• Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

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    El cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España. A su vez, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del sector será muy importante para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en el Pacto Verde Europeo. Los indicadores agroambientales muestran que, pese a algunos avances en los últimos años, el sector se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos hídricos, promover un consumo de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella, y los fondos Next Generation EU apoyarán la transición verde y digital del sector. 

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    La amenaza del cambio climático y la transición hacia un sistema alimentario sostenible

    La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

    La agricultura contribuye al cambio climático y, a su vez, sufre directamente sus consecuencias,

    por lo que debe avanzar hacia un nuevo modelo que proteja los recursos naturales de los que depende.

    Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

    Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

    Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

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    Fuente: Comisión Europea.
    Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos de la PAC

    Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.6La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

    • 6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea antes del 30 de diciembre de 2021.
    La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella,

    junto con los fondos Next Generation EU, apoyará la transición verde y digital del sector.

    Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

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    Indicadores medioambientales del sector primario

    La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.7 

    Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

    • 7. «Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común», Comisión Europea, diciembre de 2020.
    En términos relativos, las emisiones de GEI del sector agrario español

    son inferiores al promedio de la UE, que se ha marcado el objetivo de reducirlas el 55% respecto a 1990 en 2030.

    A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).8 De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO2 por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

    El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

    En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.9

    • 8. Dato del Common Monitoring and Evaluation Framewok para la PAC 2014-2020 de la Comisión Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
    • 9. Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia
    Notas: GEI denota gases de efecto invernadero. SAU denota superficie agrícola utilizada. Fuente: CaixaBank Research, a partir de la Comision Europea COM (2020) 846.
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    La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

    Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.10

    • 10. Este objetivo se recoge en la Agenda España Digital 2025.
    El 58,7% de los hogares españoles en zonas rurales

    tenían acceso a internet de banda ancha rápida en 2019. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.

    La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

    Una apuesta decidida para impulsar la producción ecológica

    La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,11  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

    • 11. La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de exigentes normas sobre bienestar animal, de modo que los productos se obtienen a partir de sustancias y procesos naturales (MAPA).

    Proporción de superficie agrícola utilizada dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:35

    Respecto a los operadores ecológicos,12 casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

    • 12. El operador ecológico puede ser una persona física o jurídica, debe cumplir determinados requisitos para poder producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico. Existe un Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) que recoge la información suministrada por las comunidades autónomas.
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    Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

    Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.13 El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.

    • 13. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), MAPA (2021), «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» y Ecovalia (2021), «Informe anual de la producción ecológica en España».
    La agricultura ecológica en España, al alza

    Superficie dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:40

    Operadores ecológicos de la actividad primaria (productores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41

    Operadores ecológicos de la actividad secundaria (elaboradores y transformadores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41
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Cambio climático, transición verde y sector financiero

El cambio climático y la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono también involucran al sistema financiero, por su papel como intermediario entre el ahorro y la inversión, y por los riesgos financieros que traen consigo el cambio climático y las actuaciones para mitigarlo.

Contenido disponible en
15 de noviembre de 2019
Billetes de 20 dólares canadienses sobre fondo verde

El cambio climático y la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono también involucran al sistema financiero. Primero, por su papel como intermediario entre el ahorro y la inversión, ya que el sector financiero puede facilitar la canalización de fondos hacia actividades que contribuyan a la transición verde.1 Y, segundo, por los riesgos financieros que el cambio climático y las actuaciones para mitigarlo traen consigo. En este artículo, nos centramos en analizar las implicaciones para el sector financiero del cambio climático y de la transición hacia una economía descarbonizada.

Las economías se enfrentan a dos tipos de riesgos asociados al cambio climático:

  • Riesgos físicos, que provienen de los efectos directos del cambio climático, como aumentos en la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos y cambios en el equilibrio de los ecosistemas. Estos riesgos pueden manifestarse de forma abrupta (en forma de eventos concretos, como inundaciones o tormentas) o de forma gradual (cambios en los patrones meteorológicos). Asimismo, estos riesgos pueden conllevar aumentos considerables de los gastos para afrontarlos y daños físicos sobre la capacidad productiva de las empresas (como disrupciones en su cadena de suministros) y los activos de los hogares. En este sentido, prácticamente todos los sectores de la economía se enfrentan a los riesgos físicos.
  • Riesgos de transición, vinculados a la transformación hacia una economía descarbonizada. Los riesgos de transición derivan de los cambios regulatorios (como límites estrictos a las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero)2 y tecnológicos3 (por ejemplo, sistemas de transporte completamente eléctricos) necesarios para alcanzar el objetivo de descarbonización. Además, la transición verde puede comportar también cambios por el lado de la demanda, derivados de la evolución de las preferencias y el comportamiento de los consumidores, más sensibles a las cuestiones medioambientales. Todo ello generará nuevas oportunidades, pero también puede afectar al desempeño de diversos sectores económicos y a la valoración de mercado de una amplia gama de activos, con las consiguientes implicaciones financieras.4

Los riesgos físicos y los asociados a la transición verde están interrelacionados. El impacto físico del cambio climático depende, en gran parte, de las acciones correctivas que tomen a corto plazo gobiernos, inversores, empresas y consumidores. En particular, si la acción correctiva es ambiciosa y temprana, los riesgos de transición pueden ser mayores, pero los físicos serán menores. Por el contrario, una acción correctiva tardía y débil (menores riesgos de transición) haría aumentar los riesgos físicos asociados al cambio climático. También son posibles escenarios en los que ambos riesgos sean elevados, por ejemplo, si la acción correctiva es abrupta y se produce tarde, cuando algunos de los riesgos físicos ya son difíciles de evitar.5 Así, en función de la velocidad e intensidad de las acciones encaminadas a mitigar los efectos del cambio climático, nos situamos en distintos escenarios climáticos (véase el gráfico).

Para el sector financiero, el impacto de los riesgos asociados al cambio climático puede materializarse a través de los riesgos tradicionales a los que se enfrenta el sector. En particular, los riesgos físicos y de transición pueden tener impacto a nivel crediticio, reputacional, operacional y de mercado.6 Por ejemplo, eventos climáticos extremos pueden causar daños significativos en activos y reducir la capacidad de pago de los prestatarios. Para el sector bancario, esto puede traducirse en un aumento de la probabilidad de impago y una pérdida de valor de las garantías que respaldan un préstamo. Asimismo, el riesgo crediticio también puede derivar de exposiciones a empresas con modelos de negocio no alineados con la transición hacia una economía descarbonizada. Otro ejemplo serían los daños en inmuebles propios causados por eventos climáticos extremos, que tendrían la consideración de riesgo operacional.

En este contexto, la necesidad de evaluar e integrar los riesgos climáticos dentro del conjunto de riesgos que pueden afectar al sector financiero es compartida tanto por las entidades que forman parte del sector, como por reguladores y supervisores. No obstante, no es una tarea fácil, puesto que los riesgos climáticos presentan una serie de características que dificultan su identificación, medición y valoración.

En primer lugar, los riesgos físicos asociados al cambio climático son difíciles de percibir. Concretamente, son de ocurrencia y magnitud imprevisibles, tienen un amplio alcance (son relevantes para múltiples sectores, líneas de negocio y zonas geográficas) y el horizonte temporal en el que pueden materializarse es largo, desconocido y, en buena parte, superior a los horizontes de decisión tradicionales de los distintos agentes económicos. En cambio, los efectos del cambio climático dependen de las acciones que se tomen hoy; y es precisamente este desajuste temporal entre acción e impacto (la llamada «tragedia del horizonte») lo que dificulta la percepción de los riesgos climáticos.7

En segundo lugar, los riesgos de transición son doblemente inciertos. Por un lado, la trayectoria hacia una economía descarbonizada es en sí misma desconocida. En este sentido, puede que el cambio se haga rápidamente pero de forma poco coordinada y costosa (en cuyo caso los riesgos de transición serían especialmente elevados),8 que se haga de forma gradual y ordenada (en cuyo caso los riesgos de transición serían bajos) o que la transición realizada sea insuficiente (en cuyo caso se dispararían los riesgos físicos). Por otro lado, dentro de cada trayectoria, los términos y condiciones para descarbonizar la economía son también inciertos.

En tercer lugar, es difícil medir el impacto para el sector financiero de los riesgos físicos y de transición. En parte, esta dificultad se debe a la falta de información corporativa (de carácter público) sobre el impacto financiero de los riesgos climáticos y su consideración a nivel estratégico. Por ejemplo, no existe una taxonomía estandarizada que separe claramente las actividades verdes9 de las que no lo son, y aclare cuán verde es cada actividad. Tampoco existen actualmente unos estándares comunes de divulgación de información financiera relacionada con el clima. Ello es relevante porque dificulta la transparencia, el establecimiento de marcos de referencia claros y la evaluación de cuestiones como qué compañías pueden aprovechar mejor las oportunidades que trae consigo una economía descarbonizada o qué empresas están más preparadas para afrontar los riesgos climáticos. Asimismo, esta falta de información puede llevar a una valoración incorrecta de algunos activos y a una asignación ineficiente del capital. En este contexto, son muy bienvenidas las iniciativas para establecer estándares comunes. Entre estas, destacan las recomendaciones del grupo de trabajo Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), una iniciativa del Financial Stability Board para la divulgación corporativa de riesgos financieros asociados con el cambio climático. Con todo, hasta ahora, las iniciativas sobre divulgación de riesgos climáticos han tenido un alcance limitado o han sido de carácter voluntario.10

Por último, la falta de metodologías apropiadas dificulta la valoración de los riesgos climáticos y su incorporación en los modelos internos de riesgo. El análisis de riesgos requiere del diseño de escenarios, del análisis del impacto económico y de la valoración de los riesgos financieros en cada escenario. La evaluación de los riesgos climáticos, además, requiere de un horizonte de previsión y análisis mucho más largo que el estándar.11 Asimismo, estimar el impacto que tendrá el cambio climático sobre la economía en general, y sobre el sector financiero en particular, es una tarea compleja, más aún cuando los datos históricos tienen poca capacidad predictiva. Por ejemplo, el riesgo de transición verde no se ha observado antes, lo que dificulta su estimación con las herramientas actuales. Del mismo modo, tampoco se dispone de suficientes datos ni conocimiento científico como para valorar el impacto físico que puede tener un aumento de la temperatura global muy por encima de lo que se ha observado históricamente.12 Finalmente, el análisis de escenarios es una práctica relativamente nueva y compleja, y muchos de los escenarios climáticos (como los elaborados por el IPCC)13 están diseñados para aplicarse en la elaboración de políticas y en la investigación científica, y no tanto en los análisis corporativos y financieros.

En definitiva, el cambio climático es un reto global (tanto en sus causas como en sus consecuencias), que exige soluciones globales y un elevado grado de coordinación entre todos los agentes y sectores económicos. En este contexto, una transición temprana, gradual, ordenada y justa hacia una economía descarbonizada es clave para reducir el potencial impacto de los riesgos climáticos sobre la economía en general, y sobre el sector financiero en particular. En este sentido, también es importante que el sector financiero disponga de las herramientas, metodologías y estándares necesarios para poder valorar y gestionar adecuadamente los riesgos financieros asociados al cambio climático. De este modo, el sector podrá contribuir de forma efectiva a impulsar el cambio.

 

1. Véase el artículo «La financiación que piensa en verde» del IM04/2019.

2. En este sentido, el Acuerdo de París de 2015 representa un riesgo de transición impulsado por cambios normativos. En particular, los países signatarios acordaron limitar el calentamiento global por debajo de 2 ºC mediante una reducción drástica de las emisiones de efecto invernadero. Para ello se requerirán, entre otros, medidas regulatorias y grandes cambios en las políticas industriales y energéticas.

3. El riesgo tecnológico se asocia tanto a la velocidad y escala de las nuevas tecnologías como al grado de transformación y disrupción de los sectores ante estas nuevas tecnologías.

4. European Systemic Risk Board. «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk». Reports of the Advisory Scientific Committee, n.º 6.

5. Véase Clara I. González y Soledad Núñez, 2019. «Mercados, entidades financieras y bancos centrales ante el cambio climático: retos y oportunidades», Working Papers 019-06, FEDEA.

6. Riesgo resultado del comportamiento de una clase de activos o un mercado. Algunos ejemplos incluyen revaluaciones sustanciales y abruptas del precio de los activos, que dejen a algunos activos en desuso.

7. Bank of England (2015). Discurso de Mark Carney. Breaking the tragedy of the horizon – climate change and financial stability.

8. Por ejemplo, un reconocimiento tardío de la importancia de controlar las emisiones podría resultar en una implementación abrupta de restricciones y regulaciones sobre el uso de fuentes de energía intensivas en combustibles fósiles (modo catch up).

9. En este sentido, destaca en positivo el trabajo de la Comisión Europea para apoyar una futura legislación sobre taxonomía sostenible a nivel europeo.

10. Bank of England (2019). Discurso de Mark Carney. TCFD: strengthening the foundations of sustainable finance.

11. Globalmente, los marcos regulatorios financieros tienden a centrarse en los riesgos sobre la estabilidad financiera a 2-3 años, por lo que no están diseñados para capturar riesgos poco convencionales a largo plazo.

12. Véase también el artículo «El reto climático: el futuro del planeta en juego» de este mismo Dossier.

13. Intergovernmental Panel on Climate Change.

 
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    Cambio climático y transición verde

    ¿Qué políticas se acometerán para frenar el cambio climático? ¿Qué implicaciones tiene para todos los agentes implicados la transición verde hacia una economía más sostenible?