• Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

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    El cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España. A su vez, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del sector será muy importante para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en el Pacto Verde Europeo. Los indicadores agroambientales muestran que, pese a algunos avances en los últimos años, el sector se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos hídricos, promover un consumo de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella, y los fondos Next Generation EU apoyarán la transición verde y digital del sector. 

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    La amenaza del cambio climático y la transición hacia un sistema alimentario sostenible

    La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

    La agricultura contribuye al cambio climático y, a su vez, sufre directamente sus consecuencias,

    por lo que debe avanzar hacia un nuevo modelo que proteja los recursos naturales de los que depende.

    Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

    Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

    Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

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    Fuente: Comisión Europea.
    Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos de la PAC

    Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.6La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

    • 6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea antes del 30 de diciembre de 2021.
    La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella,

    junto con los fondos Next Generation EU, apoyará la transición verde y digital del sector.

    Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

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    Indicadores medioambientales del sector primario

    La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.7 

    Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

    • 7. «Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común», Comisión Europea, diciembre de 2020.
    En términos relativos, las emisiones de GEI del sector agrario español

    son inferiores al promedio de la UE, que se ha marcado el objetivo de reducirlas el 55% respecto a 1990 en 2030.

    A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).8 De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO2 por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

    El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

    En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.9

    • 8. Dato del Common Monitoring and Evaluation Framewok para la PAC 2014-2020 de la Comisión Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
    • 9. Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia
    Notas: GEI denota gases de efecto invernadero. SAU denota superficie agrícola utilizada. Fuente: CaixaBank Research, a partir de la Comision Europea COM (2020) 846.
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    La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

    Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.10

    • 10. Este objetivo se recoge en la Agenda España Digital 2025.
    El 58,7% de los hogares españoles en zonas rurales

    tenían acceso a internet de banda ancha rápida en 2019. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.

    La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

    Una apuesta decidida para impulsar la producción ecológica

    La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,11  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

    • 11. La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de exigentes normas sobre bienestar animal, de modo que los productos se obtienen a partir de sustancias y procesos naturales (MAPA).

    Proporción de superficie agrícola utilizada dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:35

    Respecto a los operadores ecológicos,12 casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

    • 12. El operador ecológico puede ser una persona física o jurídica, debe cumplir determinados requisitos para poder producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico. Existe un Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) que recoge la información suministrada por las comunidades autónomas.
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    Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

    Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.13 El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.

    • 13. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), MAPA (2021), «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» y Ecovalia (2021), «Informe anual de la producción ecológica en España».
    La agricultura ecológica en España, al alza

    Superficie dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:40

    Operadores ecológicos de la actividad primaria (productores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41

    Operadores ecológicos de la actividad secundaria (elaboradores y transformadores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41
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La financiación que piensa en verde

Diversos actores (empresas, gobiernos y reguladores) tienen un papel que jugar para apoyar esta transición hacia una economía más sostenible a largo plazo. También el sector financiero, como intermediario entre el ahorro y la inversión. 

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12 de abril de 2019
Gotas de rocío sobre una hoja

En 2015, en París, 196 países se comprometieron a trabajar para limitar el calentamiento global a 2 ºC (o por debajo) con respecto a niveles preindustriales. Para cumplir con los acuerdos de París y lograr una transformación hacia una economía baja en emisiones de carbono y más eficiente en el uso de recursos, se requieren cambios estructurales importantes y una movilización de recursos considerable. Solo en Europa, la Comisión Europea estima que se necesitan inversiones adicionales por valor de 180.000 millones de euros al año (hasta 2030) en los sectores energético y de transporte, tal y como podemos ver en el primer gráfico.1

El reto es, por tanto, mayúsculo y requiere de la participación activa de una amplia gama de actores, entre los que destacan las industrias afectadas y gobiernos. Pero también es clave el papel que puede desempeñar el sector financiero en la transición hacia una economía sostenible. En este artículo, nos centramos en el papel de las finanzas verdes en la lucha contra el cambio climático y los obstáculos que frenan su pleno desarrollo.

En efecto, el sector financiero, como intermediario entre el ahorro y la inversión en la economía, puede facilitar la canalización de fondos hacia actividades que contribuyan a un desarrollo más sostenible y tengan beneficios medioambientales, como las orientadas a reducir la contaminación del aire, a me­­jorar la eficiencia energética o a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Con esta lógica, las finanzas verdes (que se engloban dentro de un concepto más amplio de finanzas sostenibles)2 se han vuelto una cuestión prioritaria en varios foros internacionales, incluyendo la agenda del G-20. Asimismo, su desarrollo en estos últimos años ha sido muy notable. Como muestra el segundo gráfico, el interés por inversiones en instrumentos financieros vinculados a la sostenibilidad, como los bonos verdes, avanza con rapidez en todo el mundo.

No obstante, a pesar de los avances de estos últimos años, aún queda camino por recorrer y el despliegue de capital privado para financiar proyectos verdes es todavía limitado. Por ejemplo, las emisiones totales de bonos verdes alcanzaron los 500.000 millones de dólares en noviembre de 2018, solo 11 años después de que se emitiera el primer bono verde de la historia. Puede parecer mucho, pero esta cifra representa menos del 1% del total de bonos emitidos a nivel global.3 Asimismo, los activos de infraestructura verde representan menos del 1% del total de activos en manos de inversores institucionales.4

En este contexto, el potencial para escalar las finanzas verdes es considerable. Para ello, no obstante, se deben superar una serie de barreras institucionales y de mercado, algunas de las cuales tienen que ver específicamente con la movilización de recursos hacia proyectos de inversión verde.

En primer lugar, destaca la falta de un marco de referencia común que defina de forma clara qué constituye una actividad verde. Concretamente, en la actualidad, no existe una taxonomía estandarizada ni un etiquetado consistente y fiable de productos financieros verdes. Ello implica que los inversores no pueden estar seguros de que su dinero se invierte efectivamente en proyectos sostenibles,5 y actúa como freno al pleno desarrollo de mercados de productos financieros verdes.

En segundo lugar, otro obstáculo a tener en cuenta son los problemas de información asimétrica entre inversores y receptores de fondos. En definitiva, se argumenta que los retornos de inversiones en proyectos verdes son difíciles de evaluar debido a, entre otros, la falta de definiciones, de modelos de valoración del riesgo adecuados y de un marco de divulgación de la información que permita comparar entre proyectos, como guías para que las empresas hagan pública la forma en la que incorporan elementos de sostenibilidad en sus procesos de inversión o los efectos de sus productos o inversiones sobre el clima.6 Esta falta de información contribuye a aumentar los costes de búsqueda de proyectos verdes y limita los flujos financieros hacia actividades sostenibles.7

En tercer lugar, los agentes económicos tienden a no incorporar adecuadamente –en ocasiones, por falta de información– el riesgo medioambiental (físico) y de transición ecológica8 en sus decisiones financieras y de inversión, lo que lleva a una evaluación distorsionada del binomio rentabilidad-riesgo entre distintos proyectos.9 El hecho de que los agentes no in­­corporen en su análisis las externalidades medioambientales hace que, entre otros, el riesgo medioambiental no quede reflejado en el precio de la financiación y que se produzca una asignación subóptima de capital entre proyectos verdes (respetuosos con el medio ambiente) y los marrones (que no incorporan en su análisis la dimensión medioambiental y son intensivos en el uso de combustibles fósiles). En este sentido, una mejora de los mecanismos de transparencia y de información para que los inversores puedan saber de primera mano qué empresas se encuentran menos expuestas a los efectos del cambio climático y una correcta valoración financiera de los riesgos medioambientales contribuirían a desincentivar la inversión en aquellas industrias más contaminantes.

Asimismo, también existen barreras más genéricas que afectan a la financiación de inversiones a largo plazo. En particular, algunos proyectos de inversión (incluidos algunos proyectos verdes) requieren de un mayor capital a financiar y/o de financiación durante un horizonte de tiempo superior a lo habitual. No obstante, a menudo, la financiación de entidades bancarias y los instrumentos financieros en los mercados de capitales suelen tener un horizonte a más corto o medio plazo. Este desajuste temporal entre vencimientos de los activos y pasivos que se utilizan en proyectos verdes (maturity mismatch) contribuye a que haya menos financiación disponible para inversiones con horizontes temporales a muy largo plazo.

Para superar estas barreras y potenciar el papel de las finanzas en la transición ecológica es clave que haya una amplia coordinación a nivel internacional, que integre a todos los actores participantes, dado que se trata de un reto global y la fijación de un marco de referencia común y de estándares así lo requiere. En este sentido destaca, en el ámbito europeo, el trabajo que está haciendo la Comisión Europea para acordar una taxonomía común, como el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles (presentado en 2018) y los grupos de trabajo creados para incluir la industria financiera en este proceso.

Del mismo modo, también es importante que los distintos actores tengan información sobre escenarios climáticos10 a efectos de identificar, cuantificar y mitigar adecuadamente los riesgos y las exposiciones medioambientales. También el marco regulatorio debe ser claro y estable para facilitar que los agentes puedan anticipar y gestionar cambios asociados a esta transición sostenible. En este sentido, destaca la iniciativa del grupo de trabajo del Financial Stability Board11 –liderada principalmente por inversores y gestores de activos– para mejorar la transparencia, veracidad, comparabilidad y difusión de la información relacionada con los riesgos climáticos.

En definitiva, diversos actores (empresas, gobiernos y reguladores) tienen un papel que jugar para apoyar esta transición hacia una economía más sostenible a largo plazo. También el sector financiero, como intermediario entre el ahorro y la inversión. Pero, para que dicha transición pueda efectivamente ser financiada, es clave trabajar para identificar y eliminar las barreras que limitan el desarrollo de las finanzas verdes.

Roser Ferrer

1. Según el EIB, esta cifra alcanza los 270.000 millones de euros si se incluyen las necesidades de inversión en agua y gestión de residuos.

2. Las finanzas sostenibles canalizan los fondos hacia inversiones con un propósito social definido.

3. Green Finance Study Group. (2016). «G20 green finance synthesis report». Toronto: G20 Green Finance Study Group.

4. Además, sigue siendo difícil cuantificar con precisión y comparar el progreso de las finanzas sostenibles en los mercados financieros. Ello, en parte, es debido a las inconsistencias sobre definiciones, taxonomías y metodologías, así como a la falta de datos (históricos, por tipos de activos y por geografía).

5. Ello se conoce como riesgo de greenwashing, es decir, que productos y servicios que se presentan como sostenibles o respetuosos con el medio ambiente en realidad no lo sean.

6. Los inversores a largo plazo requieren información sobre cómo las empresas se están preparando para la transición ecológica, dado que las más preparadas pueden tener una ventaja competitiva sobre sus rivales.

7. Véase la nota 4.

8. Vinculado al proceso de ajuste a una economía baja en carbono. Incluye los cambios regulatorios, los derivados de nuevas tecnologías y de preferencias que pueden llevar a una revaluación de varios activos y crear exposiciones crediticias para entidades financieras.

9. Concretamente, empresas que invierten más intensivamente en actividades con mayores riesgos relacionados con el cambio climático pueden ser más vulnerables a la transición hacia una economía baja en carbono, lo que podría acabar reflejándose en unos retornos más bajos.

10. Con modelos homogéneos, que contengan datos desagregados e involucren a la comunidad científica.

11. Task Force on Climate-related Financial Disclosures https://www.fsb-tcfd.org/about/#

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    Tendencias de fondo

    Cambio climático y transición verde

    ¿Qué políticas se acometerán para frenar el cambio climático? ¿Qué implicaciones tiene para todos los agentes implicados la transición verde hacia una economía más sostenible?