¿Cuánto ha avanzado la UE con la Brújula de la Competitividad?

En 2024, los informes Letta y Draghi diagnosticaron las urgencias competitivas de la UE y propusieron reformas para reactivar el crecimiento económico a medio plazo.1 Sobre esta base, la Comisión Europea presentó, en 2025, la Brújula de la Competitividad: un itinerario para profundizar la integración económica, cerrar la brecha de innovación con EE. UU. y compatibilizar crecimiento y descarbonización.2 En 2026, en un entorno geopolítico más complejo, el balance es positivo en orientación y debate, pero limitado en avances, con decisiones clave aún pendientes y de futuro incierto. De cara a 2027, con escaso espacio fiscal, el final del NGEU y la negociación del próximo presupuesto, la prioridad es acelerar la agenda reformadora para afrontar los desafíos presentes y futuros.

Casi 500 días después de la presentación de la Brújula de la Competitividad, el balance es mixto y, por extensión, también lo es el avance de las recomendaciones del informe Draghi: hasta enero de este año, solo un 15% habrían sido plenamente implementadas y un 24% de forma parcial.3

Los progresos más visibles se concentran en tres frentes:
(i) instrumentos de financiación, como los préstamos SAFE vinculados a los nuevos compromisos de defensa;4 (ii) la continuidad de iniciativas ya desplegadas, como la Net-Zero Industry Act –pilar industrial del Green Deal–, los proyectos IPCEI en tecnologías limpias, los proyectos estratégicos de la Ley de Materias Primas Críticas y el desenganche de la energía rusa impulsado por REPowerEU; y (iii) ajustes para optimizar la regulación vigente, como los paquetes Ómnibus –de los que la Comisión ha adoptado 6 de los 10 previstos, incluidos el digital y el de sostenibilidad–5 y la creación del segmento small mid-caps para extender los beneficios administrativos más allá de las pymes.6 A ello se suman actuaciones en competencias estrictamente comunitarias, especialmente en política comercial y asociaciones estratégicas, como los acuerdos con MERCOSUR, Indonesia, India y Australia, pendientes de ratificación7 y orientados a diversificar las relaciones económicas de la UE.8

Además, la Comisión continúa desarrollando las recomendaciones de Letta y Draghi a través de estrategias y planes de acción en diferentes áreas, aunque su traducción en resultados dependerá de los colegisladores y de la implementación nacional. En el ámbito del mercado único, el marco One Europe, One Market busca reducir fricciones y reforzar la aplicación de las normas existentes.9 La hoja de ruta se centra en corregir las terrible ten –las 10 barreras que la Comisión identifica como más dañinas para el mercado interior– a través de medidas que van desde la simplificación normativa hasta la armonización regulatoria en servicios. En este enfoque se inscribe el EU Inc. (régimen 28), una propuesta de marco societario opcional con operativa corporativa plenamente digital –constitución en línea en 48 horas por menos de 100 euros–, procedimientos concursales adaptados a microempresas y start-ups, aplicación del principio once-only en la información societaria y mayor flexibilidad de capital para facilitar el escalado de empresas innovadoras.

En el ámbito financiero, la Unión del Ahorro y la Inversión (SIU) actúa como habilitador transversal. El despliegue es gradual: el primer paquete legislativo presentado por la Comisión se centra en el mercado de titulizaciones, con el objetivo de reactivar un segmento infrautilizado y liberar capacidad adicional de financiación. En paralelo, se ha avanzado en el diseño de productos de ahorro-inversión para aumentar la participación minorista en los mercados de capitales. Las iniciativas más delicadas –integración, escala de los mercados y supervisión– se dejan para fases posteriores y exigirán acuerdos políticos más amplios. Por su parte, el euro digital –clave para la autonomía y resiliencia financiera– avanza en su fase preparatoria liderado por el BCE, aunque su impacto y calendario siguen sujetos a decisiones legislativas pendientes.

En innovación y adopción tecnológica, la Comisión ha presentado el plan Continente de IA, que ordena la agenda europea de despliegue de esta tecnología. Este incluye la estrategia Apply AI, orientada a acelerar la adopción en sectores estratégicos mediante proyectos piloto, infraestructura dedicada –incluidas factorías y gigafactorías– y apoyo específico a pymes para reducir barreras de entrada. En capital humano, la Union of Skills complementa esta agenda con medidas para reforzar la formación en STEM y capacidades digitales, mejorar el reconocimiento de cualificaciones y facilitar la movilidad laboral, claves para aliviar cuellos de botella en sectores vinculados a la transición verde y digital.

Pese a la orientación estratégica correcta, siguen bloqueadas piezas críticas de la Brújula de la Competitividad para la integración del mercado único, con efectos relevantes en el crecimiento a medio plazo. Algunas requieren mayor coordinación –como la provisión de bienes públicos europeos (defensa, redes, interconexiones) o en el diseño de proyectos paneuropeos bajo el marco de ayudas de Estado–, pero otras exigen acuerdos, cuando no unanimidad, entre Estados miembros, en ámbitos donde los incentivos nacionales no siempre están alineados: armonización regulatoria en servicios, convergencia fiscal y laboral, revisión del marco de competencia y construcción de un mercado único de capitales genuino.

El FMI estima que las barreras internas en la UE equivalen a aranceles del 44% para bienes (frente al 15% en EE. UU.) y de hasta el 110% para servicios, lo que ilustra la magnitud del desafío.10 Avanzar en un mercado único de servicios va más allá de la simplificación administrativa y requiere armonizar aspectos sustantivos: licencias y requisitos profesionales, normativas sectoriales, reglas sobre uso y transferencia de datos, e incluso elementos de regulación económica que influyen en precios, márgenes y modelos de prestación. Muchas de estas competencias están ancladas en modelos nacionales consolidados y su modificación exige un elevado capital político. Algo similar ocurre con el EU Inc., cuyo impacto será limitado si no se avanza en una convergencia más amplia en fiscalidad, marco laboral y procedimientos de insolvencia.

De forma similar, la estrategia para la SIU aporta dirección, pero dista aún de constituir una auténtica unión de mercados de capitales como la que Letta y Draghi consideran imprescindible para ganar escala y eficiencia en la financiación hacia la actividad innovadora. Es necesario eliminar fricciones estructurales para que el capital circule libremente por Europa: unificar marcos de insolvencia y ejecución de deudas; simplificar trámites e impuestos transfronterizos que hoy disuaden la inversión a escala europea; integrar de forma efectiva los mercados bursátiles y de renta fija privada, incluidos sus sistemas de compensación y liquidación; avanzar hacia una supervisión convergente que evite una aplicación fragmentada del single rulebook; y completar la unión bancaria mediante un fondo paneuropeo de garantía de depósitos.

En el plano industrial, las dependencias estratégicas siguen siendo elevadas.11 La Comisión presentó en marzo la Industrial Accelerator Act, con medidas para generar demanda de productos y tecnologías europeas de baja huella de carbono (vía contratación pública y esquemas de apoyo) y acelerar permisos en sectores estratégicos. Estas herramientas solo serán eficaces si refuerzan el mercado único y si la reducción de dependencias se apoya en productividad, innovación y escala, y no en objetivos cuantitativos de sustitución de importaciones que encarezcan inputs y erosionen competitividad.12 En desarrollo y adopción tecnológica, el cuello de botella continúa en la cadena de valor, con dependencias aguas arriba (semiconductores y potencia de computación) y brechas en acceso a datos, financiación, capital humano y energía.

En descarbonización, persisten dos retos centrales: certidumbre regulatoria y reducción de costes energéticos. Más allá de redes, interconexiones y permisos, la agenda europea reconoce que el precio final de la electricidad depende de las reglas de mercado y de la estabilidad del marco. La reforma del diseño del mercado eléctrico de 2024 introdujo mejoras para reducir la exposición a la volatilidad del gas e incentivar contratos de largo plazo, aunque su impacto sobre los precios sigue siendo limitado. En paralelo, la revisión del ETS prevista para 2026 deberá equilibrar la estabilidad del precio del carbono y la señal de inversión sin erosionar su papel central en la transición.13 Sin avances creíbles en el coste de la energía, la brecha de precios frente a otras economías seguirá lastrando la competitividad industrial.

De cara a la segunda mitad de 2006 y 2007, existe una ventana de oportunidad, pero el margen es estrecho. El final del NGEU coincide con la negociación del presupuesto comunitario 2028-2034, mayores necesidades de inversión en defensa, energía y tecnologías críticas, y un contexto de envejecimiento demográfico y baja productividad.14 A ello se suma un entorno geopolítico más exigente –conflicto enquistado en Ucrania y reciente en Oriente Próximo, reconfiguración del comercio global y episodios de volatilidad energética– que eleva el valor de la resiliencia, pero también intensifica la competencia por unos recursos públicos limitados.15

En este contexto, la agenda competitiva solo ganará credibilidad si se traduce en decisiones ejecutables. Primero, hacer operativo el mercado único en los ámbitos de mayor potencial –servicios, datos, movilidad de empresas y talento– y priorizar la eliminación de las barreras más costosas para el escalado. Segundo, aterrizar la SIU en integración real y financiación de crecimiento, avanzando en insolvencia, fricciones fiscales y convergencia supervisora. Tercero, abaratar la energía de forma estructural para que la descarbonización refuerce también la competitividad industrial. Cuarto, acelerar en la carrera tecnológica, con la IA como eje, y apoyarse en alianzas estratégicas para asegurar insumos críticos y abrir nuevos espacios de cooperación económica.

La propuesta de un Fondo de Competitividad en el próximo marco presupuestario puede ayudar a ordenar instrumentos y concentrar recursos, pero no sustituye la necesidad de cerrar acuerdos políticos en integración y gobernanza. Si parte de la agenda avanza mediante coaliciones de países, la base debería ser lo bastante amplia para no erosionar el mercado interior ni dar lugar a una Europa a varias velocidades que socave la cohesión social y territorial.16 En definitiva, el paso decisivo en los próximos trimestres es que la implementación tome el relevo de las estrategias y los planes de acción.