los encuestados no tenía previsto llevar a cabo mejoras o reformas en su vivienda en el siguiente año (la mayoría porque consideraba que su vivienda no lo necesitaba). Además, entre los que sí que tenían previsto realizar obras, se priorizaban claramente las reformas decorativas (como, por ejemplo, las de la cocina y el baño) por encima de las que están relacionadas con la eficiencia energética (como la sustitución de puertas y ventanas). 

    A este punto se suma también la tipología de vivienda que predomina en España, caracterizada en su mayoría por edificios plurifamiliares de tres plantas o más, que concentran el 67% de viviendas. En este sentido, la mayor dificultad para tomar decisiones en comunidades de varios propietarios puede suponer una barrera adicional para realizar algunas de estas intervenciones. 

    Y, en último lugar, el nivel de preocupación o sensibilización de la población en relación con la eficiencia energética es relativamente menor a la de otros problemas relacionados con la vivienda. Según el último barómetro de la vivienda (CIS, 2018), la preocupación por el confort térmico (35%) es similar a otras preocupaciones, como pueden ser el ruido y la seguridad ante robos, e inferior a otras, como la falta de ascensor en algunas viviendas. 

    • 15. Incluyen cambio de instalaciones de climatización y agua caliente. Estimaciones procedentes de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, Ministerio de Economía (2020).

    Porcentaje de hogares que están poco o nada satisfechos con los siguientes aspectos del edificio en que se encuentra su vivienda

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:05

    En definitiva, la rehabilitación de las viviendas es clave para reducir el consumo energético y, con él, la emisión de gases de efecto invernadero. Con todo, para impulsar las rehabilitaciones, también es importante transmitir el mensaje de que la renovación de la vivienda supone una gran oportunidad para mejorar el confort y la habitabilidad interior de nuestros hogares –una cuestión que el confinamiento ha puesto de especial manifiesto–, así como para revalorizar los inmuebles. De acuerdo con ello, es primordial orientar los recursos públicos disponibles de forma conveniente para abordar las principales problemáticas del parque de vivienda de forma conjunta con la ciudadanía. 

    p 27
    Vivienda social en alquiler: la gran tarea pendiente

    Además de la rehabilitación, otra de las prioridades de las políticas de vivienda para los próximos años es el fortalecimiento del parque residencial público destinado al alquiler social o asequible. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de arrendatarios que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, una medida del sobreesfuerzo que supone para muchas familias sufragar los costes de su vivienda. Este sobreesfuerzo es, además, desproporcionadamente alto en el caso de los hogares de ingresos bajos y los jóvenes. Asimismo, la crisis del coronavirus ha agravado los problemas de asequibilidad de los alquileres, especialmente entre los grupos de población más vulnerables, tal y como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la economía española.16 En este sentido, el FMI recomienda aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler social, puesto que España cuenta con uno de los parques más exiguos de Europa: la vivienda social representa el 2,5% del total de viviendas principales en España frente a un promedio europeo del 9,3%, según datos de Eurostat. Para alcanzar el promedio europeo, harían falta 1,2 millones de viviendas sociales adicionales, una cifra que difícilmente se pueda alcanzar sin colaboración público-privada.

    • 16. IMF Country Report n.º 20/299. Spain. Selected Issues. Disponible en https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2020/English/1ESPEA2020002.ashx
    En las últimas 4 décadas se han construido casi 2,4 millones de viviendas protegidas en España,

    la mayor parte de ellas en régimen de propiedad. En consecuencia, el parque de vivienda social en alquiler es muy reducido, en torno a unas 290.000 viviendas.

    La carencia de vivienda social en alquiler se debe a unas políticas de vivienda que históricamente han estado orientadas a promover la vivienda protegida en propiedad. Entre 1981 y 2019, se terminaron en España casi 11 millones de viviendas, de las cuales un 21,6% fueron protegidas. En este mismo periodo, los hogares crecieron en algo menos de 8 millones, de modo que podemos concluir que la vivienda protegida cubrió las necesidades habitacionales de aproximadamente un 30% de los hogares españoles en las últimas cuatro décadas, una cifra muy significativa. Sin embargo, la mayor parte de las viviendas protegidas construidas en España se destinaron al régimen de propiedad (véase el gráfico siguiente), de modo que, al cabo de unos años, estas viviendas han pasado a adquirir la condición de viviendas libres en el mercado, perdiendo así el carácter social con el que fueron promovidas.

    La promoción de vivienda social en alquiler ha sido muy limitada en España

    Última actualización: 23 diciembre 2020 - 11:20

    La promoción de vivienda protegida se encuentra en niveles muy bajos desde el año 2010 y ha afectado en mayor medida el régimen de alquiler. De hecho, entre 2013 y 2016 esta modalidad ha sido prácticamente nula (368 viviendas por año en promedio) lo cual ha favorecido la prevalencia de la vivienda protegida en propiedad. No obstante, desde el año 2017, el alquiler parece haber recuperado cierto peso relativo. En concreto, en el año 2019 se construyeron 12.496 viviendas protegidas en España, de las cuales 2.585 (un 20,7% de las viviendas protegidas) fueron de alquiler. Sin embargo, estas cifras son claramente insuficientes para incrementar el parque de vivienda social en alquiler de manera significativa. 

    Según estimaciones recientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,17 en España existe un parque de vivienda social de titularidad pública en alquiler situado en el entorno de las 290.000 viviendas. De ellas, unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y 110.000 son de titularidad de los ayuntamientos. Este parque de 290.000 viviendas sociales en alquiler ofrece cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que habitan en España (datos del Cuestionario sobre vivienda social, 2019). 

    • 17. Boletín especial vivienda social, 2020, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
    Reflexiones finales

    Los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para rehabilitar un parque de viviendas envejecido y poco eficiente desde el punto de vista energético, unas renovaciones que contribuirán de manera simultánea a los dos objetivos europeos de transición ecológica y digitalización de la economía, por ejemplo, mediante edificios «inteligentes» más eficientes energéticamente. Asimismo, el fuerte impacto económico y social de la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un amplio parque público de viviendas en alquiler para solventar la actual carestía y tener la capacidad para dar una solución habitacional a la población más vulnerable. Unas políticas que deberían impulsar una recuperación verde, social y digital.

    Destacado Economia y Mercados
    Desactivado
    Destacado Analisis Sectorial
    Activado
    Destacado Área Geográfica
    Desactivado

Crisis COVID-19: un «shock» sin precedentes

Aún inmersos en la fase aguda de la crisis de la COVID-19, compartimos una doble convicción. La primera, que esta crisis la vamos a superar. La segunda, que a pesar de su previsible carácter temporal, el shock probablemente tendrá efectos estructurales. El mundo, en definitiva, va a cambiar, y está en nuestras manos decidir si una crisis, además de generar amenazas, es también una fuente de oportunidades.

Contenido disponible en
15 de abril de 2020
Marquesina de un cine con el texto "The world is temporarily closed"
Resumen

La propagación del coronavirus a nivel global está teniendo efectos devastadores a nivel humano y supondrá un shock sin precedentes para la economía mundial, que se sumergirá temporalmente en una recesión. Sin embargo, cuando se retiren las imprescindibles medidas de contención de la pandemia, es de esperar que la actividad se recupere con celeridad. Para que ello sea posible, confiamos en que los gobiernos de los principales países tomarán las medidas necesarias para que el impacto de la COVID-19 en la economía deje de sentirse cuando se supere la pandemia. La respuesta que ya están ofreciendo va en la buena dirección, aunque es probable que deban tomarse medidas adicionales tanto a nivel nacional como, sobre todo, a nivel europeo. Esta vez no podemos volver a cometer los errores de la última crisis: es imprescindible, y urgente, avanzar de forma decidida hacia una unión fiscal. La actuación de los bancos centrales también será crucial. Las principales autoridades monetarias ya han anunciado medidas contundentes para proveer a los mercados de suficiente liquidez y para adquirir grandes cantidades de deuda pública, lo que facilitará el financiamiento de los déficits públicos. Si las medidas tomadas son suficientemente ambiciosas y efectivas, el aumento del déficit público será muy sustancial este año, pero el repunte será temporal; en 2021 la actividad se podrá recuperar con fuerza y la deuda pública retomará la senda descendente observada durante los últimos años.

Un "shock" global de primera magnitud

Aunque la incertidumbre es muy elevada, ya que en la época moderna no existen precedentes equiparables a la situación actual, la pandemia global del coronavirus muy probablemente acabará teniendo consecuencias económicas de una intensidad inaudita a corto plazo. Los pocos indicadores que se han publicado tras el inicio de la pandemia así lo apuntan: en China, donde el virus se extendió primero, se optó por medidas de contención radicales que han tenido éxito tras dos meses, pero el impacto en el ritmo de actividad también ha sido muy profundo. Se estima que el PIB chino ha retrocedido alrededor de un 10% en el primer trimestre en relación con el trimestre anterior (una cifra que no está anualizada). Dado su carácter de primer país afectado, debemos tomarnos estos datos como una indicación de lo que puede ocurrir en el resto de las economías.

Por supuesto, la intensidad con la que el virus afectará a cada país dependerá de muchos factores, como su sistema sanitario, la propia demografía (no es lo mismo una sociedad joven de un país emergente que la de otro con una pirámide poblacional más envejecida), la estructura territorial (países con mucha densidad urbana frente a otros menos urbanizados) o el nivel de desarrollo.

Pero la evolución de la pandemia hasta la fecha hace pensar que ningún país podrá evitar verse directamente afectado. Además, todas las economías se encuentran expuestas, en mayor o menor medida, a la caída de la demanda global, que empezó a notarse a principios de año en China a raíz de la pandemia, y que se intensificará en los próximos meses a medida que se extienda al resto del mundo. Tampoco ninguna economía podrá salir indemne de las disrupciones que están experimentando las cadenas globales de suministros, así como de las restricciones a la movilidad internacional de las personas. Además, a todo ello hay que sumar el deterioro del entorno financiero, cuya cara más visible son los descensos históricos que se han producido durante las últimas semanas en todas las bolsas del planeta.

 

El repunte de la volatilidad y el histórico desplome de las bolsas y de los indicadores de actividad en China advierten que estamos ante la segunda gran crisis económica y financiera del siglo XXI

 

Se trata, salta a la vista, de la segunda gran crisis económica y financiera del siglo XXI. Pero, a diferencia de lo que sucedió en la Gran Recesión del 2008, ahora la toma de decisiones está siendo mucho más rápida y contundente: con carácter general (al menos en las economías motoras del mundo), se están poniendo las bases de una respuesta excepcional.

Medidas extraordinarias en marcha

Estamos asistiendo a un proceso rápido de toma de medidas tanto en materia de salud pública como estrictamente económicas. Ambas están necesariamente relacionadas. Las actuaciones en el primero de los dos ámbitos que se están adoptando a nivel mundial se centran en contener la expansión del coronavirus (mediante variantes más o menos restrictivas del distanciamiento social), a fin de aplanar la curva de contagios y, de esta manera, limitar la presión sobre los sistemas de salud nacionales. Prevemos que, con mayor o menor intensidad, esta estrategia, que se llevó a cabo primero en China, acabe generalizándose en la práctica totalidad de países del mundo, con lo cual el efecto económico acabará tomando la forma de un doble shock de oferta y demanda prácticamente simultáneo y de carácter global.

Y para hacer frente a este doble impacto se está desplegando rápidamente una batería de medidas económicas de una amplitud y un calado extraordinarios. Más allá de las variantes, las medidas puestas en marcha comparten un mismo gran objetivo: evitar que un shock de carácter transitorio acabe teniendo efectos negativos persistentes.

La política fiscal debe estar a la altura de la magnitud del shock. Medidas para frenar la crisis de la COVID-19

Con dicho objetivo en mente, se está actuando principalmente en dos grandes ámbitos. En primer lugar, los principales bancos centrales y las autoridades fiscales están tomando medidas para proveer de liquidez a todos los actores del sistema económico, prevenir su asfixia financiera y garantizar así el buen funcionamiento de la cadena de pagos. En muchos países, y en particular en EE. UU. y la UE, se han reactivado medidas de expansión monetaria (QE), en EE. UU. se han rebajado sensiblemente los tipos de interés de referencia, se han introducido programas de avales sobre créditos privados, se han diferido impuestos y se han anticipado o flexibilizado transferencias y prestaciones sociales. En estos momentos, la posición de solvencia y liquidez de los bancos es fuerte y se espera que tengan un papel importante como transmisores de estas políticas destinadas a satisfacer las necesidades de financiación de las empresas y las familias.

Una segunda línea de actuación persigue mitigar el impacto en los trabajadores y los autónomos. En este ámbito fundamental, las medidas tomadas en muchos países se centran en permitir un ajuste temporal de los niveles de empleo sin que ello implique su destrucción permanente. Por ejemplo, mediante aplicaciones más ágiles de medidas temporales de ajuste de empleo (en España, los ERTE). Por un lado, estas facilitan la viabilidad de las empresas, pero también incentivan a preservar la vinculación entre la empresa y los trabajadores, un elemento imprescindible para poder volver rápidamente a la normalidad una vez superada la situación actual. Asimismo, se han rebajado los requisitos para acceder a las prestaciones sociales propias de las situaciones de paro (en el caso de los asalariados) o de caída de la actividad (autónomos), a fin de que la disrupción sobre sus rentas sea la mínima posible.

El objetivo último es salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva. Por ello, además de las medidas anteriormente mencionadas, en función del impacto que acabe teniendo la COVID-19 sobre la actividad económica, es probable que se tengan que modular o ampliar las medidas de apoyo, por ejemplo, mediante ayudas públicas directas o incentivos tributarios a los colectivos más afectados. EE. UU. ya ha anunciado un amplio paquete de medidas en este sentido.

Todas estas medidas aumentarán de forma sustancial las necesidades de financiación del sector público. Por ello, y para eliminar cualquier duda sobre la sostenibilidad de la deuda pública, los bancos centrales, y en particular la Fed y el BCE, han activado programas de compra de activos muy amplios que, implícitamente, dan cobertura a la expansión de los gastos públicos y aseguran que las condiciones a las que podrán financiarse serán muy favorables.

 

Escenario económico

En los escenarios que siguen, realizados en condiciones de incertidumbre inusuales, palpita la convicción de que las medidas tomadas son necesarias, ambiciosas y adecuadas, por lo que la recesión será fortísima pero no duradera.

Concretamente, esperamos un impacto negativo muy fuerte en el ritmo de actividad a corto plazo, en función del país, ya en el primer o en el segundo trimestre de este año, para después registrar un rebote, también intenso, en la segunda mitad de 2020 y en 2021. Así, a nivel global esperamos que la actividad caiga un 0,4% en 2020, por lo cual el impacto del coronavirus será de algo más de 3,5 p. p. sobre el crecimiento este año, pero para 2021 esperamos que el crecimiento rebote y se sitúe por encima del 5%. En comparación, durante la Gran Recesión, el PIB cayó un 0,1% en 2009 y repuntó con fuerza al año siguiente anotando un crecimiento del 5,4%.

A nivel europeo, estimamos que la eurozona se está adentrando en una breve pero fuerte recesión en el primer semestre de este año, con una contracción generalizada por países que dejará el crecimiento para el conjunto de 2020 en el –3,1%. Sin embargo, la recuperación, que esperamos que se inicie ya en el segundo semestre de este año, culminará en un intenso crecimiento en 2021 que podría llegar a situarse por encima del 4%.

La economía española muy probablemente experimentará un patrón similar al europeo. Estimamos que la caída del PIB durante el primer semestre del año puede superar el 10% debido, sobre todo, al frenazo de la actividad que experimentarán los sectores directamente afectados por las medidas de confinamiento, como la restauración y la hostelería, el comercio, el ocio y el transporte, entre otros, y que representan alrededor del 25% del PIB español. Sin embargo, también influirá el impacto que reciba la mayoría del resto de los sectores. El profundo efecto de las medidas tomadas hasta la fecha ya se observa en la facturación de los TPV de CaixaBank, que en la tercera semana de marzo (la semana posterior a la declaración del estado de alarma) registraron una caída de los gastos con tarjetas del 55% interanual para los residentes (a pesar del notable repunte que se observa en el gasto en alimentación y en productos de primera necesidad) y del 84% en los gastos realizados por turistas extranjeros. De todas formas, una vez superada la pandemia, confiamos en que las medidas tomadas por las autoridades –que deberán ampliarse si es necesario– permitirán una rápida recuperación económica durante el segundo semestre del año, con lo que el crecimiento del PIB para el conjunto de 2020 se podría acabar situando alrededor del –3,6% (5,1 p. p. menos de lo que esperábamos antes del shock), y en 2021 podría superar el 5,5%.

En esta tesitura, es de esperar que la tasa de paro experimente un fuerte repunte, y que en el segundo trimestre se sitúe por encima del 20%, pero que descienda rápidamente durante el segundo semestre del año, en consonancia con la recuperación de la actividad económica, hasta situarse alrededor del 14,5% en el cuarto trimestre. Como en el resto de las principales economías europeas, prevemos que las necesarias medidas de estímulo fiscal presionarán al alza el déficit público, que este año podría situarse por encima del 5%, y la deuda pública, que podría alcanzar el 105% del PIB. Reiteramos, sin embargo, que en este contexto es deseable una actuación eficaz y ambiciosa para poder minimizar el impacto de la pandemia en las familias y las empresas. Si nos aseguramos ahora de que los cimientos de la recuperación son sólidos, también reducimos la probabilidad de que la factura para el sector público aumente en el futuro.

La incertidumbre que rodea este escenario es inusualmente elevada. Al fin y al cabo, el impacto de la COVID-19 en la economía acabará dependiendo, sobre todo, del tiempo que las estrategias de contención del virus deban mantenerse activas. Si al final deben alargarse más de lo previsto, el impacto económico podría ser superior. Por ejemplo, si las medidas de confinamiento tienen que prolongarse hasta el verano, o retirarse de forma muy gradual, el retroceso del PIB podría situarse alrededor del 7% este año en muchos países desarrollados. Sin embargo, también es de esperar que se refuercen las medidas de apoyo a familias y empresas hasta ahora anunciadas, tanto desde el ámbito fiscal como desde el monetario. Este es, de hecho, uno de los principales riesgos: que la respuesta de la política fiscal no esté a la altura de la magnitud del shock. Si la COVID-19 tiene un impacto en la actividad económica de 5 puntos del PIB, el esfuerzo fiscal debería ser comparable. Dicho de otro modo: si su impacto fuera el doble, la respuesta fiscal debería doblarse. Solo de esta manera se podrá amortiguar suficientemente el efecto del shock sobre las familias y las empresas, y estar listos para una recuperación rápida cuando la pandemia esté controlada.

Ante un desafío de esta magnitud, la UE deberá dar un paso adelante. No podemos volver a cometer los errores de la última crisis y dejar que emerjan dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública de ningún país miembro ni, mucho menos, sobre el futuro del euro. Para evitarlo, será necesario avanzar de forma decidida hacia una unión fiscal, desarrollando mecanismos de financiación comunes, como la emisión de eurobonos y el desarrollo de una capacidad tributaria a nivel europeo, que permitan utilizar al máximo la capacidad de gasto del conjunto de la UE. Si no lo hacemos ante una crisis humanitaria como la actual, ¿cuándo lo haremos? Ciertamente, el desarrollo institucional que ello requiere no se puede hacer de forma rápida, pero las instituciones europeas han demostrado ser ágiles en momentos de dificultades y, sobre todo, el firme compromiso en una hoja de ruta ambiciosa en esta dirección ya podría ser de gran ayuda en estas circunstancias.

También cabrá seguir con especial atención la evolución de los países emergentes o en vías de desarrollo, ya que se encuentran en una posición más vulnerable. Además de contar con un sistema sanitario con menos recursos, varios emergentes de referencia acumulan desequilibrios macroeconómicos y financieros que pueden limitar su respuesta de política económica. Además, algunos de ellos ya se encontraban en una situación política y social frágil antes del estallido del virus y, en momentos de dificultad como el actual, contar con una sociedad cohesionada es fundamental. En este sentido, todo el apoyo que les podamos ofrecer los países más desarrollados puede ser determinante.

Una crisis de alcance inusitado que cambiará el mundo

Aún inmersos en la fase aguda de la crisis de la COVID-19, compartimos una doble convicción. La primera, que esta crisis la vamos a superar. La segunda, que a pesar de su previsible carácter temporal, el shock probablemente tendrá efectos estructurales. Las crisis, cuando son de esta magnitud, pueden acelerar cambios latentes o hacer emerger otros inesperados.

Seguramente, tras esta crisis reforzaremos los sistemas sanitarios y reevaluaremos el papel que desempeñan los expertos, cuya preeminencia es tan notoria estos días. También es probable que, a nivel productivo, emerjan nuevas formas de organizarnos, tanto global como localmente, ya sea por el acortamiento de las cadenas de valor a cambio de mejorar su resiliencia, como por la difusión de las formas de trabajo a distancia. Estos cambios, además, también ayudarán a acelerar la transición económica hacia un sistema más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente.

Y, seguramente, tras esta crisis también reevaluaremos el papel de la coordinación y el liderazgo internacionales. En este frente global, es probable que la UE se vea sometida a presiones con pocos precedentes. La historia de la UE nos dice que las crisis han actuado como acicate para avanzar hacia una mayor integración siempre que han existido unas bases institucionales y políticas adecuadas. Esta es, precisamente, la situación presente: los instrumentos, institucionales y políticos, de los que la UE se dotó en la Gran Recesión podrían dar un nuevo salto adelante en materia de integración europea que hubiésemos considerado irreal antes del shock. Sin duda, así debería ser.

El mundo, en definitiva, va a cambiar, y está en nuestras manos decidir si una crisis, además de generar amenazas, es también una fuente de oportunidades.

    im04-20_em_01_es.png
    im04-20_em_info_ok_es.png
    im04-20_em_02_es.png
    im04-20_em_tabla_es.png
    im04-20_em_03_es.png