• Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

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    El cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España. A su vez, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del sector será muy importante para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en el Pacto Verde Europeo. Los indicadores agroambientales muestran que, pese a algunos avances en los últimos años, el sector se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos hídricos, promover un consumo de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella, y los fondos Next Generation EU apoyarán la transición verde y digital del sector. 

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    La amenaza del cambio climático y la transición hacia un sistema alimentario sostenible

    La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

    La agricultura contribuye al cambio climático y, a su vez, sufre directamente sus consecuencias,

    por lo que debe avanzar hacia un nuevo modelo que proteja los recursos naturales de los que depende.

    Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

    Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

    Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

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    Fuente: Comisión Europea.
    Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos de la PAC

    Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.6La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

    • 6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea antes del 30 de diciembre de 2021.
    La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella,

    junto con los fondos Next Generation EU, apoyará la transición verde y digital del sector.

    Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

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    Indicadores medioambientales del sector primario

    La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.7 

    Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

    • 7. «Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común», Comisión Europea, diciembre de 2020.
    En términos relativos, las emisiones de GEI del sector agrario español

    son inferiores al promedio de la UE, que se ha marcado el objetivo de reducirlas el 55% respecto a 1990 en 2030.

    A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).8 De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO2 por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

    El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

    En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.9

    • 8. Dato del Common Monitoring and Evaluation Framewok para la PAC 2014-2020 de la Comisión Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
    • 9. Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia
    Notas: GEI denota gases de efecto invernadero. SAU denota superficie agrícola utilizada. Fuente: CaixaBank Research, a partir de la Comision Europea COM (2020) 846.
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    La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

    Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.10

    • 10. Este objetivo se recoge en la Agenda España Digital 2025.
    El 58,7% de los hogares españoles en zonas rurales

    tenían acceso a internet de banda ancha rápida en 2019. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.

    La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

    Una apuesta decidida para impulsar la producción ecológica

    La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,11  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

    • 11. La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de exigentes normas sobre bienestar animal, de modo que los productos se obtienen a partir de sustancias y procesos naturales (MAPA).

    Proporción de superficie agrícola utilizada dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:35

    Respecto a los operadores ecológicos,12 casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

    • 12. El operador ecológico puede ser una persona física o jurídica, debe cumplir determinados requisitos para poder producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico. Existe un Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) que recoge la información suministrada por las comunidades autónomas.
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    Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

    Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.13 El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.

    • 13. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), MAPA (2021), «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» y Ecovalia (2021), «Informe anual de la producción ecológica en España».
    La agricultura ecológica en España, al alza

    Superficie dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:40

    Operadores ecológicos de la actividad primaria (productores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41

    Operadores ecológicos de la actividad secundaria (elaboradores y transformadores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41
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La transición climática de la UE: una cuestión de justicia

La mayoría de gobiernos europeos no tienen dudas de que la transición climática comportará más beneficios que costes. Sin embargo, la transición climática no será neutra: habrá algunos países y sectores que ganarán y otros que perderán. El gran reto de la política económica será, pues, facilitar una transición lo más justa y armónica posible.

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Vânia Duarte
17 de junio de 2020
Manifestante con cartel reclamando justicia climática

El objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 plantea una cuestión importante: ¿las ventajas de la transición climática superan a los costes? La Comisión Europea y la mayoría de los gobiernos no tienen dudas al respecto; no en vano se estima que la transición climática aumentará el PIB de la UE en un 1,1% y el empleo en un 0,5% en 2030, en relación con un escenario business as usual (es decir, un escenario en el que no se tome ningún tipo de medida y las emisiones sigan creciendo al ritmo actual).1

Más allá del impacto agregado de la transición climática, es innegable que no será neutra y que habrá algunos países y sectores que ganarán y otros que perderán. Los más perjudicados serán el sector extractivo y los sectores de la industria altamente intensivos en energía, mientras que otros se verán obligados a transformar su modelo de negocio (sector del automóvil, químicos y construcción). En consecuencia, los países donde estos sectores tengan un mayor peso también tendrán más dificultades para llevar a cabo la transición.2 El gran reto de la política económica será, pues, facilitar una transición lo más justa y armónica posible, lo que evitaría reacciones políticas contrarias como ocurrió en Francia, con la revuelta de los chalecos amarillos.

 
  • 1. Por ejemplo, el impacto en el PIB de Letonia será de casi el +6%, pero para Polonia será residual. Para más detalles, véase Eurofound (2019). «Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement».
  • 2. Véase Eurofound (2019). «Energy scenario: Employment implications of the Paris Climate Agreement».
Sectores y países europeos más afectados por la transición climática

En la UE, los cinco países que emiten más gases de efecto invernadero (GEI) son, en este orden, Alemania, Francia, Italia, Polonia y España, responsables del 65% de las emisiones totales de la región.

Para valorar cuál será el impacto por países de la transición climática y cuáles están mejor posicionados para afrontar los riesgos de transición, analizamos las emisiones de GEI por euro de PIB. Un resultado especialmente preocupante es que los países que registran mayores emisiones de GEI por euro de PIB son también los más pobres (tanto si medimos la pobreza con el PIB per cápita como con el indicador de riesgo de pobreza),3entre los que destacan los países de Europa del Este (véase el primer gráfico). Por lo general, las emisiones de GEI en estos países proceden principalmente del sector energético (en Polonia, por ejemplo, representan más del 40% del total de las emisiones generadas por las actividades económicas debido a la utilización de carbón). En cambio, España y Portugal se encuentran en una posición más favorable. Así, para reducir las emisiones de GEI, los sectores más contaminantes4 son los que más deberán transformarse en los próximos años, y su peso en el valor añadido bruto de los países de Europa del Este no es nada despreciable: oscila entre el 11% en Lituania y el 21% en la República Checa. Asimismo, los sectores más contaminantes tienen también un papel relevante en el mercado laboral de estos países, ya que proporcionan empleo en porcentajes que basculan entre el 9,7% de la población empleada en Estonia y el 30,6% en Rumanía.

Si consideramos el esfuerzo de transición que se exigirá en el seno de la UE, estos serán los países que más pueden sufrir ante los enormes desafíos que conlleva. A pesar de ello, también pueden beneficiarse de la transición: invertir en la lucha contra el cambio climático repercute en unas economías más innovadoras y resilientes, y en una creación de empleo de mejor calidad y más productivo.5No obstante, uno de los principales mecanismos que se utilizará para reducir la emisión de GEI es aumentar su coste a través de un impuesto al carbono o de un esquema de cap-and-trade, como el actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas en inglés), lo que durante un tiempo puede encarecer el coste energético.

Así, la transición deberá gestionarse de tal manera que evite disparidades sociales y regionales, y para que sea justa y socialmente aceptada por todo el mundo, ya que no debe olvidarse que los efectos positivos de la transición tardarán un cierto tiempo en visibilizarse, mientras que los costes serán ya percibidos a corto plazo. La posición relativamente más débil de Europa del Este constituye también un formidable desafío para el proyecto común europeo; solo una transición justa evitará que el euroescepticismo, ya incipiente en países como Hungría o Polonia, pueda ganar fuerza.

En este contexto, la UE presentó, en el marco del Green Deal, el Mecanismo de Transición Justa (en inglés, Just Transition Mechanism) para ayudar a las regiones, industrias y trabajadores afectados por la transición climática. Sus objetivos incluirán, entre otros, la formación de los trabajadores, la mejora de la eficiencia energética de edificios, el apoyo a la transición de las empresas hacia tecnologías más respetuosas con el medio ambiente o incentivos para que las empresas inviertan en I+D. Para financiar este mecanismo, la Comisión Europea anunció en enero de 2020 la creación de un Fondo de Transición Justa (Just Transition Fund o JTF) para amortiguar el impacto socioeconómico de la transición climática en las regiones más afectadas.

Un elemento problemático de este fondo de transición es que su asignación geográfica ya está en principio predefinida con criterios muy generales y poco flexibles. La asignación de la cantidad correspondiente a cada Estado miembro sería de acuerdo con unos criterios específicos (en buena medida ligados a la intensidad carbónica de las regiones de cada Estado y el porcentaje de los trabajadores en la industria y en la minería de carbón) y la distribución final de los fondos dependerá de la aprobación de los planes territoriales de transición justa de los distintos países. Así, la mitad de los 40.000 millones previstos se destinarían a solo cuatro países (8.000 millones para Polonia, 5.000 millones para Alemania, 4.400 millones para Rumanía y 3.400 millones para la República Checa), mientras que a España y Portugal se les asignaría una parte muy residual (4,5% y 1,2% del total, respectivamente).6 La ampliación de este fondo a través del Instrumento de Recuperación y la ardua negociación que se avecina es una buena oportunidad para replantear los criterios de asignación. Por un lado, es deseable canalizar parte de estas ayudas a los sectores que más sufrirán con la COVID-19 para que puedan reactivarse con mejores herramientas para llevar a cabo la transición y sacar así todo el provecho a las ventajas de la economía verde, dando un mayor apoyo a aquellas economías con menor margen fiscal. Por el otro, con la incertidumbre que rodea el impacto de la transición climática en el empleo y en las distintas zonas geográficas, es aconsejable tener un amplio margen de discrecionalidad en la asignación para ayudar a aquellos sectores y regiones más perjudicados a medida que se pueden identificar con mayor precisión.

Finalmente, cabría esperar que la asignación de fondos se condicione a una evaluación seria de los resultados por proyectos en lugar de solamente vincularlos a los objetivos generales esbozados en los planes territoriales de transición justa de los distintos Estados miembros. Y es que no se trata solamente de que se dedique una cantidad de recursos razonable (que también) para lograr la transición justa, sino también de diseñar programas muy bien acotados y que permitan maximizar el uso productivo y los efectos positivos de los recursos volcados.

En definitiva, una transición climática exitosa requerirá hilar muy fino para evitar debilitar la cohesión del proyecto europeo común y lograr que nadie se quede atrás. En el fondo, es una cuestión de justicia: justicia entre generaciones, entre países y entre grupos sociales. Esta transición traerá, sin duda, ventajas para todos los europeos, pero, a la vez, tendrá costes considerables, por lo que es importante que sea lo más inclusiva posible. La Comisión Europea ya ha esbozado algunas ideas para diseñar mecanismos que ayuden a conseguirlo, y las políticas integradas dentro del Instrumento de Recuperación suponen un salto cualitativo importante. No obstante, falta mucho por hacer y es necesario que los responsables de diseñar la transición se pongan manos a la obra para que la indudable ambición del Green Deal venga acompañada de medidas decididas para que la transición sea justa. De las palabras hay que pasar a los hechos.

  • 3. Footnote 3
  • 4. Footnote 4
  • 5. Footnote 5
  • 6. Footnote 6
Vânia Duarte
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    Tendencias de fondo

    Cambio climático y transición verde

    ¿Qué políticas se acometerán para frenar el cambio climático? ¿Qué implicaciones tiene para todos los agentes implicados la transición verde hacia una economía más sostenible?