Colombia

La economía colombiana ha mostrado signos de estabilización en los últimos trimestres. El repunte de la actividad se apoya en el consumo privado, que se encuentra 6 p. p. por encima de su tendencia previa a la pandemia, gracias a un mercado laboral robusto, cuya tasa de paro se sitúa por debajo del promedio histórico, y al aumento de los ingresos reales de las familias, impulsados por el aumento del salario mínimo (+23% desde 2023) y la expansión de programas sociales. La mejora del mercado laboral y la moderación de la inflación han impulsado el consumo privado desde 2024, tras tres años de atonía, favoreciendo el crecimiento del PIB. La inversión, por otro lado, continúa rezagada respecto a niveles prepandémicos, y refleja cierta incertidumbre política, en particular en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos (en el que los cambios regulatorios para favorecer la transición ecológica y limitar la exploración han reducido la inversión extranjera) o la construcción. Sin embargo, persisten focos de tensión como el deterioro fiscal, la debilidad de la inversión y la incertidumbre institucional.

Las autoridades monetarias han conseguido reconducir la inflación desde su pico en 2023 (13,3% en marzo de 2023). El FMI espera que en 2025 cierre en el 4,4%, y que converja al objetivo del banco central del 3% en 2027. También la inflación subyacente ha caído, aunque con menos intensidad, debido a la persistencia de la inflación en servicios y a una amplia indexación de precios. El banco central continúa relajando su política monetaria, aunque a menor ritmo que en años anteriores (tras acumular 350 p. b. de recortes en 2024, los tipos se han reducido en solo 25 p. b. en 2025 hasta el 9,25%).

El déficit fiscal se ha ampliado en los últimos años ante la estabilidad del gasto primario y el descenso de los ingresos tributarios debido, entre otras razones, a la caída en los precios internacionales del carbón y la reducción de ingresos provenientes del sector minero-energético. Así, la deuda bruta del sector público consolidado alcanzó el 61,2% del PIB en 2024 y se espera que supere el 63% en 2027, por encima del ancla fiscal legal del 55%.

La mejora del sector exterior no parece sostenible. Tras mejorar la balanza de pagos en 2024 (cuando el déficit por cuenta corriente se redujo al 1,7% del PIB, el nivel más bajo en 20 años) por el fuerte crecimiento de las remesas (+17% en el año) y el turismo, y por una caída en los pagos de dividendos al exterior, el FMI no espera que esta mejora sea sostenible, y proyecta que a partir de 2025 el déficit vuelva a ampliarse debido al empeoramiento de los términos de intercambio y a una mayor demanda interna.

El peso colombiano se ha apreciado con fuerza en 2025, alrededor de un 15% frente al dólar, impulsado por un diferencial positivo de tipos de interés reales respecto a EE. UU. y por un amplio colchón de reservas internacionales (131% del umbral del FMI). Esta apreciación también reflejó la mencionada mejoría del déficit externo, gracias a menores pagos de dividendos y mayores remesas, aunque, en próximos trimestres, la combinación de precios del petróleo moderados, vulnerabilidades fiscales internas y un déficit por cuenta corriente que volverá a ampliarse apunta a una depreciación gradual del peso en 2026. La política monetaria seguirá siendo restrictiva y dará soporte a la divisa, pero el entorno financiero global y la relación con EE. UU. supondrán fuentes de volatilidad con un sesgo levemente bajista para la divisa.

El balance de riesgos de la economía colombiana se presenta sesgado a la baja. Entre otros, destacamos los siguientes riesgos:

• Riesgos fiscales: el deterioro fiscal es el principal riesgo macroeconómico. La suspensión de la regla fiscal hasta 2027 ha permitido al Gobierno ampliar el gasto sin contar con un aumento equivalente y sostenible en los ingresos públicos que lo respalde y, aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo prevé una consolidación en 2028 basada en una reforma tributaria que busca recaudar 1,4 p. p. de PIB adicionales, su aprobación se complica por la falta de mayoría parlamentaria y el ciclo electoral de 2026. Además, persisten rezagos presupuestarios por falta de liquidez, que podrían convertirse en pasivos, y el país continúa siendo dependiente de ingresos procedentes del sector minero y energético, que son muy volátiles. Según el FMI, para retornar a la regla fiscal en 2028, Colombia deberá ejecutar un ajuste estructural de al menos 3,2 p. p. del PIB entre 2026 y 2028. Aun así, la deuda neta no volvería al ancla del 55% del PIB hasta la década de 2040. Si el ajuste no se materializa, la deuda podría superar el 70% del PIB antes de 2033.
• Riesgos políticos y geopolíticos: Colombia entra en un ciclo electoral en 2026 con elevada polarización. La implementación de reformas estructurales (pensiones, salud, descentralización) ya ha enfrentado obstáculos legislativos: la reforma de las pensiones aprobada fue devuelta por la Corte Constitucional, la reforma sanitaria sigue estancada en el Senado y la descentralización depende de una ley de competencias aún no presentada. Además, el giro geopolítico hacia China –con la adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y al banco de los BRICS– y el deterioro de las relaciones con EE. UU. (incluyendo amenazas de sanciones y aranceles) podrían afectar a la inversión extranjera directa y al comercio exterior.
• Riesgos externos: la economía colombiana es vulnerable a shocks externos, como una caída adicional en los precios del petróleo y el carbón, restricciones comerciales globales o una desaceleración en EE. UU., principal destino de sus exportaciones y origen de remesas. La transición energética también implica riesgos para los ingresos fiscales y la balanza comercial (hasta 2024 los ingresos petroleros representaban cerca del 10% del presupuesto).