Cambio climático y transición verde

El sector turístico español ha experimentado en los últimos años un desarrollo excepcional, hasta convertirse en una de las principales fuentes de actividad, renta y empleo para la economía española. Este fuerte desarrollo desencadenó, de forma paralela, la aparición de algunas conductas críticas y de rechazo social al papel del turismo en ciertos destinos y momentos del tiempo, hasta que, en 2020, la crisis del coronavirus paralizó la actividad del sector y puso sobre la mesa su relevancia en el sistema económico y social en muchos territorios españoles. En la actualidad, las políticas puestas en marcha por las autoridades europeas y por el propio Gobierno español apuntan claramente hacia una salida de la crisis bajo criterios de sostenibilidad y de resiliencia que, en el caso del sector turístico, adquiere una doble vertiente. Por un lado, la actividad turística es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, tales como el aumento en el nivel del mar, los fenómenos climáticos extremos, la degradación medioambiental o la pérdida de biodiversidad. Por el otro, existe un amplio margen de mejora para que el sector turístico sea más sostenible, al tratarse de una actividad que comporta elevados niveles de contaminación de la atmósfera y de fuerte presión sobre los recursos naturales.

A este respecto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define los principios de sostenibilidad en función de tres ámbitos: medioambiental, económico y sociocultural. El primero persigue dar un uso óptimo a los recursos naturales y medioambientales, así como a preservar la diversidad biológica. El aspecto económico corresponde al impacto de la actividad turística sobre la economía de la localidad receptora de turismo, de tal manera que se promuevan actividades viables a largo plazo, con oportunidades de empleo estable y la obtención de unos beneficios socioeconómicos bien repartidos. Por último, el ámbito sociocultural persigue conservar y fortalecer los activos culturales y arquitectónicos y los valores tradicionales del destino turístico.

Al tener en cuenta los tres aspectos que la OMT define sobre la sostenibilidad del sector turístico, tratamos de establecer un indicador relevante para cada uno de ellos con el fin de medir en qué punto se encuentra la sostenibilidad en el sector y cuáles deberían ser los pasos a seguir a partir de ahora. Cabe señalar que nuestro análisis se realiza con datos anteriores a 2020, ya que el efecto de la pandemia sobre estos indicadores distorsionaría el análisis que se pretende para este artículo.

En el ámbito medioambiental, se emplea la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia la atmósfera por parte de los sectores que aglutina la industria turística española.⁶ Para analizar el sector solo tenemos en cuenta la evolución de los tres gases que más expulsa a la atmósfera: dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO). La primera conclusión que se puede extraer es que la mayor parte de la emisión de GEI procede de los sectores del transporte (suponen en torno al 12% del PIB turístico), concretamente a la emisión de óxidos de nitrógeno, derivada de la combustión de los motores. Estos sectores se encuentran entre los más contaminantes del conjunto de las ramas de actividad. Además, sus niveles de contaminación han aumentado desde 2013 para el caso del transporte aéreo, mientras que, para el transporte terrestre han disminuido, pero se mantienen en niveles tremendamente elevados. Respecto a los servicios de alojamiento y restauración, y las actividades de agencias de viajes y turoperadores, el monóxido de carbono es el gas contaminante que más se expulsa a la atmósfera.⁷ Aunque los niveles de contaminación no son alarmantes, lejos de moderarse, mostraron un crecimiento del 78% en el caso del alojamiento y del 38% en el caso de agencias y turoperación entre 2013 y 2019.

Emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores turísticos

Los indicadores de valor económico consideran la contribución del turismo a la sostenibilidad económica de cada destino. Para medir este ámbito consideramos como variables el número medio de pernoctaciones al mes (volumen de actividad) y el gasto por turista (valor de esa actividad). El volumen y el valor del turismo son esenciales para la sostenibilidad económica de un destino: cuanto más elevado sea el gasto por día, más eficiente será el destino en la generación de valor turístico.

La relación entre el volumen (número de pernoctaciones) y el gasto por turista puede verse en el siguiente gráfico.⁸ Entre las provincias más turísticas (aquellas con más de 10 millones de pernoctaciones al año), el gasto medio se sitúa en torno a los 300 euros por turista. Entre ellas destaca negativamente el caso de Las Palmas: la segunda provincia con más pernoctaciones, pero con un gasto promedio modesto. Entre el resto de provincias, el gasto medio por turista se sitúa por debajo de los 175 euros. En este caso, destacan de forma muy positiva, entre otras, Girona, Alicante o Guipúzcoa, que se caracterizan por un volumen más modesto de estancias hoteleras pero que disfrutan de un gasto por turista muy elevado.

Indicadores económicos: gasto turístico vs. pernoctaciones

Eje Y: Gasto/turista; Eje X: Pernoctaciones (millones)

Como indicador básico para medir el impacto social y cultural de los diferentes destinos turísticos, medimos la congestión en las distintas provincias, ya que influye en la satisfacción de los residentes y es un indicador básico del impacto social del turismo en una comunidad. Para ello, utilizamos la variable del número de pernoctaciones en proporción a la población residente, cuyos resultados se pueden observar de forma resumida en el siguiente mapa. En términos generales, no se observa una presión turística relevante en la mayor parte del territorio.⁹ Sin embargo, son llamativos los casos de (i) las regiones insulares, destino eminentemente de playa y naturaleza, que reciben mucho turismo internacional;¹⁰ (ii) ciertas zonas cercanas a la frontera con Francia, con un modelo turístico de playa y montaña (Huesca, Tarragona y Girona) que tienen una población local reducida y que reciben la visita de países vecinos, así como (iii) ciertas localidades de Andalucía, que reciben tanto turismo nacional como internacional (Málaga, Huelva y Almería). Evidentemente, la congestión de los destinos más turísticos no ha hecho más que empeorar en los últimos años, teniendo en cuenta que la población ha crecido, por término medio, mucho menos que la llegada de turistas.¹¹

Pernoctaciones en proporción a la población residente

A la luz de los indicadores disponibles, parece claro que existe margen de mejora en los próximos años. En el ámbito medioambiental, los niveles de contaminación incluso han aumentado en los últimos años, y las líneas de mejora van desde la promoción de construcciones más eficientes y con mayor calidad energética, pasando por sistemas de acondicionamiento más modernos, hasta la promoción de medios de movilidad más sostenibles, entre otros aspectos. En términos económicos, no cabe duda de la importancia del sector para el conjunto de la economía española, si bien habrá que vigilar aquellos destinos especialmente demandados, con elevados niveles de congestión, donde la aportación económica del sector es modesta. Por último, en términos socioculturales, existen algunas regiones con una sobredemanda turística creciente que provoca malestar en determinadas poblaciones residentes, ya que causa problemas de congestión en localidades pequeñas, con servicios públicos limitados y que no siempre están preparadas para absorber esa ingente demanda estacional.

A partir de aquí, la agenda hacia la sostenibilidad en el sector pasa por retomar iniciativas anteriores a la COVID-19 y que permitan, ahora, aprovechar los fondos procedentes de Europa.¹² En concreto, el sector turístico español aparece en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno a través de la política de «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la Pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora», donde el componente 14 traza un Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico. Dentro de este último, el eje que más inversión recibirá es la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, que cuenta con un presupuesto estimado de unos 1.900 millones de euros para los próximos tres años.¹³

Entre los objetivos de estas iniciativas no solo se encuentra que los destinos españoles sean capaces de integrar en su oferta criterios de sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, sino también desarrollar estrategias de resiliencia frente a los retos actuales (cambio climático, sobredemanda turística, crisis sanitarias y de seguridad) y alcanzar una mayor cohesión territorial. Es decir, promover un mejor reparto de las cargas sobre el territorio y consolidar una gestión territorial integral que ayude a frenar los procesos de despoblación. El objetivo final no es otro que tratar de mejorar la competitividad del sector turístico español a través de un nuevo modelo que sea más sostenible, de más calidad y, por tanto, de mayor valor añadido.

La agricultura en España, que tradicionalmente se ha beneficiado de una situación geográfica y una climatología privilegiadas, es especialmente vulnerable al cambio climático. El aumento de la erosión de los suelos, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales, junto con el incremento de plagas y enfermedades, son algunos de sus efectos directos. A su vez, la actividad del sector primario también contribuye al cambio climático: la especialización y la intensificación de los cultivos, el uso de insumos químicos y la industrialización de la producción ganadera tienen efectos negativos en el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y la conservación de los hábitats.

Los países de la UE son cada vez más conscientes de que no solo es preciso mitigar el cambio climático, sino también adaptarse a él. Así, ante la creciente preocupación por el medio ambiente, el sector agroalimentario debe avanzar en la transición de un sistema emisor de gases de efecto invernadero (GEI) y altamente demandante y contaminante de recursos naturales, hacia un nuevo modelo, cada vez más extendido, que proporciona alimentos sanos y nutritivos de manera sostenible, protegiendo los recursos naturales de los que la propia actividad agraria depende.

Además de mejorar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y su distribución posterior, otra importante palanca de cambio es fomentar pautas de consumo más saludables y más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, una dieta con un mayor peso de los vegetales, los alimentos orgánicos, de temporada y proximidad. Asimismo, la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, y el fomento de la economía circular, también son elementos claves para avanzar hacia un sistema alimentario sostenible, tal y como recoge la estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión Europea.

Estrategia “De la Granja a la Mesa” (Farm to Fork)

Para apoyar la transición hacia un sistema alimentario sostenible, la UE está desplegando un amplio abanico de herramientas para dotar a los agentes del sector de mecanismos e incentivos que apoyen dicha transición y, a su vez, ayuden a la consecución de los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. En este contexto, la reforma de la política agrícola común (PAC), que entrará en vigor en enero de 2023, incluye como principal novedad la redacción de Planes Estratégicos nacionales para establecer prioridades en materia de ayudas e incentivos a los diversos subsectores productivos.⁶La medida estrella son los ecoesquemas, de adhesión voluntaria y que premiarán las prácticas sostenibles. El Ministerio de Agricultura ha propuesto dos ecoesquemas, con una dotación de 1.107,49 millones de euros, y que agrupan las prácticas sostenibles en dos ejes: la agroecología y la agricultura de carbono. En el primer grupo se encuentran encuadradas actividades como el manejo de pastos mediante siega sostenible, la rotación de cultivos o el mantenimiento de superficies no productivas y otros elementos relacionados con la biodiversidad. En el segundo grupo se incluyen el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y el mantenimiento de cubiertas vegetales vivas o inertes. 

Además de la PAC, los fondos europeos NGEU también contribuirán a la financiacion de la transicion verde y digital del sector primario. En particular, el componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dedicado a la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, contempla una inversión de 1.502,8 millones de euros. El plan se basa en cuatro pilares fundamentales: (i) la mejora de la eficiencia en regadíos, (ii) el impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, (iii) una estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural, y (iv) la modernización del sector pesquero, a través del impulso de la sostenibilidad, la investigación, la innovación y la digitalización.

La Comisión Europea ha analizado la situación de los distintos Estados miembros en relación con su contribución a cada uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo. La tabla de la siguiente página recoge estos objetivos y los valores de referencia de estos indicadores para los principales países.⁷ 

Para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, el primer hito se ha marcado para 2030: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% respecto al nivel de 1990. Si bien desde 1990 las emisiones de GEI de la agricultura de la UE se han reducido un significativo 20%, desde 2005 no se ha avanzado en su disminución. En España, el comportamiento ha sido el inverso: desde 1990 las emisiones han aumentado (6,5%), y a partir de 2005 se ha producido una modesta reducción (–3,7%).

A pesar de esta evolución, es importante destacar que, en términos relativos, el sector es responsable de un 12,0% del total de emisiones de GEI de la economía frente al 12,7% del promedio de la UE.  Además, si tenemos en cuenta que el sector primario aporta el 2,9% del PIB frente al 1,6% de la UE, obtenemos que las emisiones de GEI del sector agroalimentario español por cada unidad de VAB son significativamente inferiores a las de la media europea (1,2 kg/€ frente 1,7 kg/€ en la UE).⁸ De forma similar, las emisiones de la agricultura por unidad de tierra agrícola (toneladas equivalentes de CO₂ por hectárea) son inferiores en España (1,6 frente a 2,5 en la UE).

El segundo hito de la UE se recoge en la estrategia «De la Granja a la Mesa», que establece un objetivo de reducción del uso y el riesgo de los plaguicidas químicos en un 50% de aquí a 2030. En los últimos años, España ha reducido significativamente el uso de este tipo de químicos y el reto es seguir avanzando en esta dirección. Por otra parte, el objetivo en materia de resistencia a los antimicrobianos consiste en la reducción del 50% de la venta general de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura de aquí a 2030, comparado con el valor de referencia de la UE en 2018. En este aspecto, España se encuentra rezagada respecto al promedio de la UE. 

En cambio, España destaca en positivo tanto en la proporción de superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica, un aspecto que tratamos con más detalle en la siguiente sección, como en la proporción de superficie agraria ocupada por elementos paisajísticos de gran diversidad. En este caso, España, con un 13,2% de la superficie, ya supera el objetivo fijado del 10%.⁹

Objetivos del Pacto Verde Europeo y valores de referencia

La contaminación por nitratos procedentes de la agricultura sigue siendo una de las mayores presiones sobre el medio acuático. En este sentido, la UE se ha marcado un objetivo de reducción del 50% de las pérdidas de nutrientes para 2030 con el fin de garantizar que no se deteriore la fertilidad del suelo, un ámbito en el que España tiene mucho recorrido de mejora. Asimismo, un número cada vez mayor de países de la UE se ven afectados por la escasez de agua, a menudo provocada por una excesiva captación de agua para la agricultura y la ganadería. El cambio climático agravará todavía más el problema de la disponibilidad de agua en muchas regiones, entre ellas España. 

Finalmente, la nueva PAC establece la digitalización como una prioridad transversal, al concebir que la transición hacia un sistema alimentario sostenible se debe apoyar en el conocimiento, la innovación y la digitalización. En este sentido, un elemento clave para el desarrollo de los territorios rurales y para luchar contra la despoblación rural es la disponibilidad de una conexión a internet rápida y fiable en estas zonas. Si bien se ha producido un notable incremento en la proporción de hogares en zonas rurales con acceso de banda ancha de nueva generación, todavía se observa una importante brecha respecto a las zonas urbanas. La meta es dar cobertura al 100% de la población en 2025.¹⁰

La transición verde y digital de la agricultura europea también está generando nuevas oportunidades de negocio que el sector debe aprovechar, por ejemplo, mediante un mejor ajuste entre la producción y la evolución de los gustos del consumidor. La sostenibilidad será una ventaja competitiva para empresas y explotaciones que alcancen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social: quienes no cumplan con los estándares medioambientales serán penalizados por unos consumidores cada vez más exigentes y concienciados con el medio ambiente y que se identifican con las marcas y productos más sostenibles.

La apuesta por esquemas de producción más sostenibles, como la agricultura ecológica,¹¹  es imparable. España, con más de 2,44 millones de hectáreas destinadas a estos cultivos en 2020, es el primer país de la UE y el tercero del mundo, tras Australia y Argentina. En términos de la proporción de la superficie agraria útil (SAU) estamos por encima de la media de la UE, tal y como se ha señalado en la sección anterior, pero muy por debajo de países punteros, como Austria, Estonia y Suecia, que superan el 20%. Para alcanzar el objetivo del 25% marcado en el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica harían falta cuatro millones de hectáreas adicionales.

Respecto a los operadores ecológicos,¹² casi 9 de cada 10 de un total de 50.047 en 2020 son productores primarios y el resto, establecimientos industriales y comercializadores. Sin embargo, el número de operadores está creciendo con mucha mayor intensidad (más del doble) en las fases posteriores de la cadena alimentaria.

Por regiones, destaca Andalucía, tanto en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con más del 45% del total, como en explotaciones ganaderas ecológicas, con cerca del 60%. Por tipos de cultivo, sobresalen los cereales para la producción de grano (43% del total) y, por tipo de ganado, los bóvidos (48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentario español es el primer productor mundial ecológico de aceite de oliva y vino y el segundo de cítricos y legumbres.

Uno de los retos a los que se enfrenta la producción ecológica en nuestro país es el bajo consumo interno: el consumo per cápita de estos productos en 2019 se situó en 50,2 euros, muy lejos del de países como Dinamarca o Suiza, que superan los 300. Así pues, la mayor parte de la producción, en torno al 60%, se exporta.¹³ El cambio de hábitos que ha introducido la pandemia ha favorecido un consumo más saludable, sostenible y de cercanía, por lo que la tendencia del consumo interno de este tipo de productos es claramente al alza.