• El sector turístico será sostenible o no será

    cataláninglés

    Una de las consecuencias del estallido de la crisis sanitaria por la COVID-19 ha sido la mayor concienciación de la población y, por extensión, de la clase política, sobre la necesidad de introducir criterios de sostenibilidad en las políticas económicas, con el fin de impulsar una reactivación de la economía de forma más sostenible y resiliente. El sector turístico no es ajeno a estas tendencias porque, en primer lugar, su propia actividad se puede ver perjudicada por las consecuencias del cambio climático y, en segundo lugar, existe un amplio margen para que la actividad turística sea más sostenible. Este artículo trata de responder qué entendemos por sostenibilidad en el sector turístico, cómo se puede medir, en qué punto se encuentra el sector turístico español y hacia dónde se dirige.

    Plantilla

    plantilla_article_vs05

    Temática
    Miniatura
    Área geográfica
    ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad en el sector turístico?

    El sector turístico español ha experimentado en los últimos años un desarrollo excepcional, hasta convertirse en una de las principales fuentes de actividad, renta y empleo para la economía española. Este fuerte desarrollo desencadenó, de forma paralela, la aparición de algunas conductas críticas y de rechazo social al papel del turismo en ciertos destinos y momentos del tiempo, hasta que, en 2020, la crisis del coronavirus paralizó la actividad del sector y puso sobre la mesa su relevancia en el sistema económico y social en muchos territorios españoles. En la actualidad, las políticas puestas en marcha por las autoridades europeas y por el propio Gobierno español apuntan claramente hacia una salida de la crisis bajo criterios de sostenibilidad y de resiliencia que, en el caso del sector turístico, adquiere una doble vertiente. Por un lado, la actividad turística es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, tales como el aumento en el nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, la degradación medioambiental o la pérdida de biodiversidad. Por el otro, existe un amplio margen de mejora para que el sector turístico sea más sostenible, al tratarse de una actividad que comporta elevados niveles de contaminación de la atmósfera y de fuerte presión sobre los recursos naturales.

    La Organización Mundial del  Turismo define

    los principios de sostenibilidad en función de los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico

    A este respecto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define los principios de sostenibilidad en función de tres ámbitos: medioambiental, económico y sociocultural. El primero persigue dar un uso óptimo a los recursos naturales y medioambientales, así como a preservar la diversidad biológica. El aspecto económico corresponde al impacto de la actividad turística sobre la economía de la localidad receptora de turismo, de tal manera que se promuevan actividades viables a largo plazo, con oportunidades de empleo estable y la obtención de unos beneficios socioeconómicos bien repartidos. Por último, el ámbito sociocultural persigue conservar y fortalecer los activos culturales y arquitectónicos y los valores tradicionales del destino turístico.

    ¿Cómo podemos medir la evolución del sector hacia la sostenibilidad?

    Al tener en cuenta los tres aspectos que la OMT define sobre la sostenibilidad del sector turístico, tratamos de establecer un indicador relevante para cada uno de ellos con el fin de medir en qué punto se encuentra la sostenibilidad en el sector y cuáles deberían ser los pasos a seguir a partir de ahora. Cabe señalar que nuestro análisis se realiza con datos anteriores a 2020, ya que el efecto de la pandemia sobre estos indicadores distorsionaría el análisis que se pretende para este artículo.

    La mayor parte de la emisión de gases de efecto invernadero

    por parte del sector turístico se concentra en los sectores del transporte

    En el ámbito medioambiental, se emplea la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera por parte de los sectores que aglutina la industria turística española.6 Para analizar el sector solo tenemos en cuenta la evolución de los tres gases que más expulsa a la atmósfera: dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO). La primera conclusión que se puede extraer es que la mayor parte de la emisión de GEI procede de los sectores del transporte (suponen en torno al 12% del PIB turístico), concretamente a la emisión de óxidos de nitrógeno, derivada de la combustión de los motores. Estos sectores se encuentran entre los más contaminantes del conjunto de las ramas de actividad. Además, sus niveles de contaminación han aumentado desde 2013 para el caso del transporte aéreo, mientras que, para el transporte terrestre han disminuido, pero se mantienen en niveles tremendamente elevados. Respecto a los servicios de alojamiento y restauración, y las actividades de agencias de viajes y turoperadores, el monóxido de carbono es el gas contaminante que más se expulsa a la atmósfera.7 Aunque los niveles de contaminación no son alarmantes, lejos de moderarse, mostraron un crecimiento del 78% en el caso del alojamiento y del 38% en el caso de agencias y turoperación entre 2013 y 2019.

    • 6. Para este análisis se consideran los datos disponibles en el INE por ramas de actividad: servicios de alojamiento, servicios de comida y bebida (rama 55-56, según CNAE 2009); actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (rama 79); transporte terrestre y por tubería (rama 49), y transporte aéreo (rama 51).
    • 7. Este tipo de GEI se produce cada vez que se enciende algún combustible como gas natural, gas propano, gasolina, petróleo, queroseno, madera o carbón. Es decir, el sector lo produce como consecuencia del uso de sistemas de calefacción y refrigeración y del empleo de cocinas de combustión.

    Emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores turísticos

    Servicios de alojamiento, servicios de comida y bebida

    Última actualización: 11 enero 2022 - 13:23

    Actividades de agencias de viajes, turoperadores y actividades relacionadas

    Última actualización: 11 enero 2022 - 13:27

    Transporte terrestre

    Última actualización: 11 enero 2022 - 14:29

    Transporte aéreo

    Última actualización: 11 enero 2022 - 14:30

    Los indicadores de valor económico consideran la contribución del turismo a la sostenibilidad económica de cada destino. Para medir este ámbito consideramos como variables el número medio de pernoctaciones al mes (volumen de actividad) y el gasto por turista (valor de esa actividad). El volumen y el valor del turismo son esenciales para la sostenibilidad económica de un destino: cuanto más elevado sea el gasto por día, más eficiente será el destino en la generación de valor turístico.

    La relación entre el volumen (número de pernoctaciones) y el gasto por turista puede verse en el siguiente gráfico.8 Entre las provincias más turísticas (aquellas con más de 10 millones de pernoctaciones al año), el gasto medio se sitúa en torno a los 300 euros por turista. Entre ellas destaca negativamente el caso de Las Palmas: la segunda provincia con más pernoctaciones, pero con un gasto promedio modesto. Entre el resto de provincias, el gasto medio por turista se sitúa por debajo de los 175 euros. En este caso, destacan de forma muy positiva, entre otras, Girona, Alicante o Guipúzcoa, que se caracterizan por un volumen más modesto de estancias hoteleras pero que disfrutan de un gasto por turista muy elevado.

    • 8. El gasto turístico total por provincia se aproxima utilizando los pagos presenciales con tarjetas de turistas domésticos e internacionales en TPV de CaixaBank en el año 2019.

    Indicadores económicos: gasto turístico vs. pernoctaciones

    Eje Y: Gasto/turista; Eje X: Pernoctaciones (millones)

    p16
    Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos y del INE.

    Como indicador básico para medir el impacto social y cultural de los diferentes destinos turísticos, medimos la congestión en las distintas provincias, ya que influye en la satisfacción de los residentes y es un indicador básico del impacto social del turismo en una comunidad. Para ello, utilizamos la variable del número de pernoctaciones en proporción a la población residente, cuyos resultados se pueden observar de forma resumida en el siguiente mapa. En términos generales, no se observa una presión turística relevante en la mayor parte del territorio.9 Sin embargo, son llamativos los casos de (i) las regiones insulares, destino eminentemente de playa y naturaleza, que reciben mucho turismo internacional;10 (ii) ciertas zonas cercanas a la frontera con Francia, con un modelo turístico de playa y montaña (Huesca, Tarragona y Girona) que tienen una población local reducida y que reciben la visita de países vecinos, así como (iii) ciertas localidades de Andalucía, que reciben tanto turismo nacional como internacional (Málaga, Huelva y Almería). Evidentemente, la congestión de los destinos más turísticos no ha hecho más que empeorar en los últimos años, teniendo en cuenta que la población ha crecido, por término medio, mucho menos que la llegada de turistas.11

    • 9. En España, la proporción de volumen de pernoctaciones respecto a la población residente se sitúa ligeramente por encima de siete, lo que puede ser tomado como referencia de congestión media para el conjunto nacional. Una congestión por encima de estos niveles se puede considerar elevada. En el caso de la UE, se sitúa alrededor de cuatro, según los datos disponibles en Eurostat.
    • 10. De hecho, Illes Balears destaca como la región europea con mayor congestión por el número de visitantes anuales que acoge, según los datos regionales disponibles en Eurostat, por delante de la Provincia autónoma de Bolzano (Italia), Algarve (Portugal), Tirol y Salzburgo (Austria).
    • 11. En los últimos 10 años, la población ha crecido un 2% por término medio en España, mientras que la llegada de turistas internacionales ha repuntado cerca de un 60%.

    Pernoctaciones en proporción a la población residente

    p17
    Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
    Hacia un nuevo modelo más sostenible y competitivo

    A la luz de los indicadores disponibles, parece claro que existe margen de mejora en los próximos años. En el ámbito medioambiental, los niveles de contaminación incluso han aumentado en los últimos años, y las líneas de mejora van desde la promoción de construcciones más eficientes y con mayor calidad energética, pasando por sistemas de acondicionamiento más modernos, hasta la promoción de medios de movilidad más sostenibles, entre otros aspectos. En términos económicos, no cabe duda de la importancia del sector para el conjunto de la economía española, si bien habrá que vigilar aquellos destinos especialmente demandados, con elevados niveles de congestión, donde la aportación económica del sector es modesta. Por último, en términos socioculturales, existen algunas regiones con una sobredemanda turística creciente que provoca malestar en determinadas poblaciones residentes, ya que causa problemas de congestión en localidades pequeñas, con servicios públicos limitados y que no siempre están preparadas para absorber esa ingente demanda estacional.

    A partir de aquí, la agenda hacia la sostenibilidad en el sector pasa por retomar iniciativas anteriores a la COVID-19 y que permitan, ahora, aprovechar los fondos procedentes de Europa.12 En concreto, el sector turístico español aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno a través de la política de «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora», donde el componente 14 traza un Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico. Dentro de este último, el eje que más inversión recibirá es la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, que cuenta con un presupuesto estimado de unos 1.900 millones de euros para los próximos tres años.13

    • 12. A principios de 2019, el Gobierno y la Secretaría de Estado para el Turismo ya habían comenzado a trabajar en la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, donde ya se tenía en cuenta la necesidad de introducir criterios de sostenibilidad en el sector y que comenzaba a introducir los objetivos y criterios que ahora, a través de los fondos NGEU, se han establecido en esta nueva Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos.
    • 13. El Gobierno realizó en noviembre el reparto de la primera convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad: se desembolsaron 615 millones a las CC. AA., teniendo en cuenta variables económicas (porcentaje de PIB turístico respecto de PIB autonómico y caída en la afiliación de trabajadores del sector turístico entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020), territoriales (porcentaje de superficie de la comunidad autónoma respecto de la superficie nacional y densidad de población) y turísticas (número de turistas internacionales recibidos en 2019 y gasto de esos turistas).
    El objetivo final no es otro que tratar de mejorar

    la competitividad del sector turístico español a través de un nuevo modelo de mayor valor añadido

    Entre los objetivos de estas iniciativas no solo se encuentra que los destinos españoles sean capaces de integrar en su oferta criterios de sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, sino también desarrollar estrategias de resiliencia frente a los retos actuales (cambio climático, sobredemanda turística, crisis sanitarias y de seguridad) y alcanzar una mayor cohesión territorial. Es decir, promover un mejor reparto de las cargas sobre el territorio y consolidar una gestión territorial integral que ayude a frenar los procesos de despoblación. El objetivo final no es otro que tratar de mejorar la competitividad del sector turístico español a través de un nuevo modelo que sea más sostenible, de más calidad y, por tanto, de mayor valor añadido.

    Destacado Economia y Mercados
    Desactivado
    Destacado Analisis Sectorial
    Desactivado
    Destacado Área Geográfica
    Desactivado
  • Avanzando hacia la sostenibilidad del sector agroalimentario

    cataláninglés

    El cambio climático y la lucha para prevenirlo suponen enormes desafíos para la producción agroalimentaria en España. A su vez, la mejora de la sostenibilidad y la resiliencia del sector será muy importante para la consecución de los objetivos medioambientales fijados en el Pacto Verde Europeo. Los indicadores agroambientales muestran que, pese a algunos avances en los últimos años, el sector se enfrenta a importantes retos, como reducir el uso de plaguicidas químicos, fertilizantes y antimicrobianos en la agricultura, así como mejorar la salud y el bienestar de los animales, aumentar la eficiencia en el uso de la energía y los recursos hídricos, promover un consumo de alimentos más sostenible y saludable, y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promoviendo una economía circular. La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella, y los fondos Next Generation EU apoyarán la transición verde y digital del sector. 

    Plantilla

    plantilla_article_vs05

    Temática
    Pre Titulo
    Miniatura
    Área geográfica
    La amenaza del cambio climático y la transición hacia un sistema alimentario sostenible

    La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

    La agricultura contribuye al cambio climático y, a su vez, sufre directamente sus consecuencias,

    por lo que debe avanzar hacia un nuevo modelo que proteja los recursos naturales de los que depende.

    Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

    Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

    Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

    p9_2
    Fuente: Comisión Europea.
    Del Pacto Verde Europeo a los Planes Estratégicos de la PAC

    Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.6La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

    • 6. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe presentar el Plan Estratégico a la Comisión Europea antes del 30 de diciembre de 2021.
    La nueva PAC, con los ecoesquemas como medida estrella,

    junto con los fondos Next Generation EU, apoyará la transición verde y digital del sector.

    Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

    p10
    Indicadores medioambientales del sector primario

    La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.7 

    Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

    • 7. «Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta a sus planes estratégicos para la política agrícola común», Comisión Europea, diciembre de 2020.
    En términos relativos, las emisiones de GEI del sector agrario español

    son inferiores al promedio de la UE, que se ha marcado el objetivo de reducirlas el 55% respecto a 1990 en 2030.

    A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).8 De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO2 por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

    El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

    En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.9

    • 8. Dato del Common Monitoring and Evaluation Framewok para la PAC 2014-2020 de la Comisión Europea, https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
    • 9. Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030.

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

    Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia
    Notas: GEI denota gases de efecto invernadero. SAU denota superficie agrícola utilizada. Fuente: CaixaBank Research, a partir de la Comision Europea COM (2020) 846.
    p13

    La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

    Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.10

    • 10. Este objetivo se recoge en la Agenda España Digital 2025.
    El 58,7% de los hogares españoles en zonas rurales

    tenían acceso a internet de banda ancha rápida en 2019. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.

    La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

    Una apuesta decidida para impulsar la producción ecológica

    La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,11  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

    • 11. La producción ecológica es un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales y la aplicación de exigentes normas sobre bienestar animal, de modo que los productos se obtienen a partir de sustancias y procesos naturales (MAPA).

    Proporción de superficie agrícola utilizada dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:35

    Respecto a los operadores ecológicos,12 casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

    • 12. El operador ecológico puede ser una persona física o jurídica, debe cumplir determinados requisitos para poder producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico. Existe un Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) que recoge la información suministrada por las comunidades autónomas.
    p15

    Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

    Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.13 El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.

    • 13. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), MAPA (2021), «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» y Ecovalia (2021), «Informe anual de la producción ecológica en España».
    La agricultura ecológica en España, al alza

    Superficie dedicada a la agricultura ecológica

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:40

    Operadores ecológicos de la actividad primaria (productores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41

    Operadores ecológicos de la actividad secundaria (elaboradores y transformadores)

    Última actualización: 28 septiembre 2021 - 14:41
    Destacado Economia y Mercados
    Desactivado
    Destacado Analisis Sectorial
    Activado
    Destacado Área Geográfica
    Desactivado

Bancos centrales y cambio climático: entre actuar y no actuar

¿Qué papel pueden tener los bancos centrales en la lucha contra el cambio climático? ¿Cómo podría el BCE incorporar criterios climáticos en su toma de decisiones, en el marco de su revisión estratégica?

Contenido disponible en
Skyline de Londres dibujado sobre una hoja de árbol

Tanto individuos como instituciones podemos contribuir a la lucha contra el cambio climático. Los consumidores podemos añadir nuestro granito de arena, por ejemplo, al elegir productos y servicios con una menor huella de carbono. El sector público puede añadir toneladas de arena, con incentivos a la inversión para mejorar la eficiencia energética y desarrollar tecnologías menos contaminantes y, sobre todo, introduciendo un precio a las emisiones de carbono. Por su parte, ¿qué papel pueden tener los bancos centrales en este ámbito? En este artículo, ponemos el foco en cómo el BCE (en el marco de su revisión estratégica) podría incorporar criterios climáticos en su toma de decisiones.

Por qué los bancos centrales deberían ser proactivos

Los bancos centrales de las economías avanzadas –también el BCE– tienen en su mandato la estabilidad de precios. Algunos, además, fijan objetivos de otras variables macroeconómicas, como el empleo. En cualquier caso, ninguno incluye explícitamente entre sus objetivos la lucha contra el cambio climático. No obstante, existe un amplio consenso de que el cambio climático tiene implicaciones importantes para la economía y la estabilidad de precios, que los bancos centrales no pueden pasar por alto. Por ejemplo, la mayor frecuencia y severidad de eventos meteorológicos adversos podría aumentar la volatilidad en el crecimiento económico y la evolución de los precios. De hecho, algunos modelos estiman que la mera expectativa de que esto ocurra ya afecta a las expectativas de inflación y reduce el tipo de interés natural,1 limitando el (ya escaso) margen de la política monetaria para estimular la economía. Para el caso de la eurozona, este factor supone un reto adicional para el BCE, puesto que el impacto del cambio climático es distinto entre sus países.

En Europa, además, los tratados europeos obligan al BCE a apoyar las políticas y objetivos de la UE, siempre que ello no perjudique la estabilidad de precios. Puesto que la Comisión Europea tiene como objetivo estratégico la lucha contra el cambio climático (el Green Deal y el fondo de recuperación Next Generation EU son una muestra clara de este compromiso), el BCE no solamente podría, sino que debería, incorporar el cambio climático en su toma de decisiones.

Por otro lado, los riesgos climáticos constituyen una amenaza para la estabilidad financiera. También suponen una amenaza para el propio banco central, entre otros porque su balance está expuesto a los riesgos climáticos a través de los títulos de deuda soberana y corporativa que adquiere en el mercado. Así, para el correcto desarrollo de la política monetaria, sería necesario que los bancos centrales también gestionasen adecuadamente la exposición climática de sus activos.

  • 1. Véase Dietrich, A. et al. (2021). «The Expectations Channel of Climate Change: Implications for Monetary Policy». CEPR Discussion Paper 15.866.
Por qué los bancos centrales no deberían ser proactivos

También existen argumentos en contra de una contribución activa de los bancos centrales a la lucha contra el cambio climático. Por un lado, podría interpretarse que, al actuar en este ámbito, las instituciones monetarias estarían sobrepasando sus actuales mandatos. Concretamente, aunque la lucha contra el cambio climático genere amplio consenso en el plano científico, no deja de ser una decisión política. Los gobiernos son los responsables de recoger el mandato de la sociedad en este ámbito y, en consecuencia, los principales actores en las políticas climáticas. En este sentido, el hecho de que un banco central tome partido e influya en la asignación de recursos económicos sin el mandato democrático para ello podría ser percibido como una disminución de su independencia política. Asimismo, el impacto directo que un banco central puede tener sobre el nivel de emisiones es bajo.

Por otro lado, si un banco central decidiera favorecer activos de sectores menos contaminantes, podría considerarse que estaría incumpliendo el principio de neutralidad de mercado.2 Sin embargo, en Europa, este principio presenta algunos matices. El tratado de la UE especifica que el BCE debe actuar de acuerdo con «el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia, fomentando una eficiente asignación de recursos». En este sentido, cuando hay un fallo de mercado (como es la falta de internalización de los riesgos climáticos en el precio de los activos financieros), la asignación de recursos puede ser ineficiente. Siguiendo este argumento, la discriminación por parte del BCE de activos en función de su exposición a los riesgos climáticos podría encajar en los tratados al atenuar un fallo de mercado y mejorar la eficiencia de la asignación. De hecho, la composición actual de la cartera de deuda corporativa del BCE no cumple con la neutralidad de mercado. En particular, la cartera de bonos corporativos replica adecuadamente el universo de bonos elegibles, pero no la estructura económica de la eurozona.3 Además, dada la mayor participación de sectores intensivos en emisiones en el mercado de renta fija corporativa europeo, la cartera de bonos corporativos del BCE presenta un importante sesgo de carbono.

  • 2. Las compras de activos deben reflejar el mercado elegible para garantizar que no se distorsionan los precios relativos de los títulos en el mercado.
  • 3. Véase Papoutsi, M. y Schneider, M. (2021. «How unconventional is green monetary policy?». Working Paper.
Eurozona: deuda en manos del BCE, peso en la economía y emisiones por sector
¿Cómo podría el BCE incorporar la lucha contra el cambio climático en su mandato?

Aunque los bancos centrales puedan actuar frente al cambio climático, parece claro que no deben liderar esta lucha. En cambio, pueden (dentro de los límites de su mandato) complementar la acción de los gobiernos. En este sentido, el BCE tiene a su disposición varias herramientas en el ámbito de la política monetaria y la supervisión bancaria con las que incorporar los riesgos climáticos en su toma de decisiones y operaciones (véase la tabla).

Opciones del BCE para incorporar criterios climáticos en sus operaciones

En primer lugar, el BCE podría ajustar su programa de compra de activos privados4 para adquirir deuda solo de empresas que divulguen cierta información climática o cuenten con un rating climático. Esta opción, que genera consenso en el Consejo de Gobierno del BCE, mejoraría la transparencia de la información climática y, por ende, ayudaría a los mercados financieros a clasificar emisores y activos según su exposición a los riesgos climáticos (facilitando así la internalización de estos riesgos en el precio de los activos).

El BCE también podría ir más allá y discriminar en función de los riesgos climáticos, mostrando preferencia por la deuda de empresas que cumplan con ciertos criterios climáticos, o excluyendo aquellos emisores y activos más intensivos en emisiones de carbono (y, por tanto, más en conflicto con los objetivos de descarbonización de la UE).5 Estas medidas, si bien son más proactivas, resultarían difíciles de aplicar sin una divulgación consistente de los riesgos climáticos por parte de las empresas, que todavía se encuentra en una fase inicial y solo aplica a empresas cotizadas. Además, suscitan cierta controversia en el Consejo de Gobierno del BCE. Primero, porque, como se ha mencionado, podrían entrar en conflicto con el principio de neutralidad de mercado.6 Segundo, porque constituyen una solución temporal (la compra de activos forma parte de la política expansiva del BCE y su duración está teóricamente acotada en el tiempo, mientras que el cambio climático es un reto a largo plazo). Y, tercero, porque podrían conllevar un riesgo reputacional para el BCE si los emisores resultaran ser menos verdes de lo que reportan.7

En segundo lugar, el BCE podría realizar ajustes en las operaciones de crédito con entidades financieras y en el marco de activos de garantía (o colateral) con el fin de favorecer las exposiciones verdes y hacer menos atractivas las más marrones. Concretamente, además de condicionar el acceso a financiación a la divulgación de información climática, el BCE también podría ajustar el tipo de interés de algunas de estas operaciones en función del destino del crédito. Por ejemplo, el BCE podría lanzar un programa de financiación verde (green TLTRO), en el que el tipo de interés que pagan los bancos estuviera condicionado a un aumento del crédito a actividades alineadas con la taxonomía verde de la UE. De forma similar, el BCE podría ajustar la valoración de los activos que se le presentan como garantía en función de los riesgos climáticos que identifique (de hecho, el BCE ya acepta colateral con distintos haircuts,8 en función de su perfil de riesgo). Así, podría asignar un menor haircut a los activos más alineados con la taxonomía verde de la UE.

En cualquier caso, ante la falta en estos momentos de información corporativa consistente y estandarizada sobre la exposición a los riesgos climáticos, es de esperar que el BCE actúe de forma cautelosa y que, al menos en un primer momento, priorice el asegurar una amplia divulgación de los riesgos climáticos por parte de empresas y entidades financieras que contribuya a la internalización de los riesgos climáticos en los precios de los activos y que sirva como base para tomar más medidas en este ámbito.

Finalmente, en el ámbito de la supervisión bancaria, el BCE ya ha empezado a tomar medidas para mejorar la calidad y cantidad de datos climáticos disponibles, así como la comprensión de los riesgos climáticos y su impacto, de forma que puedan ser tratados como un riesgo financiero más. Entre estas medidas, destaca la publicación de la guía sobre riesgos medioambientales y climáticos9 que, entre otros, pone el foco en la divulgación de la información climática por parte de los bancos. Adicionalmente, el BCE ha pedido a los bancos que elaboren planes de acción para alinear sus prácticas con las propuestas de la guía (que formarán parte del proceso supervisor anual conocido como SREP). Por último, también destaca el lanzamiento en 2022 de test de estrés climáticos, en los que los bancos autoevaluarán su exposición a los riesgos climáticos y su nivel de preparación para abordarlos –aunque dicho ejercicio no tendrá por ahora repercusión en los requisitos de capital de los bancos–.

 

  • 4. Ajustes en el programa de compra de bonos soberanos (PSPP) serían más difíciles de implementar, puesto que el BCE se encontraría con la dificultad de diferenciar entre políticas y la falta de indicadores climáticos por países.
  • 5. Algunos bancos centrales de economías avanzadas ya han avanzado en esta dirección: el Banco de Suecia (Riksbank) solo compra bonos de empresas que cumplan con normas y estándares internacionales en materia de sostenibilidad, mientras que el Banco de Inglaterra anunció recientemente que ajustaría su programa de compra de bonos corporativos para incorporar el impacto climático de los emisores.
  • 6. Además, el universo de bonos verdes hoy en día es todavía pequeño, por lo que, si el BCE solo comprase bonos verdes, no podría implementar su política monetaria adecuadamente.
  • 7. La emisión de bonos verdes no se traduce necesariamente en unas menores o decrecientes emisiones por parte de las empresas. Véase Ehlers, T. et al. (2020). «Green bonds and carbon emissions: exploring the case for a rating system at the firm level». BIS Quarterly Review.
  • 8. Recorte en el valor –o haircut– que se aplica a estos activos para mitigar los riesgos de liquidez y crédito del BCE.
  • 9. ECB Banking Supervision (2020). «Guide on climate-related and environmental risks».
    Tendencias de fondo

    Cambio climático y transición verde

    ¿Qué políticas se acometerán para frenar el cambio climático? ¿Qué implicaciones tiene para todos los agentes implicados la transición verde hacia una economía más sostenible?