• Evolución de la desigualdad en tiempo real y efectividad del estado del bienestar para amortiguar el impacto de la crisis

    España
    Desigualdad

    Oriol Aspachs (CaixaBank Research), Ruben Durante (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE), Alberto Graziano (CaixaBank Research), Josep Mestres (CaixaBank Research), Jose G. Montalvo (UPF, IPEG y Barcelona GSE) y Marta Reynal-Querol (ICREA-UPF, IPEG y Barcelona GSE).

    Oriol Aspachs
    Alberto Graziano
    Josep Mestres Domènech
    España
    Desigualdad
    COVID-19
    Desigualdad
    Políticas económicas contra la COVID-19
    Crisis COVID-19: perspectivas económicas
  • El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario

    cataláninglés

    El pasado julio se cristalizó la respuesta económica europea a la crisis de la COVID-19: el Consejo Europeo aprobó el Plan de Recuperación Europeo, el llamado NGEU, a través del cual la Unión Europea otorgará hasta 750.000 millones de euros a sus Estados miembros para impulsar la recuperación de la economía tras el shock de la pandemia. Se trata de un acuerdo sin precedentes, que podría tener un impacto considerable sobre el sector inmobiliario europeo, ya que uno de los objetivos principales de la UE, al que este Plan de Recuperación pretende contribuir significativamente, consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Está claro que la renovación del parque de edificios europeo, donde se realiza un 40% del consumo energético del continente, será clave para lograr este objetivo climático.

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    El funcionamiento del Plan de Recuperación y el reto climático

    El elemento principal del NGEU, el Mecanismo de Recuperación, otorgará entre 2021 y 2026 hasta 312.500 millones de euros en transferencias y 360.000 millones en préstamos a los Estados miembros, según su tamaño y el impacto de la crisis de la COVID-19 que hayan sufrido. Según las previsiones actuales de la Comisión Europea, se estima que España e Italia podrían llegar a recibir unos 60.000 millones de euros (un 4,8% y 3,7% del PIB, respectivamente)1 del Fondo de Recuperación; Francia, unos 30.000 millones (1,3% del PIB); Portugal, 13.000 millones (6,2% del PIB), y Alemania, unos 20.000 millones (0,6% del PIB). Para acceder a estos fondos, los países de la UE deben elaborar Planes de Recuperación Nacionales y detallar tanto los proyectos de inversión que financiarán con los fondos como las reformas que los acompañarán. Estos proyectos y reformas deberán contribuir a cuatro objetivos generales: i) la promoción de la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea, ii) el fortalecimiento de la resiliencia económica y social, iii) la mitigación del impacto social y económico de esta crisis, y iv) el apoyo a las transiciones ecológica y digital. Además, cada plan de recuperación y resiliencia deberá destinar un mínimo del 37% del gasto a cuestiones relacionadas con el clima.2

    • 1. Los 72.000 millones que España espera recibir de la UE incluyen 12.500 millones del fondo REACT-EU.
    • 2. Para más detalles, léase el artículo «Todo lo que siempre quiso saber sobre el Plan de Recuperación europeo y nunca se atrevió a preguntar», disponible en https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/todo-lo-siempre-quiso-saber-sobre-plan-recuperacion-europeo-y?987
    El Fondo de Recuperación europeo NGEU tiene una dotación elevada

    y puede suponer un revulsivo importante para renovar el parque de edificios europeo, una condición sine qua non para alcanzar los objetivos de emisiones acordados.

    Renovación del parque de edificios europeo: un objetivo clave

    La Comisión Europea ha identificado la renovación del parque de edificios europeo como una de las prioridades para la transición ecológica. Más de 200 millones de edificios, que representan el 85% del parque europeo, fueron construidos antes de 2001 y la mayoría no son energéticamente eficientes. En el gráfico siguiente se puede ver que en muchos países, sobre todo en España, todavía queda mucho trabajo por hacer para mejorar la eficiencia energética media del parque de viviendas. La velocidad de renovación actual es demasiado lenta para cumplir con el objetivo de la reducción de las emisiones en un 55% en 2030. Según la Comisión, son necesarios unos 90.000 millones de euros por año en inversiones públicas y privadas europeas para lograr el ritmo de renovación deseado. 

    Proporción de viviendas por grado de eficiencia

    Porcentaje del parque nacional de viviendas por grado de eficiencia EPC (%)

    p 18

    Ante esta situación, la Comisión Europea recomienda que la renovación del parque de viviendas sea una de las prioridades de los planes de recuperación nacionales. Estas renovaciones podrían contribuir de manera simultánea a los dos objetivos europeos de transición ecológica y digitalización de la economía, por ejemplo, a través de edificios «inteligentes» que pueden ser más eficientes desde un punto de vista energético e incluso producir su propia energía. 

    p 19

    En consecuencia, Alemania, Francia y España ya han anunciado una serie de medidas de renovación que cuentan financiar con fondos europeos. En Alemania, el Gobierno ha comunicado que aumentaría la dotación de su programa de renovación energética de edificios de los 1.500 millones de euros iniciales a 2.500 millones, y también ha dado a conocer la creación de un nuevo programa, dotado de 2.000 millones de euros, para promover la adaptación climática de edificios municipales. En Francia, el Plan de Relance incluye 6.700 millones de euros entre 2021 y 2022 para renovar viviendas privadas, locales de pymes, edificios públicos y edificios de vivienda social.

    En el siguiente artículo, veremos cómo España utilizará los fondos europeos para financiar una ola de renovación del parque de edificios español.

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  • NGEU: una oportunidad para relanzar el sector inmobiliario español

    cataláninglés

    El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española puede ser un importante catalizador para el sector inmobiliario. Con la ayuda de los fondos europeos, el Gobierno prevé rehabilitar medio millón de viviendas entre 2021 y 2023, con la finalidad de mejorar su eficiencia energética y contribuir así a alcanzar los objetivos de descarbonización acordados. Por otra parte, los Presupuestos Generales del Estado contemplan un notable incremento de la dotación destinada a aumentar el parque de vivienda social en alquiler, una política muy necesaria ante el agravamiento de los problemas de asequibilidad de
    los alquileres para los grupos de población más vulnerables.

    Plantilla

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    Next Generation EU: una oportunidad histórica para la economía española

    El Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation EU), representa una oportunidad única para modernizar la economía española y aumentar su crecimiento potencial. No en vano, España recibirá unos 72.000 millones de euros en transferencias no reembolsables entre 2021 y 2026, lo que equivale al 5,8% del PIB de 2019.1 Aunque el primer pago de la Comisión Europea no se espera hasta mediados de 2021,2 el Gobierno prevé anticipar fondos para acelerar las inversiones y espera ejecutar 26.634 millones de euros en 2021, según recoge el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una parte importante, tal como veremos, se destinará a apoyar la transición ecológica y digital del sector inmobiliario.

    • 1. Dicha cantidad puede llegar a 140.000 millones de euros si incluimos los préstamos. Para más detalles, léase «Next Generation EU: una oportunidad de oro para la economía española», disponible en https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/sector-publico/next-generation-eu-oportunidad-oro-economia-espanola?index
    • 2. Se espera que la UE desembolse el primer tramo de los fondos, de 6.400 millones de euros, en el 3T 2021.
    NGEU y PGE 2021: una importante dotación destinada a políticas de vivienda

    En materia de vivienda, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) presentado por el Gobierno español para canalizar los fondos europeos del NGEU3 se centra especialmente en el plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Esta política está bien alineada con los objetivos fijados por la Comisión, ya que la renovación del parque de edificios europeo es una de las prioridades clave.4 Así, el PRTR subraya la importancia de mejorar la habitabilidad e impulsar el sector de la construcción en clave sostenible (mejorando la eficiencia energética, impulsando infraestructuras verdes y desplegando techos solares) y digital (mediante aplicaciones inteligentes en edificios). En concreto, el PRTR contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023. Se trata de un objetivo ambicioso, muy positivo para el sector si se materializa y, como veremos a continuación, el impacto medioambiental puede ser muy significativo dada la situación actual del parque de viviendas.

    • 3. En octubre, el Gobierno presentó un esbozo del Plan con las líneas maestras. El Plan definitivo se debe remitir a la Comisión Europea antes del 30 de abril de 2021 y se espera que el Consejo Europeo lo apruebe en junio de 2021.
    • 4. Véase el artículo «El Plan de Recuperación Europeo: una ola verde para el sector inmobiliario» en este mismo Informe Sectorial.
    Alrededor de un 6% de los fondos europeos NGEU

    se destinarán a la rehabilitación de viviendas con lo que se triplicará la inversión pública en este ámbito.

    Según el Ministerio de Política Territorial, se destinarán 4.500 millones de euros del NGEU (un 6,25% del total de transferencias) para la rehabilitación de viviendas en los próximos años. En 2021, según se recoge en los PGE, se canalizarán 1.651 millones de euros a cargo del NGEU para financiar políticas de vivienda y de fomento de la edificación. Si se materializa, esta cantidad por sí sola representaría más del triple de las partidas de vivienda incluidas en los PGE durante el promedio de los últimos cinco años, cuando oscilaban entre los 460 y los 510 millones de euros por ejercicio. Además, este montante representa un 73% del total presupuestado en los PGE 2021 en políticas de vivienda (2.253 millones de euros) y un 6,2% de los mencionados 26.634 millones de euros de fondos europeos NGEU que se esperan ejecutar en 2021. 

    Los PGE 2021 incluyen una dotación presupuestaria de 2.253 millones de euros en materia de vivienda,

    de los cuales 1.651 millones proceden de fondos europeos y se destinarán a rehabilitación de vivienda y, por otra parte, 569 millones se destinarán a políticas sociales de vivienda.

    p 22

    Los 1.651 millones de euros de fondos del NGEU en 2021 se utilizarán en tres programas: uno para la rehabilitación de entornos residenciales (viviendas y barrios), gestionado principalmente por las comunidades autónomas mediante convenios y por valor de 1.550 millones de euros; otro centrado en la rehabilitación digital y sostenible de edificios públicos, por valor de 81 millones, y un último dotado de una partida de 20 millones para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico. De este modo, aunque los fondos europeos no financiarán directamente programas de vivienda social, permitirán liberar fondos para aumentar la dotación en este ámbito en los PGE 2021: la dotación total presupuestada de 2.253 millones de euros para vivienda incluye 569 millones de euros para vivienda social, lo que supone un aumento del 20% respecto a los presupuestos anteriores. Esta dotación se destinará principalmente a ayudas al alquiler para familias vulnerables y al plan de 20.000 viviendas para alquiler social. 

    Por otra parte, los PGE contemplan 500 millones de euros en fondos NGEU destinados a economía circular, lo que debería permitir un mejor aprovechamiento de los recursos y aumentar la competitividad de diversos sectores estratégicos. Sin embargo, no han trascendido los detalles acerca de si una parte del presupuesto se dedicará específicamente al sector de la construcción.

    El parque de viviendas en España: envejecido e ineficiente energéticamente

    El plan de rehabilitación de la vivienda supone una oportunidad única para impulsar la descarbonización del sector inmobiliario, pero también para paliar algunas de las problemáticas actuales de la vivienda. En particular, al envejecimiento del parque (el 50% de las viviendas en España tiene 40 años o más), se suma una elevada variabilidad en cuanto a características y prestaciones, en términos de eficiencia energética, habitabilidad
    o accesibilidad. 

    España tiene un parque de viviendas envejecido

    y una gran parte se construyó prestando poca atención a la eficiencia energética.

    En algunos casos, estas diferencias son fruto de la normativa técnica vigente en el momento de la construcción. Por ejemplo, como muestra el siguiente gráfico, la mitad del parque residencial en España fue construido antes de que entrara en vigor la primera normativa básica de edificación, en 1980. Es decir, unos 12,8 millones de viviendas se construyeron siguiendo normas que regulaban la seguridad de las estructuras, pero que no contemplaban cuestiones relativas al aislamiento térmico o el consumo energético.5 Asimismo, un 44% adicional de viviendas (unos 11,4 millones) fueron construidas entre 1981 y 2007, antes de que entrara en vigor el Primer Código Técnico de Edificación, que establecía requisitos mínimos en materia de seguridad, habitabilidad y eficiencia energética.6 El resultado es que el parque residencial en España es en su gran mayoría ineficiente desde el punto de vista energético y requiere de una actualización profunda para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con los que se ha comprometido España. 

    • 5. A partir de 1960, se introdujeron varias ordenanzas provinciales que regulaban, aunque de forma tímida, el aislamiento térmico de las viviendas de protección oficial.
    • 6. No obstante, al estar construidas con posterioridad a la normativa básica de edificación CT-79, estas viviendas disponen de un cierto grado de aislamiento térmico (en fachadas y cubiertas), lo que garantiza un mínimo de confort térmico. Además, durante este periodo, cada vez era más habitual el uso de carpinterías de aluminio y la instalación de doble vidrio en puertas y ventanas, que también contribuye a mejorar el aislamiento térmico de la vivienda.

    Segmentación de la vivienda en España según año de construcción y normativa técnica

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:04

    Además, parte del parque residencial en España sufre de problemáticas diversas que afectan a su habitabilidad y calidad. Una de estas problemáticas es el tamaño reducido de algunas viviendas. Concretamente, el 13% de las viviendas en España tiene un tamaño inferior a los 60 m2, mientras que el 46% tiene una superficie entre 61 y 90 m2. Las rehabilitaciones orientadas a mejorar el aprovechamiento del espacio (como, por ejemplo, el cerramiento de terrazas) pueden ser de gran ayuda a la hora de aumentar la superficie útil de estas viviendas.

    Otro de los problemas que afecta a parte del parque es su mal estado de conservación. En particular, cerca de 1,8 millones de viviendas en España (el 7% del total) presenta un estado de conservación que puede ser considerado ruinoso, malo o deficiente.7 En términos relativos, España se sitúa ligeramente por detrás del promedio de la UE en este ámbito: el 15% de población en España vive en un inmueble que presenta problemas de conservación, comparado con el 13% en la UE.8 

    Las barreras arquitectónicas y la falta de accesibilidad, que afecta al 13,2% del parque residencial, son otras de las carencias importantes de la vivienda en España. Así, cerca de 3,4 millones de viviendas se encuentran en edificios de cuatro plantas o más y no disponen de ascensor. 

    • 7. Datos del último censo de la vivienda (2011).
    • 8. Datos de Eurostat.
    El consumo de energía en el sector residencial: no estamos tan mal

    En parte gracias a la climatología, la demanda energética del sector residencial en España es menor que la de la UE, tanto en términos absolutos9 como relativos.10 Por consiguiente, este menor consumo energético conlleva necesariamente un menor potencial de ahorro que en otros países europeos. Este es un aspecto importante, puesto que uno de los argumentos a favor de la rehabilitación energética es que los ahorros futuros de energía que se generan (especialmente en climatización) pueden ser superiores al coste de la inversión/intervención.11 

    Si nos fijamos en los usos de este consumo energético por parte de los hogares españoles, la mayor parte del consumo se destina a calefacción (véase el siguiente gráfico). Con todo, la proporción de consumo energético que España destina a esta partida es muy inferior a la de la UE: 42% en España frente al 64% en la UE.124 

    La iluminación y los electrodomésticos también concentran buena parte del consumo energético de los hogares, pero en este caso la proporción de energía consumida es mayor que en la UE: el 14% en la UE frente al 32% en España. Este ámbito es clave, puesto que los hogares cuentan cada vez con más equipos y electrodomésticos, por lo que es importante que sean cada vez más eficientes energéticamente para evitar un aumento del consumo eléctrico en electrodomésticos.

    • 9. El consumo medio anual por hogar en España es de 9.224,1 KWh por vivienda, mientras que el consumo promedio en la UE es de 16.526 KWh por vivienda. Se llega a una conclusión similar si se compara el consumo de energía en edificios residenciales por m2.
    • 10. El sector residencial supone aproximadamente el 17% del consumo de energía en España, comparado con el 26% en la UE, según datos de IDAE-MITECO (2018).
    • 11. Otro aspecto que puede dificultar la capitalización de los ahorros energéticos en un tiempo razonable es la estructura tarifaria de la energía, que en España consta de una elevada proporción de costes fijos vinculados a potencia contratada e impuestos.
    • 12. El consumo unitario por m2 en calefacción también es muy inferior al de la UE.

    Consumo de energía final del sector residencial español desglosado por usos (2018)

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:04
    La rehabilitación de la vivienda toma impulso gracias a los fondos europeos

    Como ya se ha comentado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española contempla la rehabilitación de 500.000 viviendas entre 2021 y 2023. Esto supone un notable empujón a las metas que se contemplan en el Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC) 2021-2030,13 que prevé la renovación de la envolvente térmica (fachadas y cubiertas) de 1.200.000 viviendas hasta 2030, empezando con 30.000 viviendas al año en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas al año en 2030.14

    • 13. El Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima (PNIEC 2021-2030) es un documento estratégico elaborado por el Gobierno (a petición de la UE), que marca la estrategia para descarbonizar la economía española.
    • 14. El PNIEC también contempla la renovación de instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente sanitaria de 300.000 viviendas al año en promedio.
    Los fondos europeos apoyarán la renovación del parque de viviendas español,

    pero hay ciertas limitaciones que pueden lastrar la velocidad proyectada.

    Por tanto, los fondos europeos deben permitir una aceleración significativa de la velocidad de renovación del parque de viviendas español. Con todo, hay ciertos aspectos que pueden frenar su plena implementación. En primer lugar, la ambición del PRTR contrasta con el ritmo actual  de rehabilitación de viviendas (cercano a 25.000 viviendas al año), por lo que alcanzar el objetivo de rehabilitación de 500.000 viviendas en tres años supone multiplicar el ritmo actual de rehabilitación por seis hasta 2023.

    En segundo lugar, la inversión para mejorar la eficiencia energética de la vivienda oscila entre 5.000 y 10.000 euros para el envolvente del edificio, y entre 12.000 y 40.000 euros para actuaciones completas,15 un coste elevado para muchos hogares. En este sentido, será clave que las ayudas a la rehabilitación lleguen también a los hogares más afectados y vulnerables, y a aquellas zonas con mayores necesidades de rehabilitación. 

    En tercer lugar, la voluntad de la población a realizar obras es, en general, baja. Según el Barómetro de la Vivienda (CIS, 2018), el 87% de los encuestados no tenía previsto llevar a cabo mejoras o reformas en su vivienda en el siguiente año (la mayoría porque consideraba que su vivienda no lo necesitaba). Además, entre los que sí que tenían previsto realizar obras, se priorizaban claramente las reformas decorativas (como, por ejemplo, las de la cocina y el baño) por encima de las que están relacionadas con la eficiencia energética (como la sustitución de puertas y ventanas). 

    A este punto se suma también la tipología de vivienda que predomina en España, caracterizada en su mayoría por edificios plurifamiliares de tres plantas o más, que concentran el 67% de viviendas. En este sentido, la mayor dificultad para tomar decisiones en comunidades de varios propietarios puede suponer una barrera adicional para realizar algunas de estas intervenciones. 

    Y, en último lugar, el nivel de preocupación o sensibilización de la población en relación con la eficiencia energética es relativamente menor a la de otros problemas relacionados con la vivienda. Según el último barómetro de la vivienda (CIS, 2018), la preocupación por el confort térmico (35%) es similar a otras preocupaciones, como pueden ser el ruido y la seguridad ante robos, e inferior a otras, como la falta de ascensor en algunas viviendas. 

    • 15. Incluyen cambio de instalaciones de climatización y agua caliente. Estimaciones procedentes de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, Ministerio de Economía (2020).

    Porcentaje de hogares que están poco o nada satisfechos con los siguientes aspectos del edificio en que se encuentra su vivienda

    Última actualización: 10 diciembre 2020 - 16:05

    En definitiva, la rehabilitación de las viviendas es clave para reducir el consumo energético y, con él, la emisión de gases de efecto invernadero. Con todo, para impulsar las rehabilitaciones, también es importante transmitir el mensaje de que la renovación de la vivienda supone una gran oportunidad para mejorar el confort y la habitabilidad interior de nuestros hogares –una cuestión que el confinamiento ha puesto de especial manifiesto–, así como para revalorizar los inmuebles. De acuerdo con ello, es primordial orientar los recursos públicos disponibles de forma conveniente para abordar las principales problemáticas del parque de vivienda de forma conjunta con la ciudadanía. 

    p 27
    Vivienda social en alquiler: la gran tarea pendiente

    Además de la rehabilitación, otra de las prioridades de las políticas de vivienda para los próximos años es el fortalecimiento del parque residencial público destinado al alquiler social o asequible. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de arrendatarios que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, una medida del sobreesfuerzo que supone para muchas familias sufragar los costes de su vivienda. Este sobreesfuerzo es, además, desproporcionadamente alto en el caso de los hogares de ingresos bajos y los jóvenes. Asimismo, la crisis del coronavirus ha agravado los problemas de asequibilidad de los alquileres, especialmente entre los grupos de población más vulnerables, tal y como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre la economía española.16 En este sentido, el FMI recomienda aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler social, puesto que España cuenta con uno de los parques más exiguos de Europa: la vivienda social representa el 2,5% del total de viviendas principales en España frente a un promedio europeo del 9,3%, según datos de Eurostat. Para alcanzar el promedio europeo, harían falta 1,2 millones de viviendas sociales adicionales, una cifra que difícilmente se pueda alcanzar sin colaboración público-privada.

    • 16. IMF Country Report n.º 20/299. Spain. Selected Issues. Disponible en https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2020/English/1ESPEA2020002.ashx
    En las últimas 4 décadas se han construido casi 2,4 millones de viviendas protegidas en España,

    la mayor parte de ellas en régimen de propiedad. En consecuencia, el parque de vivienda social en alquiler es muy reducido, en torno a unas 290.000 viviendas.

    La carencia de vivienda social en alquiler se debe a unas políticas de vivienda que históricamente han estado orientadas a promover la vivienda protegida en propiedad. Entre 1981 y 2019, se terminaron en España casi 11 millones de viviendas, de las cuales un 21,6% fueron protegidas. En este mismo periodo, los hogares crecieron en algo menos de 8 millones, de modo que podemos concluir que la vivienda protegida cubrió las necesidades habitacionales de aproximadamente un 30% de los hogares españoles en las últimas cuatro décadas, una cifra muy significativa. Sin embargo, la mayor parte de las viviendas protegidas construidas en España se destinaron al régimen de propiedad (véase el gráfico siguiente), de modo que, al cabo de unos años, estas viviendas han pasado a adquirir la condición de viviendas libres en el mercado, perdiendo así el carácter social con el que fueron promovidas.

    La promoción de vivienda social en alquiler ha sido muy limitada en España

    Última actualización: 23 diciembre 2020 - 11:20

    La promoción de vivienda protegida se encuentra en niveles muy bajos desde el año 2010 y ha afectado en mayor medida el régimen de alquiler. De hecho, entre 2013 y 2016 esta modalidad ha sido prácticamente nula (368 viviendas por año en promedio) lo cual ha favorecido la prevalencia de la vivienda protegida en propiedad. No obstante, desde el año 2017, el alquiler parece haber recuperado cierto peso relativo. En concreto, en el año 2019 se construyeron 12.496 viviendas protegidas en España, de las cuales 2.585 (un 20,7% de las viviendas protegidas) fueron de alquiler. Sin embargo, estas cifras son claramente insuficientes para incrementar el parque de vivienda social en alquiler de manera significativa. 

    Según estimaciones recientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,17 en España existe un parque de vivienda social de titularidad pública en alquiler situado en el entorno de las 290.000 viviendas. De ellas, unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y 110.000 son de titularidad de los ayuntamientos. Este parque de 290.000 viviendas sociales en alquiler ofrece cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que habitan en España (datos del Cuestionario sobre vivienda social, 2019). 

    • 17. Boletín especial vivienda social, 2020, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
    Reflexiones finales

    Los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para rehabilitar un parque de viviendas envejecido y poco eficiente desde el punto de vista energético, unas renovaciones que contribuirán de manera simultánea a los dos objetivos europeos de transición ecológica y digitalización de la economía, por ejemplo, mediante edificios «inteligentes» más eficientes energéticamente. Asimismo, el fuerte impacto económico y social de la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un amplio parque público de viviendas en alquiler para solventar la actual carestía y tener la capacidad para dar una solución habitacional a la población más vulnerable. Unas políticas que deberían impulsar una recuperación verde, social y digital.

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Democracia y pandemia: más luz que oscuridad

Contenido disponible en
10 de febrero de 2021
Detalle de grabado de Pericles en el ágora de Atenas

A estas alturas del Dossier dos grandes conclusiones pueden considerarse razonablemente bien fundamentadas. La primera, que la democracia está indudablemente en baja forma y que se la acusa de ser incapaz de resolver los problemas del presente y del futuro. La segunda, que aunque la crisis de la COVID-19 llega con las democracias con el paso cambiado, la evidencia del análisis empírico realizado sugiere que su respuesta a la pandemia no ha sido, en términos generales, peor que la de las autocracias. De hecho, es más bien lo contrario. La excepción más notoria, probablemente, es China, pero decir que el gigante asiático ha dado con una buena estrategia anti-COVID no implica que las democracias lo hayan hecho mal.

Ahora demos un paso más, de carácter normativo y prospectivo. Ha llegado el momento de coger al toro por los cuernos y tratar de responder a la pregunta de si la pandemia va a ser un factor determinante que dé un giro de 180 grados a la tendencia de desafección popular con las democracias o, por el contrario, y muy desgraciadamente, si será otra oportunidad perdida para recuperar la sintonía con la democracia. Sintiéndolo mucho, quien espere respuestas definitivas, de blanco o negro, va a sentirse decepcionado. Lo que sí encontrará son algunas reflexiones que, esperamos, aporten algo de luz y que sugieran el grado de gris que leemos en este tema crucial.

Cambio de preferencias y pandemias

Una primera reflexión obligada se refiere a la cuestión clave del posible cambio de preferencias que un shock como esta pandemia puede inducir y a la capacidad del sistema político de dar respuesta a estas hipotéticas nuevas preferencias. La historia nos proporciona algunas lecciones importantes. De entrada, las grandes pandemias del pasado parecen haber tendido a generar respuestas políticas que sugieren que dicho cambio de preferencias efectivamente acostumbra a darse tras estas crisis sanitarias.1

Una segunda reflexión es que esta respuesta política no siempre ha sido exitosa. Dado que abundan las analogías entre la nefasta década de 1930 y nuestro presente, es relevante mencionar un estudio reciente de Kristian Blickle, economista de la Reserva Federal, en el que constata que existe una correspondencia entre las circunscripciones electorales alemanas más afectadas por la gripe de 1918-1920 y aquellas en las que el Partido Nazi obtuvo mejores resultados en las distintas contiendas electorales de la época.2 El autor defiende, de manera bastante convincente, que la combinación de preferencias previas (en este caso, se documenta el antisemitismo) y el shock de la gripe de 1918 hicieron más atractivas las posiciones de las alternativas radicales.

En nuestra opinión, y en términos generales, las actuales democracias son mucho más funcionales que las que existían en los años treinta y es dudoso que en esta ocasión no se responda de mejor forma que en el pasado. Por tanto, creemos que las preferencias van a cambiar, pero que los decisores públicos van a ser capaces de producir políticas adaptadas a ellas y, por lo general, mejores. Esto va a depender, en no poca medida, del siguiente elemento a tomar en consideración, lo que llamamos el «blindaje» del regulador.

  • 1. Véase el Dossier sobre el mundo después de la COVID-19 del IM05/2020, en particular el artículo «COVID-19 y cisnes negros: lecciones del pasado para un mejor futuro».
  • 2. Véase K. S. Blickle (2020). «Pandemics Change Cities: Municipal Spending and Voter Extremism in Germany, 1918-1933». Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
El papel crítico de la tecnocracia

Entramos en una cuestión extremadamente controvertida, pero inevitable, en el debate que nos ocupa, la de cómo blindar al regulador de la excesiva influencia de los grupos de interés. La respuesta es un mayor anclaje en el proceso de toma de decisiones de grupos técnicos (la tecnocracia) con un grado de independencia suficiente para limitar la presión de los lobbies. Si alguien piensa que esto es imposible, hay que recordar que existe un precedente muy potente de éxito indudable: el de los bancos centrales modernos. Ciertamente el «blindaje» (la independencia) de los bancos centrales responde fundamentalmente a la necesidad de aislar la política monetaria de la toma de decisiones políticas (que, en su legítima pretensión de ganar elecciones, persiguen objetivos distintos de la estabilidad de precios). Un blindaje que es efectivo: los bancos centrales independientes generan sistemáticamente expectativas de inflación más estables y bajas que los no independientes.

Pues bien, unos órganos técnicos, con igual grado de independencia, permitirían que las políticas públicas susceptibles de ser «capturadas» por intereses sectoriales, o por un excesivo electoralismo, estuviesen más protegidas. Así sería posible establecer consensos técnicos razonablemente compartidos y que pudiesen integrarse en aquellos grandes acuerdos que acostumbramos a definir como políticas de Estado y cuyos efectos tienden a materializarse en un horizonte que supera ampliamente el del ciclo electoral.

En este ámbito, de nuevo, tenemos más esperanzas que temores. La capacidad que presumimos a las democracias de emular las mejores prácticas de otros países o ámbitos justifica, en definitiva, nuestra visión que aquí, otra vez, el futuro está más cerca del blanco que del negro. Muchas democracias han tendido a establecer grupos técnicos independientes que han sido capaces de gestionar ámbitos de las políticas públicas que lo requerían. Y si preocupa que los técnicos tengan una agenda propia, recordemos que el control político en estos órganos independientes no es menor, ya que es el que establece los objetivos (ya sea la estabilidad de precios, la competencia o la salud pública) y controla su efectividad. Pero los medios quedan fuera del día a día de la política.

Conocimiento científico y política

La independencia de la tecnocracia está irremediablemente asociada a lo que se denomina «políticas públicas basadas en la evidencia». Es decir, la capacidad para utilizar el mejor conocimiento científico y social disponible para elaborar las políticas públicas. Este es un legado, creemos, bastante sólido de la actual crisis: la ciencia, en este caso la que ha conducido al hito de las vacunas, se ha visto revalidada como un elemento fundamental de la sociedad. Pero hay que ir más allá. Es necesario que el atender a los criterios técnicos sea un elemento ineludible por parte de los decisores públicos. Queda mucho camino por recorrer, como la propia pandemia ha puesto de manifiesto (para una muestra relevante véase el gráfico adjunto), pero las democracias deberían estar en mejores condiciones de afrontarlo.

Uso de asesoramiento científico sobre la COVID-19 por parte de los políticos
La política eficiente será global o no será

Otro elemento clave para la implementación de políticas públicas eficientes, y mediante las cuales se refuerce la legitimidad de la democracia, es que estas se diseñen en el marco geográfico adecuado. O, en otras palabras, si muchos de los bienes (y males) públicos que la democracia persigue son globales, la escala óptima será necesariamente supranacional. Las políticas claves para afrontar el cambio estructural presente en relación con el cambio climático o la digitalización, por ejemplo, deben diseñarse con una óptica y coordinación globales. Típicamente, esto exige un marco internacional de cooperación y el más fuerte de ellos es, para nosotros, el de la UE. Si en dicho marco se fijan directrices que entran en contradicción con las preferencias locales, la desafección política crecerá. La solución, compleja, pasa por hallar elementos comunes en las preferencias de los distintos estados y encontrar formas de implementación local que ofrezcan el margen de maniobra para una adaptación a los factores idiosincráticos nacionales. ¿Están nuestras democracias capacitadas para alcanzar este complejo equilibrio? No podemos ser taxativos, ni tampoco queremos ser negativos, pero el reto es mayúsculo y quizás las posibilidades de éxito no son claras. En nuestra analogía cromática, un gris más oscuro de lo que desearíamos.

La fragmentación política

Y, finalmente, entramos ahora en otro tema controvertido y complejo, el de la polarización y la fragmentación política, que hemos visto que es uno de los factores que subyace a la tendencia a generar bloqueos que afectan negativamente a los procesos de toma de decisiones. Como no puede ser de otra manera, es un tema fundamental al que se ha dedicado mucho espacio y esfuerzo en las páginas del Informe Mensual en los últimos años. Nuestra síntesis podría ser la siguiente: i) la historia concluye que la polarización política está presente en muchos cambios políticos sistémicos seculares y ii) los factores de fondo que en el pasado han alimentado el aumento de la polarización (en particular, cambio tecnológico, globalización y demografía; quizás también los factores culturales) están activos en nuestras sociedades contemporáneas.

Esto no implica que estemos condenados a repetir las crisis del pasado. Los factores estructurales condicionan pero no determinan el destino, especialmente en sociedades que tienen la fortuna de tener voz y voto en el proceso. Churchill probablemente estaba en lo cierto, la democracia es el peor de los sistemas, con la salvedad de todos los restantes. En el mismo espíritu, las actuales democracias liberales distan de la perfección, es indudable, pero su calidad y, sobre todo, su potencial de mejora deberían permitir que se encuentren formas para recuperar el imprescindible relato común que toda sociedad necesita para construir su futuro.