• Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

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    El cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España. A su vez, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del sector será muy importante para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en el Pacto Verde Europeo. Los indicadores agroambientales muestran que, pese a algunos avances en los últimos años, el sector se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos hídricos, promover un consumo de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella, y los fondos Next Generation EU apoyarán la transición verde y digital del sector. 

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    La amenaza del cambio climático y la transición hacia un sistema alimentario sostenible

    La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

    La agricultura contribuye al cambio climático y, a su vez, sufre directamente sus consecuencias,

    por lo que debe avanzar hacia un nuevo modelo que proteja los recursos naturales de los que depende.

    Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

    Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

    Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

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    Fuente: Comisión Europea.
    Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos de la PAC

    Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.6La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

    • 6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea antes del 30 de diciembre de 2021.
    La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella,

    junto con los fondos Next Generation EU, apoyará la transición verde y digital del sector.

    Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

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    Indicadores medioambientales del sector primario

    La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.7 

    Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

    • 7. «Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común», Comisión Europea, diciembre de 2020.
    En términos relativos, las emisiones de GEI del sector agrario español

    son inferiores al promedio de la UE, que se ha marcado el objetivo de reducirlas el 55% respecto a 1990 en 2030.

    A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).8 De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO2 por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

    El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

    En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.9

    • 8. Dato del Common Monitoring and Evaluation Framewok para la PAC 2014-2020 de la Comisión Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
    • 9. Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia
    Notas: GEI denota gases de efecto invernadero. SAU denota superficie agrícola utilizada. Fuente: CaixaBank Research, a partir de la Comision Europea COM (2020) 846.
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    La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

    Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.10

    • 10. Este objetivo se recoge en la Agenda España Digital 2025.
    El 58,7% de los hogares españoles en zonas rurales

    tenían acceso a internet de banda ancha rápida en 2019. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.

    La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

    Una apuesta decidida para impulsar la producción ecológica

    La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,11  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

    • 11. La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de exigentes normas sobre bienestar animal, de modo que los productos se obtienen a partir de sustancias y procesos naturales (MAPA).

    Proporción de superficie agrícola utilizada dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:35

    Respecto a los operadores ecológicos,12 casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

    • 12. El operador ecológico puede ser una persona física o jurídica, debe cumplir determinados requisitos para poder producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico. Existe un Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) que recoge la información suministrada por las comunidades autónomas.
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    Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

    Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.13 El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.

    • 13. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), MAPA (2021), «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» y Ecovalia (2021), «Informe anual de la producción ecológica en España».
    La agricultura ecológica en España, al alza

    Superficie dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:40

    Operadores ecológicos de la actividad primaria (productores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41

    Operadores ecológicos de la actividad secundaria (elaboradores y transformadores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41
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La geopolítica del cambio climático en el escenario pospandemia

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La pandemia del año 2020 puede convertirse en un importante punto de inflexión de este siglo. Un siglo de pleno cambio y transformación tal y como atestiguan fenómenos como la crisis financiera de 2008, la eclosión de la economía digital, la consolidación de China como uno de los nuevos pilares de la economía mundial o... la aceleración del cambio climático con la consiguiente concienciación medioambiental.

Asimismo, la década que ahora empieza también marcará probablemente un punto de inflexión en la geopolítica y el comercio internacional. La escalada de tensiones comerciales entre China y EE. UU. está reformulando el perímetro de su campo de batalla. De este modo, todo apunta a que en los próximos años el epicentro de la discusión no serán los déficits comerciales, sino que basculará hacia temas como la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el desacoplamiento tecnológico. Desde el inicio de la crisis sanitaria generada por la pandemia, ya se ha planteado la necesidad de que las cadenas de valor global sean más cortas y resilientes. En este sentido, los gobiernos podrían legislar para promover que ciertos bienes y servicios considerados esenciales, como el material sanitario de primera necesidad, se produzcan de forma local. La pandemia podría así reforzar el proteccionismo a nivel global, creando los consensos políticos y sociales necesarios para la creación de redes de energía, industrias y cadenas de distribución más autosuficientes. La UE le ha dado ya un nombre: autonomía estratégica. Este cambio en las relaciones comerciales confluirá con uno de los grandes retos de nuestro tiempo como es el cambio climático. Tal y como veremos en este artículo, la lucha contra el cambio climático y el objetivo de llegar a 2050 con cero emisiones netas de GEI puede ser un acicate importante para reescribir las reglas del comercio y de la geopolítica internacional.

Emisiones globales de dióxido de carbono: principales emisores
Comercio internacional verde: objetivos ambiciosos pero momento de transición

¿Cómo se puede diseñar un sistema de comercio internacional que sea eficiente, justo y que contribuya a alcanzar los objetivos delineados en el Acuerdo de París? Del lado de los mayores contaminantes hay señales esperanzadoras: según un informe del Global Energy Monitor (GEM), por primera vez en la historia la capacidad instalada de producción de energía con carbón se redujo en el primer semestre de 2020. China, el país responsable de un mayor porcentaje de emisiones, se ha fijado como objetivo alcanzar la neutralidad climática para 2060 y triplicar la capacidad instalada de energía eólica y solar durante la próxima década. Por su parte, los mayores productores mundiales de petróleo y gas natural han anunciado este año, en su inmensa mayoría, planes para reducir significativamente sus emisiones en las próximas décadas. Finalmente, el presidente electo norteamericano Joe Biden ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París, su voluntad de que EE. UU. alcance la neutralidad climática para 2050 y ha anunciado la voluntad de llevar a cabo durante los próximos años un plan de inversiones de dos trillones de dólares, con una apuesta en energías limpias y en sectores clave en la transición ecológica.

Aun así, todavía nos encontramos en una fase de transición y los mecanismos de cooperación internacionales se han debilitado mucho los últimos años, lo que previsiblemente hará todavía más difícil que las buenas intenciones anunciadas hasta la fecha se conviertan en políticas tangibles y eficaces. En este contexto, se debe pensar en instrumentos que ayuden a alinear los incentivos de cada país con los objetivos globales de reducción de emisiones, que ayuden a evitar el free-riding ambiental y que fijen estándares de buenas praxis. Una de estas políticas son los impuestos transfronterizos sobre las emisiones. Veamos de qué se trata.

Impuestos transfronterizos sobre las emisiones: ¿los aranceles del siglo XXI?

El rumbo trazado por la UE y por otros grandes emisores de gases contaminantes para las próximas décadas en materia de reducción de emisiones llevará a un alza significativa de las tasas sobre dichas emisiones.1 Este hecho puede contribuir a la relocalización de las industrias más contaminantes desde países o regiones «verdes» a destinos más «marrones», donde puedan ganar ventaja competitiva gracias a los menores precios de las emisiones y, desde ahí, exportar hacia otros destinos. Este fenómeno se conoce como fuga del carbono. Con el objetivo de evitar dicha fuga, se ha activado el debate en torno a un mecanismo europeo de ajuste de las emisiones en frontera o, en otras palabras, un impuesto transfronterizo que grave el contenido de las emisiones de las importaciones de bienes y servicios de forma similar a los impuestos sobre las emisiones contaminantes que se establecen a nivel europeo.2

Aunque su diseño final puede variar, los planes delineados en el contexto del Green Deal europeo parecen favorecer un mecanismo de ajuste en frontera dirigido a sectores específicos, con el objetivo de responder a dos de los principales desafíos de su implementación: la complejidad administrativa y su legalidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).3 Sin embargo, que este plan se centre solamente en unos sectores determinados puede generar un efecto sustitución importante y que al final aumenten las importaciones de aquellos sectores no gravados por este mecanismo de ajuste, especialmente productos no sujetos a este mecanismo, pero que incorporen materias primas de sectores que sí que están sujetos al impuesto (un ejemplo de este problema en otro contexto no relacionado con el cambio climático se ha producido en EE. UU., donde se han introducido aranceles muy altos sobre el metal, pero no se gravó la importación de clavos). Así, es probable que un mecanismo limitado a determinados sectores, pese a su valor simbólico, acabe teniendo una eficacia limitada. De ahí la importancia de que se pueda generalizar este mecanismo a la mayoría de los sectores y se garantice la trazabilidad de la huella de carbono de todos los productos y de sus componentes.

La implementación de dicho mecanismo no solo es difícil técnicamente, también es complejo de implementar a nivel político. Por un lado, los países más perjudicados por este impuesto tenderán a ser los emergentes, ya que en general tienen una menor capacidad de producir energías limpias. De esta forma, se planteará un debate sobre si los ingresos de este mecanismo deberían dedicarse a finalidades estrictamente europeas (en cuyo caso se podría percibir como una herramienta proteccionista) o a ayudas a los países de donde provienen los productos gravados para que los produzcan de forma más limpia. Por otro lado, este mecanismo puede acabar provocando una oleada de proteccionismo ambiental en cascada si los países sujetos a estos impuestos deciden tomar represalias.4

Ante las problemáticas descritas, las autoridades europeas deberán hilar muy fino para desarrollar un mecanismo de ajuste de las emisiones que sea eficaz y que no provoque tensiones geopolíticas importantes. Solo en ese caso, tal mecanismo logrará dar ejemplo en el resto de economías para acelerar la implementación de buenas prácticas medioambientales en todo el mundo.

  • 1. Se introducirán mecanismos que hagan más costosas las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen dos mecanismos para encarecer las emisiones de GEI: mercado de emisiones (el regulador fija un límite máximo a la cantidad total de toneladas de CO2 que se pueden emitir por año y región y, dentro del límite establecido, las empresas reciben o compran derechos de emisión con los que pueden comerciar entre sí) e impuesto sobre las emisiones (el regulador fija un precio a la emisión de GEI que aumenta progresivamente).
  • 2. Véase, por ejemplo, Mehling, M. et al. (2018). «Beat protectionism and emissions at a stroke». Nature, 559, 321-324.
  • 3. Es más fácil restringir este mecanismo a los sectores más contaminantes que extenderlo a todos los productos, ya que se tendrían que calcular todas las contribuciones en todas las fases de la cadena de producción. Además, este mecanismo solo se contempla para importaciones de productos sujetos a fiscalidad medioambiental a nivel doméstico. Hoy en día, por ejemplo, solo un 40% de las emisiones de la UE se encuentran dentro del régimen de derechos de emisión comunitario. Véanse, por ejemplo, Gros, D. y Egenhofer, C. (2010). «Climate change and trade: taxing carbon at the border?» y Zachmann, G. y McWilliams, B. (2020). «A European carbon border tax: much pain, Little gain». Bruegel Policy Contribution Issue n.º 5.
  • 4. El único mecanismo de ajuste en frontera vigente se aplica actualmente en el mercado energético de California, cubriendo un 85% del total de emisiones de gases contaminantes, e ilustra la importancia del diseño del mecanismo para minimizar las desviaciones de comercio (OCDE. 2020. «Climate Challenge and Trade: Would border carbon adjustments accelerate or hinder climate action?»).
Comercio internacional verde: hay alternativas pero no panaceas

¿Qué alternativas hay al mecanismo de ajuste de frontera? Una es la coordinación a nivel internacional para la introducción de límites a las emisiones por industrias o países, e impuestos sobre los excesos de emisiones similares al sistema de comercialización de derechos de emisiones que existe en la UE. Estos instrumentos de coordinación internacional ganarán previsiblemente tracción en ambos lados del Atlántico, tras la elección del presidente electo Joe Biden, como forma de presionar a países terceros (en particular China y la India) para que refuercen sus actuaciones en materia de transición energética. Una alternativa complementaria, que requeriría de un grado de cooperación internacional mayor del exhibido hasta ahora, sería la creación de «clubs del clima»,5 es decir, acuerdos comerciales de países que hayan consensuado un determinado precio internacional sobre sus emisiones. Estos clubs reunirían dos características esenciales: por un lado, sus socios se comprometerían a fijar el precio común acordado sobre sus emisiones en lugar de negociar reducciones nacionales de emisiones. Por otro lado, se penalizaría a los países que decidiesen no participar en dichos clubs, por ejemplo, mediante cuotas, aranceles y mecanismos de ajuste transfronterizos. Estos «clubs climáticos» pueden así constituir un foro multilateral muy interesante para alinear las estructuras de incentivos de reducción de emisiones de los países signatarios del Acuerdo de París. Además, los costes de no formar parte del club serían crecientes con su tamaño, ya que los países que decidan no participar perderían la oportunidad de acceder sin trabas a los mercados de los socios del club.

En este contexto, y en un entorno geopolítico particularmente volátil, la importancia de reafirmar y reforzar el liderazgo de las instituciones supranacionales es especialmente significativa, ya que permitiría adoptar políticas ambiciosas y duraderas. Actualmente, se están proponiendo políticas más a corto plazo –como los mecanismos de ajuste en frontera– para llenar el vacío que ha dejado el debilitamiento de la cooperación internacional en estos últimos años, pero de cara a futuro habrá que dar un paso adelante. En el caso de la OMC, principal centinela del comercio internacional, es probable que las disputas comerciales se reaviven en los próximos años, fruto del aumento del proteccionismo, del replanteamiento de las cadenas globales, de los objetivos medioambientales dispares y de las tensiones geopolíticas latentes. Si las negociaciones para un acuerdo comercial post-brexit entre el Reino Unido y la UE se han revelado espinosas, el diseño de nuevos mecanismos de comercio internacional que favorezcan la protección del medio ambiente no lo será menos. El compromiso de todos en pro del medio ambiente con un espíritu de cooperación global será clave.

  • 5. Véase Nordhaus, W. (2019). «Climate Change: The Ultimate Challenge for Economics». American Economic Review, 109(6), 1991-2014.