• Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

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    El cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España. A su vez, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del sector será muy importante para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en el Pacto Verde Europeo. Los indicadores agroambientales muestran que, pese a algunos avances en los últimos años, el sector se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos hídricos, promover un consumo de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella, y los fondos Next Generation EU apoyarán la transición verde y digital del sector. 

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    La amenaza del cambio climático y la transición hacia un sistema alimentario sostenible

    La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

    La agricultura contribuye al cambio climático y, a su vez, sufre directamente sus consecuencias,

    por lo que debe avanzar hacia un nuevo modelo que proteja los recursos naturales de los que depende.

    Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

    Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

    Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

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    Fuente: Comisión Europea.
    Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos de la PAC

    Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.6La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

    • 6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea antes del 30 de diciembre de 2021.
    La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella,

    junto con los fondos Next Generation EU, apoyará la transición verde y digital del sector.

    Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

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    Indicadores medioambientales del sector primario

    La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.7 

    Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

    • 7. «Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común», Comisión Europea, diciembre de 2020.
    En términos relativos, las emisiones de GEI del sector agrario español

    son inferiores al promedio de la UE, que se ha marcado el objetivo de reducirlas el 55% respecto a 1990 en 2030.

    A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).8 De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO2 por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

    El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

    En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.9

    • 8. Dato del Common Monitoring and Evaluation Framewok para la PAC 2014-2020 de la Comisión Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
    • 9. Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia
    Notas: GEI denota gases de efecto invernadero. SAU denota superficie agrícola utilizada. Fuente: CaixaBank Research, a partir de la Comision Europea COM (2020) 846.
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    La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

    Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.10

    • 10. Este objetivo se recoge en la Agenda España Digital 2025.
    El 58,7% de los hogares españoles en zonas rurales

    tenían acceso a internet de banda ancha rápida en 2019. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.

    La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

    Una apuesta decidida para impulsar la producción ecológica

    La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,11  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

    • 11. La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de exigentes normas sobre bienestar animal, de modo que los productos se obtienen a partir de sustancias y procesos naturales (MAPA).

    Proporción de superficie agrícola utilizada dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:35

    Respecto a los operadores ecológicos,12 casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

    • 12. El operador ecológico puede ser una persona física o jurídica, debe cumplir determinados requisitos para poder producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico. Existe un Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) que recoge la información suministrada por las comunidades autónomas.
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    Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

    Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.13 El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.

    • 13. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), MAPA (2021), «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» y Ecovalia (2021), «Informe anual de la producción ecológica en España».
    La agricultura ecológica en España, al alza

    Superficie dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:40

    Operadores ecológicos de la actividad primaria (productores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41

    Operadores ecológicos de la actividad secundaria (elaboradores y transformadores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41
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Cambio climático y mercados financieros

En este artículo analizamos el impacto de la transición verde en los mercados financieros contraponiendo los efectos de una transición climática ordenada a los de una transición climática desordenada.

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Skyline de Londres dibujado sobre una hoja de árbol

La pandemia de la COVID-19 ha dejado patente que acontecimientos a los que asignamos una baja probabilidad de ocurrencia pero con un elevado impacto pueden acabar materializándose. En las próximas décadas, estos fenómenos, conocidos como cisnes negros, pueden volverse cada vez más frecuentes e incluso cambiar de color: las graves consecuencias del cambio climático pueden llegar a provocar cisnes verdes, sobre todo si no se gestiona adecuadamente la transición hacia un modelo económico sostenible. En este artículo analizamos el impacto de dicha transición en los mercados financieros contraponiendo los efectos de una transición climática ordenada a los de una transición climática desordenada.

Transición ordenada: la importancia de separar el grano de la paja

En una transición ordenada, la transformación hacia una economía descarbonizada se hace de forma gradual y con una planificación adecuada. En este proceso, se producen cambios regulatorios (como imponer límites estrictos a las emisiones de carbono), fiscales (como el aumento de impuestos sobre las emisiones contaminantes) y tecnológicos (como la adopción de sistemas de transporte completamente eléctricos o técnicas de captura de carbono, por ejemplo). Estos cambios deberían, por un lado, generar un aumento de las necesidades de financiación (públicas y privadas) a lo largo del periodo de transición y, por el otro, promover el desarrollo de nuevas métricas y criterios que permitan identificar mejor la sostenibilidad ambiental en lo que respecta a sectores, empresas, proyectos y productos. Al ser una transición ordenada, las necesidades de inversión se pueden distribuir a lo largo del tiempo, por lo que el aumento de los costes de financiación debería ser, en promedio, pequeño. Sin embargo, la mejor identificación de las inversiones verdes comportaría un incremento de la dispersión de dichos costes de financiación y también del precio relativo de los activos verdes respecto a los activos marrones (el llamado greenium), lo cual generaría también efectos persistentes en los mercados de materias primas, como aumentos en los precios de las utilizadas en sectores menos intensivos en carbono.1 Al mismo tiempo, nuevos instrumentos de financiación sostenible (como la expansión de mercados de bonos verdes o de préstamos bonificados)2 deberían recibir un gran impulso.

  • 1. Será destacable el ajuste al alza en el precio relativo de materias primas necesarias para la generación y el almacenamiento de energía renovable como, por ejemplo, el cobalto, respecto al petróleo. Véase International Energy Agency (2021). «The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions». World Energy Outlook Special Report.
  • 2. A semejanza de los bonos verdes, un préstamo bonificado implicaría una «prima verde» (por ejemplo, un tipo de interés más bajo) para proyectos que cumplieran con determinados objetivos medioambientales.
Índice de riesgos climáticos físicos INFORM

Al encontrarnos en la fase inicial de una transición climática, es pertinente preguntarse si algunos de estos efectos que acabamos de describir ya se están haciendo visibles. Pues bien, en un entorno en el que los inversores empiezan a considerar relevantes los riesgos climáticos (tanto físicos como de transición),3 la internalización de estos riesgos se está empezando a reflejar parcialmente en los precios de los activos financieros, si bien todavía se encuentra en una fase muy inicial en la que el grado de incorporación depende en buena medida de la calidad de la información publicada,4 así como del nivel de información y conocimientos de los inversores.5 Concretamente, la evidencia disponible muestra que la exposición y la vulnerabilidad a los riesgos climáticos se están viendo reflejadas, en cierta medida, en el mercado de deuda soberana, penalizando a aquellas regiones con mayor exposición a riesgos físicos y menor capacidad de respuesta. En particular, se ha estimado que la diferencia entre las regiones más y menos expuestas a estos riesgos se sitúa en torno a los 200 p. b. en el promedio de 1995-2017 a nivel global.6

Estos resultados sugieren que los agentes económicos que participan en el mercado de deuda soberana tienen en cuenta la evidencia científica sobre los efectos del cambio climático, lo que probablemente se explica por la existencia de información pública sobre los riesgos físicos del cambio climático a nivel geográfico en cantidad y calidad suficientes. En efecto, el consenso científico nos indica que los riesgos físicos serán asimétricos –variarán en función de la situación geográfica, la estructura económica y la capacidad institucional de cada país– y no lineales. Asimismo, ya disponemos de un índice de riesgo físico, calculado con el modelo de riesgo INFORM, para cada país a partir de su exposición a estos riesgos, su vulnerabilidad y su capacidad de mitigarlos.7 Tras analizar el índice, destacamos tres elementos. En primer lugar, que las estrategias de mitigación y adaptación ya han tenido efectos positivos desde 2012 en algunas regiones del mundo, tal y como se recoge en el primer gráfico. Segundo, la distribución geográfica del riesgo es desigual. Finalmente, el riesgo es asimétrico, en la medida en que más del 70% de las emisiones mundiales acumuladas tienen origen en países con riesgos físicos bajos, según datos del Global Carbon Project. Esto implica que, con una elevada probabilidad, los costes físicos del cambio climático no incidirán directamente en las regiones emisoras y que serán fundamentales el diseño y la implementación de planes de adaptación y mitigación, apoyados en mecanismos de cooperación internacional.

En el caso de la renta variable, los precios de algunos activos no parecen incorporar adecuadamente riesgos climáticos relevantes, lo que concuerda con la hipótesis de que aún tienen que mejorarse los mecanismos de información y divulgación de los riesgos climáticos de una forma más granular. Como ejemplo, llama la atención el hecho de que no se hayan apreciado por ahora cambios significativos en los precios de los activos agroalimentarios o inmobiliarios pese a que los riesgos de sequía o de inundación en las zonas costeras estén ampliamente documentados.8

Por el contrario, en el mercado de deuda corporativa la internalización de los riesgos de transición ya se empieza a reflejar en las valoraciones de los inversores, dado que se observa una mejora de los ratings empresariales en las empresas europeas y norteamericanas que divulgan su nivel de emisiones de carbono, así como los objetivos futuros de reducción de tales emisiones (véase el segundo gráfico). Asimismo, existen evidencias de que los inversores tienen en cuenta la propia huella de carbono de las empresas y penalizan a las más contaminantes9 y, de hecho, esta «prima verde» aumenta en periodos en los que la repercusión pública de los efectos del cambio climático es mayor.

  • 3. Los riesgos físicos son aquellos provenientes de la exposición de la actividad humana al sistema natural, mientras que los riesgos de transición son aquellos que provienen de la regulación que pretende llevar la economía hacia un menor nivel de emisiones de gases de efecto invernadero y de la transformación de las actividades económicas para cumplir con los objetivos medioambientales.
  • 4. Véase Alessia, L., Ossola, E. y Panzica, R. (2021). «What greenium matters in the stock market? The role of greenhouse gas emissions and environmental disclosures». Journal of Financial Stability, 54.
  • 5. Véase Krueger, P., Sautner, Z. y Starks, L. (2020). «The Importance of Climate Risks for Institutional Investors». The Review of Financial Studies, 33-3, pp. 1.067-1.111.
  • 6. Véase Cevik, S. y Jalles, J. T. (2020). «This Changes Everything: Climate Shocks and Sovereign Bonds». IMF Working Paper WP/20/79. Y Painter, M. (2020). «An inconvenient cost: The effects of climate change on municipal bonds». Journal of Financial Economics, 135-2, pp. 468-482.
  • 7. Véase Marin-Ferrer, M., Vernaccini, L. y Poljansek, K. (2017). «Index for Risk Management – INFORM Concept and Methodology Report». Joint Research Centre - Publications Office of the European Union.
  • 8. Véase, por ejemplo, Hong, H., Li, F. W. y Xu, J. (2019). «Climate risks and market efficiency». Journal of Econometrics, 208-1, pp. 265-281. Y Bernstein, A., Gustafson, M. y Lewis, R. (2019). «Disaster on the horizon: the price effect of sea level rise». Journal of Financial Economics, 134-2, pp. 253-272.
  • 9. Véase Ilhan, E., Sautner, Z. y Vilkov, G. (2021). «Carbon Tail Risk». The Review of Financial Studies, 34-33, pp. 1.540-1.571 en un estudio sobre cómo el nivel de emisiones afecta a las opciones put de las empresas del S&P 500.
Impacto estimado sobre los ratings empresariales de la divulgación del nivel de emisiones de carbono y de objetivos futuros de reducción de emisiones
Transición desordenada: cambios más abruptos

Una transición desordenada se caracterizaría por una primera fase de inacción, seguida de cambios abruptos en el entorno regulatorio o en la política fiscal para contener los riesgos tras la materialización de eventos climatológicos extremos y un aumento inasumible de las temperaturas. En este entorno, podría producirse un incremento súbito y elevado de las necesidades de financiación, lo que a su vez aumentaría el coste promedio de financiación e iría acompañado de una dispersión de los costes. Las revaluaciones sustanciales y abruptas del precio de los activos afectarían especialmente a aquellos activos más castigados por los riesgos de transición, los llamados «activos en desuso».10 Estas tendencias podrían verse agravadas por las dificultades de muchas empresas para adaptarse de forma repentina a una transición brusca y de gran envergadura.11

  • 10. Un ejemplo de este tipo de activos son las reservas de combustibles fósiles no extraídas. Véase Mercure, J. F. et al. (2018). «Macroeconomic impact of stranded fossil fuel assets». Nature Climate Change, 8, 588–593.
  • 11. Véase ESRB (2016). «Reports of the Advisory Scientific Committee: Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk». Y ESRB (2020). «Positively green: Measuring climate change risks to financial stability».
Transición climática: cómo afrontarla y el valor de la información

Los estados, como reguladores y guardianes últimos de la biosfera global, tienen ante sí dos retos claves en las próximas décadas. Primero, una regulación bien diseñada que facilite la transición climática de forma ordenada y con disciplina de mercado –el impacto sobre los mercados financieros será distinto si se realiza de esta forma o si se opta por un modelo más intervencionista con penalizaciones directas sobre las empresas, en cuyo caso el aumento de los costes de financiación puede ser más elevado, incluso en un escenario de transición ordenada–. Segundo, la producción de mecanismos de información climática transparentes y accesibles para todo el mundo. El modelo final que se adopte de transición climática podrá variar, pero queda claro que la protección del planeta como bien público global depende en gran medida de la producción de otro bien con las mismas características; esto es, una información precisa y veraz sobre los riesgos climáticos.